El rechazo del Parlamento Europeo al presupuesto de la UE es algo más que simbólico

El Parlamento Europeo ha hecho valer, por primera vez, las nuevas atribuciones que en 2009 le confirió el Tratado de Lisboa y ha actuado, más o menos, como se espera que lo haga cualquier cámara representativa. Rechazando ayer el presupuesto de la UE para el periodo 2014-2020, que los líderes de los 27 países aprobaron hace un mes tras interminables negociaciones, el Parlamento ha entrado en la escena de las decisiones europeas de las que había estado siempre ausente, siendo ahora poco más que una comparsa o, como mucho, una caja de resonancia de algunas reivindicaciones populares.

La letra pequeña del texto de rechazo acordado ayer –con el apoyo de los principales grupos políticos, es decir, y por orden de su peso en la cámara, populares, socialistas, liberales, verdes e izquierda unitaria- aclara que la cosa no es tan tajante como el titular podría sugerir. Sí, el presupuesto que Rajoy y sus colegas tardaron casi 24 horas, con toda la noche incluida, en rematar, ha sido devuelto a la Comisión. Pero sus cifras fundamentales, entre ellas, el primer recorte de gastos presupuestarios en la historia de la Unión, hasta 960.000 millones de euros repartidos en cinco ejercicios, no han sido contestadas. Según parece, ha sido justamente el Partido Popular Europeo el que ha impedido en el último momento que también eso ocurriera.

Lo que el Parlamento Europeo ha puesto en cuestión son algunos puntos del procedimiento y del enfoque presupuestario. Ciertamente no son cuestiones despreciables y buena parte de ellas, si finalmente se modifican en el sentido exigido por la cámara, como se supone que ocurrirá, no solo cambiarían la fisonomía del presupuesto, sino que también aumentarían el protagonismo del Parlamento en su proceso de aplicación, año tras año.

En concreto lo que éste exige es que se puedan modificar los contenidos de la planificación a los tres años de entrada en vigor del presupuesto, lo cual posibilitaría la revisión del mismo al Parlamento que surgirá de las elecciones europeas del año que viene; que se introduzcan cláusulas que permitan trasladar fondos de una a otra partida según las necesidades que vayan surgiendo y que se puedan trasladar los fondos no gastados, lo cual casi siempre ocurre porque el Estado que habría de sufragar una parte de los mismos no lo hace, práctica en la que España ha incurrido más de una vez; y también que se adopten disposiciones que permitan que los recursos puedan ser recaudados directamente.

En la práctica, a lo que todo eso obliga es a abrir una negociación entre la Comisión y el Parlamento. Y a que ésta se inicie lo antes posible, casi ya mismo, porque si el nuevo presupuesto no está aprobado antes de que termine el mes de junio, no podría entrar en vigor, habría que prorrogar el presupuesto anterior y no podrían entrar en funcionamiento los nuevos programas que el nuevo incluye, entre ellos seguramente también el de apoyo al empleo de los jóvenes, del que el martes, y a pesar de sus limitadísimas dimensiones y ambiciones, tan ufanos se mostraron Mariano Rajoy y los sindicatos españoles.

Las primeras impresiones de los expertos europeos es que el acuerdo sobre los puntos citados no va ser fácil y que no cabe excluir momentos de tensión: Daniel Cohn Bendit, copresidente de los verdes europeos, ya ha pedido que el presupuesto vuelva a ser rechazado cuando sea presentado, con tales modificaciones, en el mes de junio.

En definitiva, que la Unión Europea que renquea por todas partes se ha encontrado con una nueva dificultad. Que desde una perspectiva democrática no se puede si no ver con simpatía, en la medida en que una decisión como la del miércoles es un acto de control de un ejecutivo que hasta hoy había campado siempre por sus respetos. Y a la que también seguramente ha contribuido la necesidad de muchos de los miembros, de uno y otro color, del Parlamento de tener algo en la mano para poder pedir su reelección el año que viene. Cuando seguramente se habrán intensificado las actuales tendencias generalizadas de euroscepticismo, de rechazo no solo de la política económica europea, sino también de los privilegios de los que gozan los europarlamentarios que, a cambio de muy poco trabajo, figuran entre los políticos mejor pagados del mundo.

En todo caso, se ha producido una novedad sin precedentes y, aunque termine por ser solo un inicio limitado en sus consecuencias, podría sentar las bases de una nueva manera de hacer política en las instituciones comunitarias: aunque la reescritura del presupuesto no cambie nada sustancial, el hecho mismo de tener que hacerla será un quebradero de cabeza para los autócratas de Bruselas y puede que eso les haga reflexionar sobre como tienen que actuar en el futuro. Aparte de que a ningún líder europeo le saldrá gratis desafiar la decisión parlamentaria del miércoles, que aunque en la forma se haya quedado en poco, en el fondo tiene una fuerte carga de rechazo a las políticas que todos ellos están adoptando desde hace ya años.

Ahora habrá que ver el impacto que la decisión del Parlamento tiene en la reunión de los líderes europeos que empieza este jueves en Bruselas. No cabe hacerse ilusión alguna: los textos que se han filtrado sobre los acuerdos que se adoptarán en las dos reuniones que tendrán lugar sucesivamente –primero la del Consejo Europeo, luego la de la Eurozona- ratifican que se mantendrá la política actual, la de la austeridad sin concesiones.