El Gobierno cifra en 406 plazas la capacidad de acogida de menores migrantes en Balears y el PP cuestiona su “base científica”

El Gobierno central ha cifrado en 406 plazas la capacidad ordinaria de acogida de Balears para niños y adolescentes migrantes no acompañados (una ratio de 32,6 por cada 100.000 habitantes para el conjunto de España). El Govern de Marga Prohens (PP), sin embargo, ha cuestionado la fórmula escogida por el Ejecutivo para fijar, a través de un real decreto, los números correspondientes a cada comunidad autónoma.

“¿Por qué esta fórmula y no otra? ¿En base a qué? ¿Tiene base científica o reconocida dentro de Europa? No lo sabemos. Reiteramos la queja de falta de información en todos los procesos que lleva a cabo en este ámbito el Estado desde todos los ministerios competentes”, ha aseverado la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas.

La también vicepresidenta segunda del Govern, en declaraciones a los medios de comunicación realizadas la tarde de este martes, ha anunciado que el Consell de Govern autorizará el viernes a la Abogacía de la Comunidad Autónoma a presentar el que será el segundo recurso judicial de Balears contra el reparto de menores migrantes procedentes de Canarias.

Después de que el pasado marzo se recurriera ante el Tribunal Constitucional la modificación de la ley de extranjería que permite las derivaciones, ahora será el turno del real decreto aprobado el pasado 22 de julio y que da inicio al procedimiento del propio reparto. Estarellas también ha reiterado la intención del Govern de recurrir el real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros, aunque ha emplazado a conocer los detalles del mismo para dar detalles acerca del mismo.

“Tenemos que ver realmente cómo se ha regulado, lo único que tenemos es una nota de prensa. Hay que ver si esto es objeto de recursos y si se hace una resolución o una orden ministerial, o como se haga, sobre el reparto. Ese sería el momento en el que presentaríamos los recursos”, ha señalado.

En cualquier caso, como ya ha matizado el Ejecutivo autonómico en varias ocasiones, la intención de estos recurso es que el Tribunal Supremo suspenda de forma cautelar la llegada de los 49 menores migrantes que previsiblemente tendrá que acoger Baleares, pero no el reparto a otras regiones del país.

Estudio de medidas si el recurso no prospera

Por su parte, el director general de Inmigración y Cooperación al desarrollo, Manuel Pavón, se ha cuestionado esta mañana “qué sentido tiene que Balears acoja a menores migrantes si quizás en unos meses podría tener que repartir” y ha añadido que la Conselleria competente está analizando la situación para ver qué medidas tomar en caso de que no llegara a tiempo la suspensión cautelar del reparto que el Ejecutivo de Prohens prevé reclamar al Tribunal Supremo (TS).

Con todo, el Consell de Mallorca y el Govern están estudiando la posibilidad de habilitar un espacio de primera acogida de emergencia de menores migrantes en el antiguo cuartel de Son Tous de Palma, aunque separado físicamente del actual Centro de Atención Temporal de Migrantes (CATE).

En principio, el archipiélago deberá acoger a 49 niños y adolescentes huidos de la guerra o la persecución de sus países sin la compañía de un adulto. Prohens anunció la semana pasada que recurrirá ante el TS el decreto que da inicio al procedimiento de reparto y que seguirá así su curso con la resistencia de los distintos gobiernos autonómicos del PP.

El presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Guillermo Sánchez, ha subrayado que la isla “no está preparada” para poder acoger a los 49 menores por la falta de espacios y de personal para atenderles. El servicio de protección de menores del IMAS, ha detallado, cuenta con 40 plazas específicas para la atención de los menores extranjeros y actualmente tutela a 460, por lo que multiplica por diez su capacidad.

El Govern insiste en la situación de “colapso” de Balears

Por su parte, Pavón ha insistido en que la intención del Ejecutivo autonómico es frenar la llegada de los menores a Balears, no el reparto completo al resto de regiones, aunque ha avanzado que el Govern, y en concreto la Conselleria con competencias en la materia, la de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, estudia la materia por si la suspensión no llegase a tiempo.

Fuentes del Ejecutivo autonómico insisten en que por la capacidad de acogida no se contempla otro escenario que la cautelar y que el reparto al archipiélago no se llegue a producir. Las mismas fuentes recalcan que se estudian a este fin todas las vías legales posibles.

El director general ha reiterado la situación de “colapso y saturación” que sufre Balears en relación a la acogida de menores y ha calificado como una “indignidad” tener que recibir en estas condiciones a los niños. “Es por ellos mismos, porque van a estar en una situación que no se merecen”, ha afirmado. Pavón se ha referido igualmente a la falta de información por parte del Gobierno central o la Delegación del Gobierno en el archipiélago.

En relación a las manifestaciones del presidente canario, Fernando Clavijo, quien señaló este lunes que “ni por asomo es comparable la situación de Balears” en materia migratoria con la de Canarias, Pavón ha admitido que a día de hoy el escenario en el archipiélago canario es peor. “De momento es peor que la nuestra, pero las estadísticas y los datos hablan por sí solos. Balears en breve, lo ha dicho incluso el delegado del Gobierno a lo mejor tiene que repartir”, ha aseverado.

El Gobierno, a Balears: “Las leyes han de cumplirse”

Sobre la posición de Balears, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, manifestó el pasado viernes que la comunidad autónoma debe cumplir la ley, que, aseveró, establece la “solidaridad” entre territorios para repartir a los menores migrantes no acompañados a través de “criterios objetivos”. “Y es una ley que está en vigor y, por tanto, las leyes han de cumplirse”, espetó.

Asimismo, expuso que las leyes “solo se pueden suspender si hay una decisión judicial que así lo determina”, que hasta la fecha “no se ha producido”. “Y que espero que no se produzca”, indicó.

“Hay una ley que está en vigor que lo que establece es un sistema de solidaridad, de reparto de menores migrantes en nuestro país. Un sistema de solidaridad que nosotros como país, como España, pedimos a Europa y del que nos hacemos cargo cuando no afecta directamente a nuestro país, como fue el caso de los refugiados ucranianos cuando se inició la guerra por la agresión de Rusia, que básicamente entraron por la frontera polaca”, sentenció.