El Gobierno de Almeida niega a Más Madrid los expedientes sobre la multa a la pareja de Ayuso por su obra ilegal

Cerrojazo informativo en torno a la sanción que el Ayuntamiento de Madrid impuso a Alberto González Amador por ejecutar obras sin licencia en el piso de Chamberí que comparte con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. El Gobierno de Almeida ha negado el acceso a la información contenida en dos expedientes relacionados con el caso, después de hasta tres peticiones de Más Madrid.

El consistorio rechazó hace unos días entregar detalles sobre el expediente del contencioso-administrativo contra el cese de legalización de sus obras que ha planteado la pareja de Ayuso al Ayuntamiento, según una información adelantada por la Cadena Ser y a la que también ha tenido acceso Somos Madrid.

“La solicitud se refiere a información para cuyo acceso existe un régimen jurídico específico”, explica el área de Vicealcaldía en su repuesta al partido de Rita Maestre, después de haber detallado que el caso se encuentra actualmente judicializado.

Por otro lado, Más Madrid también ha reclamado al Ayuntamiento el expediente de disciplina urbanística con el que el consistorio ha resuelto supuestamente la sanción contra Alberto González Amador. El propio alcalde, José Luis Martínez-Almeida, avanzó en diciembre que había sido multado por unas irregularidades en “aires acondicionados”, restando importancia a las obras ilegales que habían quedado acreditadas en otros informes municipales.

Respecto a ese expediente, el área de Vicealcaldía asegura que Más Madrid debe dirigirse al Distrito de Chamberí, “pues no es un expediente sobre cuyo acceso corresponda a esta aseosría jurídica pronunciarse”, explica en un informe. Este segundo departamento municipal aún no ha contestado al partido de Maestre, pese a que fue una petición de su formación política la que inició las pesquisas municipales hace ahora casi un año.

Según la información a la que ha tenido acceso este periódico, Más Madrid reclamó los dos expedientes citados al Ayuntamiento el pasado 4 de diciembre y en dos ocasiones en este mes de enero. “A diferencia de otros expedientes urbanísticos en los que como concejales se nos ha garantizado el derecho a acceder a esa información, en el caso de Alberto Quirón Almeida juega para proteger sus intereses y los de Ayuso”, ha denunciado este miércoles Rita Maestre.

“Exigimos a Almeida que no actúe como la defensa y el abogado de Alberto Quirón, porque no es su papel como alcalde de Madrid, aunque sí que puede ser su aspiración como dirigente del Partido Popular”.

Demoliciones sin licencia

Pese a que las únicas declaraciones del alcalde de Madrid sobre el caso redujeron las irregularidades en el piso de Chamberí a los equipos de climatización, el expediente de las obras al que tuvo acceso Somos Madrid detallaba varias demoliciones de tabiquería sin ninguna licencia.

González Amador tramitó las obras en el inmueble solo unas semanas después de su adquisición, que tuvo lugar en julio de 2022, después de su fraude a Hacienda. El 4 de agosto de ese año pidió permiso para iniciar obras, que fueron rechazadas al día siguiente por un funcionario municipal, y a mediados de octubre reconoció en otro escrito presentado ante el Ayuntamiento de Madrid haber ejecutado trabajos para una reforma integral. Fue entonces cuando la pareja de Ayuso amplió el alcance de los trabajos y elevó su coste: de los 9.816,73 euros que declaró que iban a costar inicialmente a los 94.289,48 euros que acabó fijando como presupuesto, casi diez veces más y que no se corresponde con el coste de instalar solo aires acondicionados. Los trabajos descritos incluían demoler tabiques, suelos, falsos techos, alicatados y todo el mobiliario de la cocina. También la renovación completa de la electricidad, la fontanería y el saneamiento de la propiedad.

Pese a que el Ayuntamiento aseguró que la declaración responsable presentada para validar estos trabajos era “ineficaz”, ningún técnico municipal visitó entonces el inmueble. No obstante, el consistorio recordaba a González Amador que, de haberse producido obras, era obligatorio revertirlas y devolver el inmueble a su situación anterior a ellas. El informe lo validaba la coordinadora general de Chamberí, María Cristina Goncer, a través de una resolución en la que decreta la ineficacia de la declaración responsable. Tanto ella como el concejal de distrito en esa época han acabado lejos de Chamberí después de estos hechos.

Una vez que elDiario.es informó del caso y Más Madrid presentó una petición de inspección, la Junta de Chamberí envió el pasado mes de mayo a su personal para comprobar el estado del inmueble y abrir, en su caso, un expediente disciplinario por las obras sin licencia. El contenido de dicho carpeta municipal es a día de hoy una incógnita.