Qué ha pasado con el caso judicial que hizo caer al Gobierno socialista de Portugal y cuál es el futuro de Costa

La llamada operación Influencer causó un terremoto político en Portugal, provocando la dimisión del entonces primer ministro António Costa en noviembre del año pasado y precipitando la celebración de elecciones anticipadas, que acabaron aupando a la derecha al poder. Cinco meses después de que el caso saliera a la luz, no hay ningún detenido entre los acusados, a los que solo se les aplica la medida menos grave de un plazo de identidad y residencia, ya que el Tribunal de Apelación de Lisboa ha considerado esta semana que no hay pruebas que apoyen la idea de que hubo “cualquier tipo de delito”.

Estas son algunas claves para entender lo sucedido y lo que puede pasar ahora:

¿Qué han decido los jueces?

El Tribunal de Apelación dictó sentencia el pasado miércoles en el marco del recurso presentado por dos acusados y por la Fiscalía contra las medidas cautelares aplicadas en esta operación judicial. Tras un largo periodo de interrogatorios en noviembre, el juez instructor dictaminó que no había pruebas suficientes para mantener en prisión preventiva a ninguno de los acusados. La Fiscalía impugnó la decisión y presentó un recurso, pero finalmente fue derrotada una vez más por ser incapaz de aportar pruebas suficientes para demostrar que había delito en los hechos supuestamente cometidos.

¿Cómo justifican los jueces esta decisión?

En una extensa sentencia de más de 300 páginas, los magistrados consideran que la Fiscalía hizo “juicios especulativos” y que no había “ningún indicio” de favoritismo indebido hacia el proyecto de construcción de un centro de datos en la ciudad portuaria de Sines, siendo estas acusaciones “vagas” y “genéricas”. Se critica a la Fiscalía por crear una idea basada en escuchas telefónicas que “no muestran nada”.

El tribunal demuestra que había interés en “impulsar el proceso administrativo” de un proyecto, pero que el Gobierno pudo actuar así porque se trataba de una inversión de “potencial interés nacional”, en un país donde la burocracia se considera un obstáculo habitual. Y que las conversaciones entre empresarios y miembros del Gobierno “no constituyen en sí mismas nada ilícito o incluso irrazonable”.

Los jueces también se preguntan por qué la Fiscalía, para apoyar su tesis, decidió adjuntar al expediente más de 1.000 páginas de artículos de periódicos y revistas sobre el caso, algo que “no sirve de nada”, ya que “no constituyen prueba de los hechos que se pretenden demostrar”.

¿Qué estaba en cuestión?

El 7 de noviembre, Portugal se despertó con una serie de registros en oficinas, ministerios y la residencia oficial del primer ministro. La Fiscalía creía que el Gobierno había favorecido a la empresa Startcampus, que quería construir un centro de datos en Sines, en el suroeste del país. En la mañana de los registros, un comunicado de la Fiscalía enviado a los periodistas detallaba que “también se ha descubierto que los sospechosos han invocado el nombre y la autoridad del primer ministro para desbloquear procedimientos”, en un intento de indicar que António Costa estaba implicado en la supuesta trama de favoritismo. Costa no llegó a ser imputado, pero dimitió ese mismo día.

¿Deja esta decisión a António Costa libre de culpa?

António Costa no es uno de los acusados ni el objetivo directo del juicio que ahora se ha celebrado, y ahora el tribunal que analizó el caso demuestra que no hay pruebas de la implicación del ex primer ministro en este proceso, entre otras cosas porque “el único hecho concreto protagonizado por el primer ministro fue que asistió a un acto de presentación del proyecto, el 23 de abril de 2021”.

La Fiscalía trató de hacer creer que el amigo del primer ministro, Diogo Lacerda Machado, utilizó su amistad para favorecer los intereses de la empresa que quería instalar el centro de datos en Sines. Los jueces se preguntan si “una relación de amistad con un miembro del Gobierno, claramente asumida de forma pública y reiterada por ambos protagonistas, debe llevar a la conclusión inexorable de que hubo tráfico de influencias, o corrupción activa o pasiva, o prevaricación”.

¿Y ahora qué pasará con la operación Influencer?

Aunque la procuradora Lucília Gago no suele dar grandes explicaciones sobre las acciones judiciales en curso, amparándose en el secreto judicial, la Fiscalía solo ha dicho que continuará la investigación para encontrar más pruebas. No es posible determinar cuánto puede durar la fase de búsqueda de pruebas, pero el secretario general del Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, ya ha pedido que se extraigan consecuencias del caso que empujó al país hacia una “solución inestable” mientras había “mayoría absoluta”. El expresidente de la Asamblea de la República Augusto Santos Silva también ha pedido celeridad en el avance de esta investigación, criticando el retraso de la justicia.

¿Cuál es el futuro de António Costa?

El Presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, no quiso comentar directamente el caso judicial, pero este martes afirmó que “la existencia de un portugués como Presidente del Consejo Europeo está más cerca”, en clara referencia a las ambiciones europeas de António Costa. Con prisa por limpiar su imagen, Costa ha pedido repetidamente ser oído en este proceso, pero el ex primer ministro nunca ha sido llamado para contar su versión de los hechos. 

En suspenso a la espera de respuestas de la Justicia, lo único que se sabe es que Costa volverá, de momento, a su papel de comentarista en el nuevo canal de televisión News Now. En Portugal, este tipo de canal es muy popular –con News Now habrá siete canales de información, dos de los cuales están más orientados a los deportes– y sus programaciones están llenas de análisis político. Este nuevo canal de televisión se lanzará en las próximas semanas y pertenece al grupo Medialivre. El futbolista Cristiano Ronaldo es uno de los mayores accionistas.