Erdogan se escuda en la demanda social frente a las presiones internacionales contra la pena de muerte

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se ha negado a descartar la posibilidad de ejecutar a los cabecillas del golpe de Estado fallido, a pesar de que los líderes occidentales le advirtieron de que instaurar la pena de muerte terminaría con las esperanzas turcas de entrar en la Unión Europea.

“El pueblo cree que estos terroristas deben morir”, dijo Erdogan durante una entrevista a la CNN en la noche del lunes. “¿Por qué debería mantenerlos y alimentarlos en las cárceles en los próximos años? Eso es lo que dice la gente”. Según Erdogan, la última palabra la tiene el parlamento. “Como presidente, aprobaré cualquier decisión que salga de las cortes”.

Existe el temor de que la violenta reacción del presidente Recep Tayyip Erdogan contra los arquitectos de la conspiración sea una cortina de humo para lanzar mayores represalias sobre otras formas de oposición política.

Según los aliados de Erdogan, las medidas implementadas por el gobierno fueron la reacción necesaria y justa contra un intento de golpe de Estado que estuvo a punto de derrocar al gobierno elegido por el pueblo, que dejó el parlamento gravemente dañado y que causó la muerte de cientos de civiles.

Pero ahora se acusa a Erdogan de ampliar el alcance de las represalias. Desde el viernes pasado, el presidente ordenó la destitución de casi 9.000 policías, 30 gobernadores regionales y más de 50 funcionarios de larga trayectoria, así como el arresto de más de 7.500 personas.

Entre los detenidos hay más de 6.000 soldados, además de 103 generales y almirantes, lo que equivale a casi un tercio del alto mando militar. Ya se han emitido órdenes de arresto para 2.700 jueces. Por miedo a que haya responsables del golpe dentro del mismo Estado con intenciones de escapar, el gobierno también prohibió la salida del país a los 3 millones de empleados públicos. Ya se ordenó el arresto de un periodista y, según algunas estimaciones, 20 sitios web de noticias críticos con el gobierno fueron cerrados.

En respuesta al aumento en las represalias, el secretario de Estado de Barack Obama, John Kerry, pidió al Gobierno turco que “respete plenamente las instituciones democráticas del país y el estado de derecho”: “Desde luego, seguiremos apoyando la idea de llevar a los autores de este hecho ante la Justicia, pero también advertimos del peligro de tomar medidas que vayan más allá de eso”.

Kerry se reunió en Bruselas con los ministros de Asuntos Exteriores de toda Europa, entre ellos Boris Johnson, el nuevo ministro de Exteriores del Reino Unido. Desde allí pidió a Turquía que presente pruebas “irrefutables” para solicitar la extradición de Fethullah Gülen, el clérigo exiliado en EEUU al que Erdogan culpa del golpe.

Mientras las autoridades turcas están considerando la reinstauración de la pena de muerte, prohibida en 2004, como respuesta al golpe de Estado fallido, la jefa de Asuntos Exteriores de la UE, Federica Mogherini, subrayó que una medida así haría imposible el ingreso del país a la UE. “Ningún país puede ser un Estado miembro de la UE si instaura la pena capital”, dijo Mogherini, recordando que Turquía sigue siendo miembro del Consejo de Europa y de la Convención Europea de Derechos Humanos, en la que la pena de muerte está expresamente prohibida.

En un comunicado conjunto, los ministros de Exteriores de la UE pidieron el “cumplimiento completo del orden constitucional en Turquía” sin hacer ninguna mención al acuerdo por los refugiados sellado este mismo año entre Turquía y la UE. El acuerdo, que permitiría a los turcos acceder sin visado a la zona libre de pasaporte compartida por 26 países de Europa, se ha topado con un obstáculo: Erdogan se niega a modificar las leyes antiterroristas turcas, una condición básica para ingresar en la UE.

El ministro francés de Exteriores, Jean-Marc Ayrault, definió a Turquía como un “socio estratégico” que no obstante debe respetar las libertades esenciales: “Después del fallido golpe militar, la reacción no debe significar menos democracia sino más democracia en Turquía”.

Según Manfred Weber, líder del Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo y aliado de Angela Merkel, las relaciones entre Turquía y la UE “deberían ser analizadas rigurosamente antes de seguir avanzando”.

“Se trata de prevenir una nueva ola de ataques”

Mientras tanto, Erdogan y sus aliados han aumentado la sensación de represalias autoritarias refiriéndose a la reacción del gobierno como una “purga” o como una “limpieza”.

Este lunes, algunos funcionarios turcos que consideran más que justificadas las represalias expresaron su frustración por las críticas de Occidente. Uno de ellos dijo que las personas arrestadas o despedidas estaban claramente involucradas o tenían contactos con los responsables del golpe: “Entiendo que las cifras parecen excesivas pero, ahora mismo, se trata de prevenir una nueva ola de ataques contra civiles y edificios gubernamentales”.

Esa misma persona también dijo confiar en que “los tribunales tendrán en cuenta las pruebas para llegar a un veredicto”: “Estoy empezando a tener la sensación de que estamos pasando por alto el hecho de que el parlamento fue atacado 11 veces con aviones F-16 robados”.

En otras partes de Turquía, hay quien sostiene que el gobierno se está pasando con las represalias. Entre los periodistas turcos, que incluso antes del golpe fallido ya eran víctimas de una violenta reacción, se rumoreaba la posibilidad inminente de una serie de arrestos.

Ya hay una orden de arresto oficial contra Arzu Yildiz, la corresponsal de Haberdar en Ankara. En un comunicado a través de Internet, Yildiz aseguró no tener conexión con el golpe fallido: “No conozco los nombres de estos soldados y generales”.

Según Andrew Finkel, cofundador de P24 (una iniciativa que apoya los medios turcos independientes), la presión sobre los periodistas “se incrementó claramente desde el golpe fallido”: “Básicamente es porque (ahora) pueden. Hay sitios de noticias disidentes muy críticos con el gobierno por todas partes, y quieren cerrarlos”.

Otros analistas están menos seguros del alcance de las represalias. Según Aslı Aydıntaşbaş, analista de Turquía en el Consejo Europeo para las relaciones exteriores y ex columnista de medios turcos, “son paranoicos y están tomando represalias contra las personas que piensan que tenían algún tipo de asociación con los gülenistas”: “Pero no creo que después vayan a ir detrás de los sindicalistas de izquierda, que tradicionalmente se oponen al partido de Erdogan (AKP), o detrás de los kurdos”.

De acuerdo con Aydıntaşbaş, “eso no quiere decir que las represalias se basen en el Estado de Derecho, pero por más generalizadas que parezcan, las represalias todavía están ligadas a las personas de las que se sospecha una asociación con Gülen”.

Si bien desde la mañana del sábado en Turquía la vida continúa con una relativa normalidad, el país sigue en alerta. El gobierno ha pedido a sus partidarios que permanezcan en las calles en una demostración de fuerza, de cara a los conspiradores aún en libertad. La búsqueda de más sospechosos continuó en varias ciudades. El lunes, un hombre fue asesinado delante de un tribunal de Ankara después de que disparara presuntamente contra las fuerzas de seguridad. En Estambul, el alcalde adjunto de un distrito central recibió un disparo en su oficina.

Traducción de Francisco de Zárate