Revocada la condena que impulsó la llegada del tercer alcalde de Santiago en tres años

Los concejales inhabilitados y ahora absueltos, en el juicio EFE

Buena racha judicial para los antiguos miembros del gobierno del Ayuntamiento de Santiago formado en 2011 por Gerardo Conde Roa. Veinticuatro horas después de que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia impulsara el fin de la investigación a la diputada y ex concejal Paula Prado por, entre otros hechos, el presunto “hinchado” de una factura en beneficio de un empresario también imputado en el caso Pokémon, la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Compostela, ha dictado la sentencia por la que revoca la condena a nueve años de inhabilitación por prevaricación impuesta a siete ediles del gobierno local, la mitad más uno de sus miembros, por aprobar el pago de la defensa jurídica de otro edil, imputado en la Pokémon, sin respetar los requisitos legales. Aquel fallo fue el detonante para la descomposición definitiva del gobierno y la llegada al ayuntamiento del actual alcalde, Agustín Hernández.

El gobierno local de Santiago, inhabilitado

El gobierno local de Santiago, inhabilitado

Los hechos se remonta al 30 de mayo de 2013 cuando, en una Junta de Gobierno local en la que no participó quien entonces era regidor, Ángel Currás, los siete ediles ahora absueltos aprobaron que el Ayuntamiento asumiera los gastos del abogado del concejal de Deportes, Adrián Varela, investigado en la Pokémon por presuntos delitos de tráfico de influencias, soborno y falsedad documental. “La referida imputación -admite el ponente de esta sentencia, Ángel Pantín Reigada- tuvo una trascendencia social notoria” y “era conocida por los acusados”.

Sobre la mesa de la Xunta de Gobierno estaba la solicitud redactada por Varela, en la que pedía que se le pagara el abogado al estar citado, decía, “por acciones desarrolladas en el desempeño de su cargo”. Su petición no era de una asistencia jurídica genérica, sino que se le sufragaran los honorarios del abogado que él mismo había designado, el ex decano de los jueces de Santiago Javier Míguez Poza. Sólo renunció al pago cuando este salió a la luz a través de una noticia en el diario El País.

Los concejales, defendidos en este proceso por quien también fue abogado defensor del considerado número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, disponían de un informe al respecto elaborado por el secretario municipal. El informe, redactado con posterioridad a la propia solicitud de Adrián Varela, indicaba que sería legal que el consistorio asumiera el gasto si este no iba contra el interés general de la institución o si el edil era exculpado. Así fue como los ediles aprobaron “asumir los gastos de representación y defensa procesal del concejal delegado de Deportes en los términos que figuran en la propuesta” que el propio Varela había planteado.

A pesar de considerar que la acusación de la Fiscalía en la que se basó la condena inicial “contaba con base suficiente” la Audiencia considera que “no puede” considerarse “probado” que “los acusados conscientemente pretendieran alejarse en su decisión de las conclusiones del informe jurídico. El juez admite que es ”indiscutible“ que el acuerdo tomado ”no incorpora expresamente“ los requisitos que habría que cumplir para efectuar el pago, pero entiende que se remite a ellos. ”El tenor literal del acuerdo podrá ser, y probablemente es (...), técnicamente deficiente o contradictorio con la precisión exigible para el reconocimiento de deberes a cargo de fondos públicos“, dice el ponente, pero cree que el acuerdo fuese ”clamorosamente ilegal“. Para tomar esta decisión, dice la sentencia, resulta ”determinante la declaración del secretario del Ayuntamiento“, nombrado tras la llegada de Conde Roa al poder y cuya designación fue, precisamente, anulada la pasada semana por el TSXG.

Tras la condena a inhabilitación ahora revocada, que tuvo que ser aplicada inmediatamente en virtud de la ley de partidos, el Ayuntamiento compostelano quedó sumido en una crisis institucional sin precedentes. La obligada marcha de los condenados sumada a la dimisión días atrás de Adrián Varela y también a la de otra concejala imputada en la Pokémon dejó al equipo de gobierno solo con el 30% de sus miembros. Este fue el escenario en el que Alberto Núñez Feijóo provocó la dimisión del segundo alcalde del mandato, Ángel Currás, investigado como sus compañeros en el caso Pokémon, para colocar en su lugar al hasta ese momento conselleiro de Infraestructuras, Agustín Hernández, que en las elecciones de 2011 había ocupado simbólicamente el último puesto de la lista de Conde Roa.

El PP sugiere que la condena tuvo intenciones políticas

Lejos de limitarse a la habitual declaración de respeto a las decisiones judiciales el PP gallego ha acogido la sentencia de la Audiencia coruñesa y la decisión del TSXG sobre Paula Prado con una mezcla de entusiasmo y dureza. En un airado comunicado remitido a la prensa el portavoz de los conservadores, Miguel Tellado, no solo celebra los fallos sino que, en el caso de los concejales antes inhabilitados y ahora absueltos, sugiere que la sentencia en primera instancia pudo tener intencionalidad política.

“Los ediles compostelanos -dice el comunicado- fueron declarados culpables” en un juicio “que generó muchas dudas” y que “fue resuelto en vísperas de unas elecciones”, toda vez que “declararon antes del inicio de la campaña de las europeas y fueron condenados pocos días después”. “La Audiencia provincial -afirma- acaba de confirmar que las dudas denunciadas por el PPdeG en ese proceso eran más que justificadas” al “acreditar la inocencia de los concejales”.

Ahora, sentencia, es necesario “preguntarse quién repara la honorabilidad de estas personas”. “Quienes quisieron utilizar los juzgados para hostigar a determinados cargos del PPdeG [en ambos casos la acusación fue ejercida por la Fiscalía] deberían disculparse y asumir su indignidad”, concluye.

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