La alcaldesa de Cartagena y el Hospital Perpetuo Socorro se denuncian por la demolición de la prisión de San Antón

El Ayuntamiento de Cartagena interpuso una denuncia el 21 de marzo ante la Fiscalía a José Hernández Mondéjar, gerente del Hospital Perpetuo Socorro, situado en el municipio, por un presunto delito de calumnias. El conflicto surge a raíz del proyecto de derribo de parte de la antigua Prisión Central de Cartagena, conocida como cárcel de San Antón, desde la empresa que gestiona el centro sanitario, con el objetivo de ampliar las instalaciones y disponer una zona de aparcamiento.

El 14 de marzo, Mondéjar presentó un escrito en el que expresa la “ilegalidad manifiesta y continua” del Consistorio de Cartagena y de la alcaldesa Ana Belén Castejón, a la que acusa de una “actuación prevaricadora continuada omisiva de no conceder la licencia de demolición que es preceptiva y obligada según Ley”. Además, considera que la primera edil puede haber cometido “malversación de caudales públicos, pues está dilapidando el dinero para un acto ilegal”.

Ante estas declaraciones, desde el Ayuntamiento señalan en la denuncia, a la que eldiario.es ha tenido acceso, que el gerente del Perpetuo Socorro está incurriendo en un delito por calumnias hacia la alcaldesa, perseguible de oficio según el Código Penal (215.1), al dirigirse la ofensa “contra funcionario público, autoridad o agente de la misma sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargo”.

El Consistorio cartagenero recurrió en un juzgado, a comienzos de marzo del presente año, y por la vía contencioso-administrativa, tanto la declaración de 'bien inventariado' sobre el centro penitenciario, al no incluir dentro de esta figura el pabellón de reclusos, como la autorización de las obras de derribo, solicitando su suspensión como medida cautelar. Su motivo fue el “cambio de criterio” desde la Dirección General de Bienes Culturales a la hora de dejar desprotegida esta parte de la prisión.

En el escrito se menciona que el 22 de marzo de 2017 se inició un expediente para declarar ‘bien inventariado’ a la cárcel de San Antón, que caducó el 10 de abril de 2018 al cumplirse el año estipulado por la ley para su resolución. El 11 del mismo mes se incoaba un nuevo informe que, esta vez, no incluía el pabellón de reclusos. “Dicho cambio […] no se encuentra debidamente motivado”, señalan en la denuncia desde el Consistorio. En la misma línea, aseguran que resulta “contradictorio”, que se proceda a iniciar procedimiento para inventariar la antigua Prisión Central “por su valor cultural como ejemplo de arquitectura carcelaria, [siendo el] único centro penitenciario construido durante la II República”, para luego dejar desprotegido “por su poca relevancia, precisamente el pabellón de reclusos, y sin embargo proteger los muros y la oficina administrativa”.

Al escrito de Mondéjar se ha sumado una denuncia por presunta prevaricación continuada al no conceder la licencia municipal para el derribo de la prisión, presentada por el abogado del Hospital Perpetuo Socorro, Manuel Abadía, y a la que ha tenido acceso La Opinión. El abogado señala que desde la empresa que gestiona el hospital se solicitó licencia para el derribo de la cárcel de San Antón el 6 de febrero de 2017, momento en el que no había figura de protección sobre la cárcel, por lo que el Ayuntamiento debía haber dado la licencia en un plazo de tres meses.