La Xunta no acata la sentencia judicial que permite emitir a una radio comunitaria de A Coruña
El pasado 29 de octubre una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) anuló una resolución en la que la Xunta prohibía emitir en FM a la emisora comunitaria de A Coruña, Cuac FM. El fallo del Tribunal Superior, que estimaba el recurso presentado por la Asociación Colectivo de Universitarios Activos (Cuac), era rotundo y subrayaba que la falta del necesario desarrollo normativo por parte del Gobierno gallego había impedido a Cuac FM contar con una licencia de emisión, un permiso que la radio no podía obtener “dada la inactividad de la Administración”.
La sentencia, dictada unanimemente por cuatro magistrados, señalaba además que la Secretaría General de Medios había infringido “los derechos fundamentales de la persona” al vulnerar el artículo 20 de la Constitución, que reconoce el derecho de la ciudadanía a la libertad de expresión. Lo mismo que había apuntado la Fiscalía en un informe previo.
Sin embargo, la Xunta ha decidido recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia del alto tribunal gallego, un recurso de casación que le fue comunicado a Cuac FM en los últimos días y que aún debe ser aceptado por el Supremo. La emisora acaba de hacer pública una nota de prensa en la que muestra su “preocupación” ante un recurso de casación “en el que se intenta restringir, limitar y poner en tela de juicio un derecho fundamental”.
En su comunicado, Cuac FM destaca que “no comprende las motivaciones para que una administración emplee recursos públicos para anular una sentencia expansiva de los derechos fundamentales de la ciudadanía”. La emisora señala que la acción del Gobierno gallego “es de todo irracional”, en cuanto la propia Xunta reconoció por escrito en su día que CUAC “lleva más de 20 años emitiendo en la frecuencia modulada de buena fe, sin ánimo de ocultación, y sin recibir advertencia alguna por parte de la Administración, que no existen terceros perjudicados y que carece de ánimo de lucro”.
“Tampoco comprendemos qué beneficios para la ciudadanía gallega y coruñesa se derivarían de la desaparición de Cuac FM del dial, que es el único efecto que este recurso ante el Tribunal Supremo podría llegar a conseguir”, dicen. Y acusan el Gobierno gallego de “perseguir” no sólo a Cuac sino al conjunto de los medios comunitarios, reconocidos internacionalmente “como una herramienta útil contra los discursos del odio, la postverdad y las fake news, favorecedora del diálogo intercultural e intergeneracional, y propiciadora de comunidades más armónicas y diversas”. “Se está atacando toda una escala de valores y libertades, recogidas en las declaraciones internacionales de derechos humanos y también en la Constitución Española”, concluyen.
De momento, a la espera de las decisiones que adopte el Supremo, Cuac seguirá emitiendo en FM, de acuerdo con la Garantía temporal de emisión que la sentencia del TSXG le reconoció, vigente mientras la administración competente “no se pronuncie de forma motivada y clara sobre la falta de la referida garantía temporal”. Y subraya que “Cuac FM no va retroceder” y que “en estos tiempos en los que soplan vientos de involución predemocrática” apuesta por “mantener nuestra posición, garantizando el derecho a comunicar de todas las coruñesas y coruñeses a través de la frecuencia modulada”.
Los derechos de las emisoras comunitarias
Cuac FM lleva 22 años emitiendo en A Coruña de forma ininterrumpida, un tiempo por el que cientos de personas han realizado programas y colaborado en sus actividades. Es, por lo tanto, una de las radios comunitarias más consolidadas en España, a pesar de los muchos obstáculos que estas entidades han tenido que superar, comenzando por la falta de desarrollo de la Ley 7/2010 General de Comunicación Audiovisual.
La propia sentencia del TSXG recurrida ahora por el Gobierno gallego recuerda que el artículo 32 y la Disposición Transitoria 14ª de esa norma prevén la concesión de licencias de emisión a las radios comunitarias existentes en ese momento, algo que las administraciones competentes -en este caso la Xunta- deberían haber hecho en los últimos ocho años. La normativa audiovisual prevé un período en que los operadores podrán seguir emitiendo hasta que sean regulados por el Estado
El propio Congreso de los Diputados aprobó en el año 2016 una PNL que instaba al Gobierno central a desarrollar esos artículos de la Ley 7/2010. Y, curiosamente, durante los debates de la nueva Ley Audiovisual Andaluza, que tuvieron lugar el pasado año, el Partido Popular apoyó decididamente las propuestas y alegaciones del movimiento andaluz de medios comunitarios. Algo que Cuac FM recuerda en su comunicado, ante las nuevas dificultade impuestas por los populares en Galicia.
