En medio de esta crisis sin fin, celebramos con demasiada complacencia tres décadas de autonomía regional. En febrero de 1983 se aprobó el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Previamente se vivió una etapa preautonómica y de transición en la que las provincias de Burgos, de Segovia, y particularmente la de León, pusieron trabas o dudas a su inserción en la región. Burgos se acalló pronto con el disfrute de la sede preautonómica y con promesas varias; Segovia entró en el redil de UCD y también desistió; León resistió algo más, y de algún modo sigue incomoda en el marco delimitado. Según nos recuerda con cierta ironía el incombustible Rodolfo Martín Villa, a punto estuvo León de quedar ligada al Principado de Asturias, configurándose de haber sido así las raíces transmontanas y cismontanas del viejo reino asturleonés.
Con motivo de esta efeméride, 25 de febrero de 2013, se ha escrito en los medios regionales más de un panegírico a nuestra autonomía y autogobierno. Predominan las glosas acerca de los avances regionales y de las virtudes del modelo consagrado en nuestra Constitución. Faltaría más que en treinta años no hubieran mejorado algunas infraestructuras y servicios. Otras, como las tramas de nuestro tejido ferroviario histórico, rápidamente se arruinaron, sin ninguna alternativa regional. He leído con sumo interés las declaraciones del expresidente Rodríguez Zapatero o del presidente del Congreso, Jesús Posada, que ocupó la Presidencia de Castilla y León allá por el año 1989. Ambos apenas aportan los consabidos mensajes de compromiso, al decirnos que estamos ante una “comunidad grande, abierta y diversa” (Rodríguez Zapatero) y que “se han puesto las bases de esta gran comunidad para abordar el futuro con optimismo”(Posada). ¡Qué lejos están de la realidad! Aunque mencionan las difíciles circunstancias actuales, no muestran, al igual que las sucesivos dirigentes que han participado a lo largo de VIII legislaturas, ninguna autocrítica a la situación de la región, a los desastres financieros y económicos en los que han estado implicadas nuestras autoridades pasadas y actuales, a la nefasta gestión de los Fondos Europeos, a la privatización o “externalización” de los servicios sanitarios y ¡también de la sanidad animal!, ni mucho menos se detienen en la honda crisis demográfica que venimos padeciendo, incluidas ahora unas elevadas cifras de paro. Unos y otros nada dicen ni denuncian las graves consecuencias que se derivan de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración LocalAdministración Local y del Anteproyecto de Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del territorio de la Comunidad de Castilla y León, pues vendrán a reforzar las funciones y competencias de las Diputaciones Provinciales, en clara contradicción con el espíritu autonómico, y traerán consigo la desaparición de las bases locales actuales, a lo que acertadamente se ha llamado “un genocidio administrativo”.
Por supuesto, nadie ha recordado estos días el efímero paso de José María Aznar por esta comunidad. Aquí apuntaló su carrera política y aquí comenzaron algunos de los enredos que estamos viviendo, pues cada día vemos cómo saltan nombres y escándalos de políticos que estuvieron acunados y mecidos por las aguas del Pisuerga y por las oligarquías locales. Atrás quedó el proyecto entusiasta de Demetrio Madrid que, visto lo visto, podemos considerar que dimitió gallardamente por un quítame allá esas pajas.
Se configuró entonces la región más extensa de España y durante un largo tiempo también de Europa. Tenía 2.593.590 de habitantes, seguimos perdiendo población, ahora somos algunos menos (2.546.078), y mucho más envejecidos (23%); y si entonces crecía a un ritmo ya imperceptible, desde 1988 el crecimiento natural es desgraciadamente negativo para toda la región, acumulándose déficits estructurales difíciles de recuperar y subsanar. Como he señalado en otros lugares, la derrota y el fracaso demográfico están en la base de la propia ruina de Castilla y León. Pero, además, estamos muy lejos de la convergencia y cohesión interior; la renta per cápita de los zamoranos es aproximadamente un 30% inferior a la de los burgaleses y vallisoletanos. A ello hay que sumar la situación de pesimismo generalizado tras el derrumbe de la minería y de sectores próximos como el del transporte. También se han hundido sectores industriales como el textil o una parte notable del sector agroalimentario que han llevado a varios núcleos urbanos y cabeceras históricas a la desesperanza y a la pérdida de vitalidad regional. Con dificultades y con inyecciones económicas oficiales se mantiene el sector automovilístico, emblema del discurso económico de la Junta de Castilla y León. Paradojas del momento, la entrega de la medalla de oro de Castilla y León a Vicente del Bosque, en la conmemoración arriba señalada, rescató por unas horas a la región y a sus representantes de los recortes y de la desolación.
Fue difícil hilvanar y coser costuras comunes para un proyecto regional con nueve provincias y 94.147 km2. En esta tarea, antes que la amnesia nos domine, cabe recordar y agradecer la labor de dos eminentes y desaparecidos catedráticos de Historia Medieval: J.L.Martín Rodríguez y la animación intelectual del Instituto Regional Castellano-Leonés, y Julio Valdeón Baruque uno de los impulsores de la editorial Ámbito, desde la que se favoreció la difusión de elementos culturales aglutinantes, reivindicando, bajo una idea de progreso y democracia, a Villalar y a los Comuneros como símbolo histórico de la región. No menos significativa fue la labor de Concejo Educativo que en sus Escuelas de Verano supo incorporar entre los maestros de primaria y profesores de secundaria una enseñanza viva, rigurosa, crítica y bien asentada en valores democráticos y de convivencia.
La apropiación y consagración oficial del símbolo Villalar, acompañado del marketing político y de una Fundación vinculada a las Cortes, no han logrado fortalecer una conciencia común regional. Al contrario, en los últimos años ha disminuido en más de 10 puntos respecto al inmediato pasado y se suceden los agravios comparativos entre las nueve provincias. Los bordes de la región siguen muy descosidos, y escasamente se han aprovechado los fondos europeos y las oportunidades brindadas para la cooperación fronteriza con Portugal. La concentración y los efectos multiplicadores en Valladolid ya han relegado a la provincia de León a un segundo plano demográfico y económico, y a la Universidad de Salamanca, por ejemplo, la sitúa en clara desventaja ante los intereses y favores más próximos al poder, dejando asimismo múltiples jirones y vacíos en el resto de las provincias, circunstancias que benefician sin duda a los poderes locales. Seis de los presidentes de Diputación lo son a su vez de PP provincial, los otros tres presidentes ocupan altos cargos orgánicos del mismo partido. No es de extrañar que se reproduzcan así comportamientos neocaciquiles que pensábamos olvidados y de los que tenemos elocuentes muestras.
La adormecida y sumisa sociedad civil urbana ha dejado de tener una presencia regional activa, y son algunos grupos rurales, los restos que quedan de la sociedad campesina, los que están levantando más su voces y quejas ante los atropellos que se avecinan: supresión de las Juntas Vecinales y entidades locales menores, concentración del poder administrativo en torno a los núcleos urbanos superiores a 20.000 habitantes, privatización de los bienes y montes públicos, o el fortalecimiento de las Diputaciones y poderes provinciales, frente a lo que sería el sueño de una ordenación y comarcalización capaz de corregir las graves fracturas endógenas y territoriales. Se necesitan valentía y convicción cívica para encarar tantos males y entuertos. Los recursos y potencialidades ahí están. De lo contrario, nuevos “duques de Lerma” vendrán a ocupar el territorio y a exigirnos, de acuerdo a los tiempos neoliberales que vivimos, formas insospechadas de sumisión y vasallaje.
