PP y Vox rechazan limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros en Balears y Canarias

PP y Vox han rechazado una iniciativa impulsada por Asociación Socialista Gomera y el senador por Pitiüses, Juanjo Ferrer, para establecer un marco normativo que limite y regule la compra de inmuebles por parte de ciudadanos no residentes en Balears y Canarias, una propuesta que desde hace varios años han puesto sobre la mesa partidos de izquierdas y entidades sociales con el objetivo de combatir la compra masiva de viviendas por parte de extranjeros de elevado poder adquisitivo, garantizar por ley un parque de vivienda para los residentes dada la escasez de territorio y frenar con ello el incremento desbocado de los precios.

La iniciativa, no vinculante, ha sido debatida en la Comisión Mixta (Congreso y Senado) de Insularidad a propuesta de dos senadores del Grupo Izquierda Confederal y ha contado con el respaldo de PSOE y Coalición Canaria, aunque sus votos no han sido suficientes para que saliera adelante. Ambos senadores también proponían medidas complementarias para fomentar la vivienda asequible, la rehabilitación del parque inmobiliario y la prioridad de acceso para residentes en ambos archipiélagos.

En el caso concreto de Canarias, buscaban que las instituciones europeas den su autorización expresa a las limitaciones a la compra de viviendas a extranjeros “dada su condición de Región Ultraperiférica y la amenaza que supone la presión inmobiliaria extranjera para su equilibrio social, económico y medioambiental”. En relación con Balears, planteaban la posibilidad de negociar con la Unión Europea la extensión de dicha limitación, “por la afinidad entre su realidad y la que vive una región ultraperiférica como Canarias”.

En los últimos años, la controversia acerca de los efectos de la compra a golpe de talonario de viviendas por parte de clientes internacionales de elevado poder adquisitivo –muchas de ellas para destinarlas al alquiler turístico– ha centrado gran parte del debate sobre la gentrificación en Balears, que ve cómo la población local acaba expulsada de los barrios, incapaz de hacer frente a los desorbitados precios que sí pueden pagar los extranjeros con mayor capacidad financiera. Se trata, de hecho, de la autonomía con mayor peso de compra por parte de foráneos, que en 2021 coparon el 38,95% del total de operaciones inmobiliarias, de acuerdo a los datos de la Estadística Registral Inmobiliaria. Se interesan, sobre todo, por viviendas unifamiliares en primera línea cuyos precios superan con holgura el millón de euros.

En el texto de la iniciativa, los senadores de Izquierda Confederal criticaban que la adquisición masiva de casas por parte de ciudadanos no residentes “está generando en los archipiélagos de Balears y Canarias una presión sin precedentes sobre el mercado de la vivienda, sobre todo en las zonas de mayor incidencia de la actividad turística”.

“Esta situación está provocando una profunda distorsión en los precios, expulsando progresivamente a la población local del acceso a una vivienda digna, al tiempo que erosiona el tejido social, económico y cultural de las Islas”, se quejaban en la propuesta.

Durante el debate de la iniciativa, el senador de Coalición Canaria Pedro Manuel Sanginés ha mostrado su apoyo a esta reivindicación, aunque ha reconocido que se trata de un tema “realmente complejo” por la libre circulación de capitales y de personal, informa Europa Press. Desde el PSOE, la diputada Dolores Corujo ha reivindicado la acción del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de vivienda, poniendo de ejemplo la eliminación de las 'Golden visa', así como la aprobación de la Ley de vivienda.

En contra se ha situado el diputado balear de Vox Jorge Campos, que ha acusado al grupo de Izquierda Confederal de evitar la palabra “extranjero” en su propuesta para eludir que los tachen “de xenofobia”. “Pero prohibir o limitar la compra de viviendas a ciudadanos extranjeros no residentes o ciudadanos comunitarios es pura xenofobia”, ha añadido.

Mientras, el PP ha señalado que el “problema” de la vivienda “no viene de fuera”, echando la culpa al Gobierno central por generar, a su juicio, “la inseguridad jurídica, más burocracia, subida de impuestos, eliminación de la deducción por el alquiler y dando total impunidad a los okupas”.