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Condenado a 18 años de cárcel un hombre que violó a dos menores, una de ellas tutelada por la Comunidad de Madrid

Fachada de la Audiencia Provincial de Madrid

Alberto Pozas

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Un hombre ha sido condenado a un total de 18 años de cárcel por violar a dos menores de edad en la localidad de Leganés, al sur de la región de Madrid. La sentencia declara probado que una de sus víctimas era una menor tutelada por la Comunidad de Madrid y que estaba interna en una residencia infantil pública de la administración regional. Un nuevo caso de agresión contra menores tuteladas que dibuja la vulnerabilidad de estas jóvenes y cómo los depredadores sexuales encuentran en estas niñas a las víctimas perfectas.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid a la que ha tenido acceso elDiario.es explica que el acusado regentaba una tienda de alimentación en la localidad y que allí conoció a su primera víctima: una niña de 13 años que vivía en la residencia infantil de la Comunidad de Madrid.

El pedófilo, consciente de que era menor de edad y de que estaba interna en el centro, subió con la menor varias veces a su casa, donde fue agredida sexualmente. Ella relató a lo largo del proceso que era invitada “a drogas” por el agresor. Con el paso del tiempo consiguió que otra menor, amiga de la primera víctima, subiera varias veces a su casa para perpetrar nuevas agresiones sexuales.

Los hechos ocurrieron entre 2016 y 2017 pero el caso no llegó a manos de un juzgado de Leganés hasta que, algunos años después, la primera víctima contó a la directora de la residencia lo que había sucedido en casa del acusado. “Una vez transcurrido un tiempo me contó lo que había ocurrido en casa del acusado cuando ella tenía 13 años” relató la responsable del centro ante el tribunal. “Me comentó que él sabía que era menor porque sabía que ella estaba en un centro de protección”, contó. También se lo relató a una psicóloga durante una terapia en el centro.

El acusado, que ya ha recurrido su condena ante el Tribunal Superior de Madrid y posteriormente podrá llevar el caso hasta el Supremo, no negó los encuentros sexuales pero afirmó que no conocía la edad de las menores. Y se defendió responsabilizando a las víctimas, llegando a aportar en su defensa fotos de sus redes sociales y alegando que pensaba que era mayor de edad porque “siempre vestía faldas muy cortas, iba muy maquillada, hablaba con brusquedad y le dijo que era mayor de edad”.

Los jueces de la Audiencia Provincial de Madrid dan más credibilidad a las víctimas y le imponen 18 años de cárcel por sendos delitos continuados de agresión sexual, junto con 28 más de inhabilitación para ejercer cualquier trabajo que implique tener contacto con menores de edad. Queda absuelto de una tercera acusación de agresión sexual sobre otra menor de edad.

Las alegaciones del pederasta sobre cómo vestían o hablaban las víctimas no prosperan. “Carece de capacidad exculpatoria la afirmación relativa a la forma de vestir, hablar o comportarse de la menor que aduce el acusado para sostener su creencia de que era mayor de edad”, dice. Son elementos que no pueden ser considerados una prueba, a lo que añaden un dato: “La diferencia de edad entre la menor y el acusado, que en ese momento tenía 43 años”.

El perfil de las víctimas tuteladas

Los hechos probados de esta sentencia repiten el patrón de muchos otros casos, en Madrid y en otras comunidades autónomas: hombres adultos que buscan a sus víctimas en centros de menores a la caza del perfil más vulnerable posible. Jóvenes que viven en centros donde, en ocasiones, es casi imposible controlar los movimientos de las internas y evitar este tipo de abusos.

Es algo que puso de manifiesto el sumario de la operación Sana, la causa judicial abierta contra un grupo de hombres acusados de prostituir a varias menores de edad en distintos puntos de Madrid, varias de ellas tuteladas por la administración regional.

Varios trabajadores de esos centros declararon durante la investigación. “No podemos hacer nada”, dijo uno de ellos. Uno de los informes del centro era absolutamente explícito sobre la situación de una de las niñas: “La situación es insostenible, claramente tiene un problema de adicción y no podemos saber qué está haciendo para conseguir las sustancias ni a lo que se expone”, dice el documento.

El modus operandi también se repite en distintas causas judiciales: conseguir que las jóvenes terminen dejando el centro y que accedan a someterse a los abusos a cambio de pequeñas cantidades de dinero, regalos o incluso drogas. En el caso de la operación Sana, que se saldó con casi 40 detenidos, algunas de las chicas terminaron enganchadas a las drogas.

Un informe de la Policía Nacional aportado a ese caso explicaba este perfil común: “Reúnen perfiles similares, menores de edad con una evidente falta de madurez, provenientes de entornos desfavorecidos (...) en contextos de fracaso escolar, familias desestructuradas y habitualmente tuteladas en centros de menores”. Circunstancias que “les hace sufrir unas situaciones extremas, extremándose su situación de vulnerabilidad y precariedad”.

Recientemente, también en Madrid, un hombre ha sido condenado a siete meses de cárcel por maltratar a su pareja. Esa “pareja” era una joven de 16 años a la que, entre otras agresiones, le apagó un cigarro en la espalda, dejando una cicatriz. En fase de instrucción no quiso declarar contra su agresor, aunque sí lo hizo en el juicio: “No quiso declarar en sede de instrucción porque quería seguir con él ya que era la única persona con la que contaba toda vez que estaba tutelada por la Comunidad de Madrid y había sido declarada en situación de desamparo, por lo que residía con él”, explica esta nueva sentencia.

El primer policía que atendió a esta víctima lo explicó claramente en el juicio. “Me dijo que, aunque sabía que él la podía matar, le quería porque estaba enganchada a él ya que estaba sola”. 

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