Madrid se resiste a imponer el uso de la mascarilla meses después de pedir que fuera obligatoria para acceder a la desescalada

La mascarilla como materia de pugna política. Mientras todas las comunidades autónomas han ido haciendo obligatorio el uso de esta protección en casi cualquier momento desde que un brote de COVID-19 acabara en el confinamiento de la comarca del Segrià en Lleida a principio de julio, Madrid y Canarias se han resistido a esta medida. Contrasta la actuación del Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso con la postura que aplicaron en mayo, cuando urgían al Ejecutivo central a que impusiera esta medida y así avanzar en una desescalada para la que, según los análisis del Ministerio de Sanidad, no estaban preparados.

A mediados de mayo, la Comunidad de Madrid demandaba que el Gobierno central declarara la mascarilla obligatoria. En julio, cuando la decisión ya es exclusiva de su competencia, descarta, de momento, tomar la decisión. Hace dos meses, Madrid intentaba que se admitiese su petición para iniciar el desconfinamiento. Ya habían visto su primera solicitud desestimada tras el episodio de la dimisión de la directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, por no respaldar la petición.

Así que la presidenta Isabel Díaz Ayuso estrenó la semana antes de las reuniones con el Ministerio de Sanidad con una entrevista en Onda Cero en la que afirmó que estaba pensando en “que las mascarillas sean de uso obligatorio en sitios cerrados” y en aquellos en los que hubiera “contacto con otros ciudadanos”. Y remataba: “De nada sirve que alguien se proteja y luego en la fila del supermercado alguien tosa y se contagie. Esto solo se evita con mascarillas. Hay que apelar a la responsabilidad individual”. Era 11 de mayo. El día 13 se reunía con el alcalde José Luis Martínez-Almeida para reiterarle esa misma idea.

Solo unos días antes, el vicepresidente de Ayuso, Ignacio Aguado (de Ciudadanos), que ha liderado la corriente en el Gobierno madrileño para iniciar cuanto antes el movimiento económico, también preparaba el camino previo a su petición de avance de fase y echaba mano de la mascarilla como herramienta para abrir la actividad: “La única solución para evitar nuevos contagios sin que la gente caiga en la pobreza es volver a abrir la economía exigiendo el uso obligatorio de mascarillas”. Quedaban cinco días para saber si la región entraría en la fase 1 de desescalada. Madrid no avanzó porque el sistema de detección precoz de casos y Atención Primaria aún parecía endeble.

Acumulación de nuevos datos

Desde esas fechas, se han conocido algunos nuevos estudios que apuntan a la capacidad reforzada de la mascarilla para evitar contagios. De hecho, un grupo de 239 científicos dirigieron el 6 de julio una carta a la Organización Mundial de la Salud para pedir que considerara a la COVID-19 una enfermedad que puede transmitirse en cierto grado por el aire. Se basaban en las observaciones de nuevos experimentos que sugieren que el SARSCov-2 puede alcanzar más distancia respecto a la persona contagiada suspendido en micropartículas. No significa que tenga la capacidad de permanecer en el ambiente como el sarampión, pero sí que es un vector de contagio más.

Un poco antes, un trabajo conjunto de las universidades británicas de Oxford y Greenwich subrayaba la bondad de cubrir boca y nariz en el contexto pandémico: “Nuestro análisis sostiene que se tome una adopción inmediata y universal de las máscaras faciales”. El trabajo, publicado en Proceeedings of Royal Society A, asegura que llevar mascarilla siempre que se esté en público es el doble de efectivo a la hora de rebajar los contagios que si se utiliza cuando hay síntomas. En las conclusiones indican que “el empleo generalizado de la mascarilla junto a la distancia física y ”algunos confinamientos puntuales“ podrían ser una fórmula aceptable para manejar la enfermedad al tiempo que se retoma la actividad económica y hasta que se obtenga una vacuna.

El uso exhaustivo de mascarilla siempre ha presentado algunos aspectos contraproducentes recogidos por la OMS, como es la sensación de falsa seguridad en quienes la portan, lo que relaja otras prácticas de prevención, sobre todo, el lavado de manos y la distancia física entre individuos. El propio director del Centro de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha repetido en varias ocasiones que “la mejor mascarilla son los dos metros”. Sin embargo, a medida que se han acumulado datos y estudios, la misma OMS ha comenzado a recomendar que todo el mundo se ponga una mascarilla para reducir la dispersión de la enfermedad.

Más tarde, el organismo revisó su postura oficial al admitir que es posible la transmisión por aire de la COVID-19. El epidemiólogo y exdirectivo de la OMS Daniel López Acuña ha explicado que, ante las nuevas evidencias de cómo puede estar propagándose el SARSCov-2, el “principio de prudencia” invita a adoptar medidas como la de la mascarilla obligatoria en casi cualquier momento.

Discrepancia en Ciudadanos

Sin embargo, ahora en julio, los responsables políticos en Madrid se han mostrado menos proclives a reforzar el uso de esta herramienta. El discurso del Gobierno de Ayuso se sostiene en que la mascarilla ya es obligatoria: el vicepresidente Aguado salió este lunes a decir que “la mascarilla es obligatoria en todos los lugares donde no se pueda mantener la distancia física que es lo que recomienda la Organización Mundial de Salud. En la medida en que la situación esté controlada seguiremos en la situación actual”. Lo cierto es que cuando él pidió mascarilla obligatoria allá por mayo, la OMS no había contemplado el uso generalizado que adoptó fechas más tarde.

También este lunes, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, remitió un vídeo a los medios de comunicación en el que afirmaba que la mascarilla ya era obligatoria si no se puede mantener la distancia de 1,5 metros. La jefa de ambos, Isabel Díaz Ayuso, había dicho unos días antes que, “de momento”, las mascarillas no serán obligatorias. Con todo, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís (Ciudadanos), habló públicamente el mismo día que su compañero Aguado para mostrarse partidaria de una “política de más obligatoriedad”. La oposición de Más Madrid y el PSOE también apoyan esta posición.

Tanto Aguado como Ayuso han mencionado la responsabilidad individual mostrada por la población madrileña. A su favor cuentan con la encuesta del Instituto de Salud Carlos III que indicaba a inicios de julio que un 95,3% de los ciudadanos cumplía la normativa sobre mascarilla. Sin embargo, ese porcentaje es muy similar al obtenido en la provincia de Barcelona –un 95,1%– donde se lidia con transmisión comunitaria de la COVID–19 en el área metropolitana de la ciudad.