Corrupciones 'pequeñitas'

España, año del señor de 2014. Estamos ya acostumbrados a una presencia semanal si no diaria de noticias de corrupción política y empresarial, o sea pública y privada en los medios.

Pero es el tipo de corrupción que comprendemos: los típicos “cohecho”, “falsedad”, “robo”... Concejales detenidos, empresarios listos. Creo que más o menos tenemos ya claro cómo es este tipo de corrupción. Su forma más habitual sería: “Tú tienes un cargo público. Tienes poder, acceso a decisiones. Me favoreces y yo te doy pastuqui”.

Pero hay más tipos de corrupción por ahí. Tiene que haberlos. Pienso mucho en ello. Otra cuestión que recurrentemente me pregunto es: ¿qué porcentaje de la corrupción existente es aquel que se descubre y acaba judicializado? Tenemos índices sobre la percepción de la corrupción, el teórico coste que conlleva, rankings de países y demás, pero insisto: ¿a cuántos pillamos?, ¿al 10%, al 5%, al 3%, al 0,0005% de los corruptos? ¿Cuántos Jaume Matas, Urdangarines, Arturos Fernández, Jenaros GOWEX o listillos de los cursos de formación o los ERE estarán ahora mismo en nuestras oficinas públicas y empresas privadas riéndose y robándonos? Me encantaría saber algo sobre esto. Si algún lector tiene alguna idea sobre algún estudio o método de cuantificar esto le ruego lo indique en los comentarios de este post. Gracias.

Pero no es de éste que ya nos imaginamos del tipo de corrupción que quiero escribir hoy sino de otras cuestiones que no se perciben como tal y que, tal vez algunas no lo sean, pero que sin duda ayudan y forman parte de la situacion en la que nos encontramos actualmente: grandes sectores públicos y privados totalmente copados por la corrupción. Os pongo algunos ejemplos:

Las distintas velocidades en trámites administrativos de importancia.

El último ejemplo de esto ha sido la ya inevitable entrada en la cárcel del otrora ejemplar y Molt Honorable expresidente de la comunidad Autónoma balear Sr. D. Jaume Matas, condenado en firme por corrupción y con veintitantas causas pendientes. Tras decenas de trámites en los que Matas pasa [inserte aquí número aleatorio de semanas en libertad] llega la petición de indulto, y pasan [inserte aquí número aleatorio de semanas en libertad], después la petición de suspensión de entrada en la cárcel mientras se estudia el indulto y otras [inserte aquí número aleatorio de semanas en libertad], luego las declaraciones públicas del Ministro de Justicia diciendo que nunca concedería el indulto a un político condenado por corrupción con lo que: confirmado, Matas va a la cárcel tras la indecente cantidad de [inserte aquí número aleatorio de MESES en libertad].

Tras las declaraciones del Ministro y [inserte aquí número aleatorio de meses en libertad], finalmente llega la denegación del indulto por el parte del Consejo de Ministros y... ¡YA! ¡Por fin! Un señor condenado en firme con su indulto denegado que tiene que entrar en prisión. Bueno, no exactamente. De repente nos encontramos con que, bueno, no sé quién tiene que oficiar a la Audiencia de Palma la resolución por correo ordinario y ésta tiene que comunicarlo al juzgado de residencia del Sr Matas -que es Madrid-, y agosto no es un mes hábil y que, claro, que tal vez esto se traslade a septieeeeembre... o sea que: el señor Matas parece que podría pasar el mes de agosto tumbado al sol en su terraza jugando con su escobilla de baño de 319 euros (+IVA). Al final parece que se ha creado cierta alarma social y alguien ha decidido mandar un fax, MANDAR UN FAX, que lo ha acelerado todo. Ya hay una orden de entrada en prisión. De momento el señor Matas sigue en libertad. Veremos.

Este caso ha coincidido en el tiempo con el de Carlos Cano, un joven ciudadano cuya mera presencia en un piquete y su posterior condena judicial (con petición de indulto y de suspensión de entrada en prisión, al igual que el Sr. Matas, por cierto) no ha impedido que entre en la cárcel con plazos y efectividad germana. Qué bien funcionan las cosas, oye... A veces. Y por lo visto se puede mandar un fax. A veces.

Pues, amigos, para mí, esto es corrupción.

[Y he de decir aquí que no tengo ni idea de cuál es “la correcta velocidad de la Justicia”, por llamarlo así. Lo que creo que sí que queda claro es que hay “varias velocidades”, según tus delitos o tal vez según tus amigos. Y eso, claro, no puede ser. Eso es corrupción].

Pero, ¡eh!, nada más lejos de mi intención de sugerir que nadie de forma activa decida arbitrariamente y por intereses políticos que unas personas entren en la cárcel antes que otras.

En la línea de no cuestionar la existencia de una justicia para ricos y poderosos y otra para pobres (y una tercera más para gente molesta y disidente, añadiría yo) otro tema rayano en la corrupción es el de la Fiscalía, el papel del Fiscal General y su ordenamiento jerárquico.

Aquí tengo que parar un momento y desear muy fuerte un nuevo encuentro con el Teniente Kaffee que me explique esto bien, que estoy seguro que tiene sentido y que esta ordenación de la Fiscalía corresponde a sesudos y razonables criterios que se me escapan.

Una vez dicho esto, la apreciación del ciudadano es que el Fiscal General es una mera herramienta del Gobierno de turno para intervenir en asuntos judiciales. Una herramienta de intervención y control de ese teórico poder independiente del legislativo y el ejecutivo y con funciones de control incluso sobre ellos -inviolabilidades y aforamientos 2.0 aparte-, el Fiscal General o la percepción, insisto, que tenemos de él y su tarea y, ojo, esto es independiente del Gobierno que tengamos. Salvo excepciones siempre ha sido así: una especie de comisario político que se dedica a salvaguardar los intereses de los que le han puesto allí, no atendiendo para nada (o poco) a cuestiones como la legalidad, el interés general o una cosa con mayúsculas: la Justicia. ¿Ejemplos? muchos. El de mayor actualidad es el proceso de la Infanta Cristina, donde la percepción que tiene el ciudadano es el de la Fiscalía actuando como defensora de la acusada. Añadiría aquí también la absoluta dejación de funciones de las Fiscalías cuando el presunto delito a investigar ha sido cometido por fuerzas del orden, cosa que vemos con ciertas frecuencia, por lo menos en el ámbito de las actividades de los movimientos sociales en Madrid.

Para mí, esto es corrupción.

El ya popular tema -no exclusivo del Gobierno del PP: el PSOE hacía lo mismo- de Gobernar a base de Reales Decretos Leyes, herramienta claramente definida en la Constitución para ser usada exclusivamente en casos excepcionales.

El colofón de esta práctica ha sido un reciente caso donde el Gobierno ha pasado 26 leyes que afectan a 9 Ministerios sin siquiera tener los grupos políticos la posibilidad de discutirlas en el Parlamento o presentar enmiendas.

Para mí, esto es corrupción.

Otro tema que me recordó esta noticia sobre la prohibición (no explícitamente escrita, claro, que está feo que se note) de llevar un burka, la cosa es: “la cara tapada”, es el de las distintas velocidades a la hora de cumplir ciertas obligaciones legales impuestas desde fuera (casi siempre desde Europa).

En este caso, raudos y veloces; en otros, no tanto. Recuerdo el argumento de la Delegación del Gobierno de Madrid ante el conflicto sobre, atentos, la posibilidad de que el abogado que asiste a un detenido en su primera declaración ante la Policía o Guardia Civil, sencillamente le dijese a su representado: “Tiene usted derecho a no declarar”. Por lo visto, las leyes actuales -sostiene la Policía y Delegación del Gobierno-, sólo permiten al abogado estar presente pero sólo puede hablar con su representado TRAS esa declaración por lo que no puede avisarle de que le asiste su derecho constitucional, y muy sano -añado- de no declarar en ese momento, ya que lo podrá hacer después ante el o la juez.

Es algo kafkiano, ¿no? Pues claro. Independientemente de la interpretación de la Ley y sentencias al respecto y tal, que daría para un rato, la cosa es que Europa, claro, ya ha regulado con una directiva este punto con meridiana claridad aumentando las garantías del detenido y permitiendo esa comunicación entre letrado y detenido antes de la primera declaración, como es normal. La cuestión es que la Delegación del Gobierno ahora argumenta algo parecido a: “La ley nos obliga a trasponer una directiva europea en un plazo no superior a los dos años desde su publicación. Si ésta se publicó, por ejemplo, el día 2 de enero de 2014, nosotros la haremos efectiva el 1 de enero de 2016. No antes”. O sea, van a esperar al último día legal posible para poner en marcha una norma que aumenta los derechos de una persona detenida. Y me da igual la norma que sea: aunque fuera una norma normalizadora de la forma y calidad de la madera de los mondadientes. Hacer esto será legal, supongo, pero, ¿es ético? ¿es razonable? ¿es lícito? Estas cosas están pasando.

Para mí, esto es corrupción.

Otra cuestión más sería el sistema por el cual partidos políticos, financiados al 80% con dinero público pueden contratar a quien quieran para lo que quieran, cuando quieran y como quieran sin dar ninguna explicaciónfinanciados al 80% con dinero público. Evidentemente un partido debe poder contratar de asesor a quien considere oportuno, claro.

Sencillamente me llamó la atención que la persona idónea fuera en este caso el señor Ángel Carromero, cumpliendo condena y además, cambiando de “asesoría” después de una serie de problemas con sus compañeros en el distrito donde estaba.

Por cierto, que hace tiempo pregunté al Ministerio de Administraciones Públicas si había más personas en la misma situación que el señor Carromero (cumpliendo condena y trabajando a la vez en un cargo público de libre designación) a través de la plataforma tuderechoasaber.es y me derivaron al 060, allí repregunté y no pasó nada. He vuelto a preguntar hoy, por cierto. A ver.

Para mí, esto es corrupción.

[No el empleo del señor Carromero en concreto, no tengo nada contra él. Pero sí la existencia de este sistema sin ningún tipo de control sobre el uso razonable de todo ese dinero público.]

Uno de los principales focos de dinamización de la corrupción institucional, creo, es el actual Reglamento del Congreso de los Diputados. El impedir la participación ciudadana de facto ninguneando una ILP, por ejemplo, el impedir la participación de las fuerzas minoritarias, la no transparencia en las preguntas parlamentarias, el permitir la avalancha de Reales decreto Leyes como comentamos arriba.

En este marco de normativa institucional añadiría las normativas de funcionamiento de los partidos políticos, por ejemplo. El hecho de que los alcaldes de Sestao o de Vitoria sigan en sus puestos y en sus partidos tras realizar declaraciones racistas inadmisibles en cualquier democracia consolidada y no se les expediente o suceda nada es incomprensible. Por nombrar los dos casos más recientes. Hay muchos más, y de casi todos los partidos.

Estos reglamentos, estas normas, visadas, depositadas, aprobadas y legales, que permiten estas situaciones o comportamientos, para mí, son corrupción.

Para acabar, algo más que palabras.

Acabar con la corrupción y actuar de la forma más rápida y diligente es algo de todos y no sólo del Estado, supongo que estaremos en esto todos de acuerdo.

El viernes pasado se dictó la sentencia que acaba con el proceso judicial del señor Bárcenas contra el PP por su teórico despido. Este proceso había paralizado una denuncia que formulé ante la inspección de trabajo, al no tratar ésta asuntos sub iúdice. Ahora me dispongo a volver a presentarla. Y te animo a que lo hagas tú también. Se puede hacer online y es fácil y rápido. Aquí te explican el cómo hacerlo.

Informaremos de los resultados. Y seguiremos incordiando, claro, que uno no tiene fuerzas ya ni para rendirse.