Comptos pide al Gobierno que evite duplicidades entre las ayudas sociales
El vicepresidente del Gobierno, Miguel Laparra, consejero de IU al frente del departamento de Derechos Sociales, acaba de recibir su primer “tirón de orejas” oficial por parte del máximo órgano fiscalizador de la Comunidad foral, la Cámara de Comptos. La entidad recomienda al que hasta ahora ha sido el departamento estrella del Gobierno que revise la gestión de dos tipos de ayudas sociales, las llamadas extraordinarias y las de emergencia social, para evitar duplicidades. Comptos encuentra que los objetivos de dichas ayudas son similares, que los conceptos por los que se conceden “eran coincidentes”, pero, además, el órgano fiscalizador destaca que el departamento “no concretó algunos aspectos de la gestión y control de estas ayudas”, con lo que cada servicio social aplicó procedimientos de gestión, concesión y control diferentes.
Aunque Comptos analizó concretamente las ayudas concedidas en la convocatoria aprobada en 2015, y reconoce que en las convocatorias posteriores de 2016 y 2017 el departamento ha introducido “mejoras”, el órgano fiscalizador señala que “se echa en falta un procedimiento y criterios comunes para la gestión de esas ayudas en todos los servicios sociales”.
Las consideraciones del órgano fiscalizador han provocado la inmediata reacción de UPN, formación política que solicitó la auditoría de las convocatorias. Su portavoz en Derechos Sociales, la ex consejera Maribel García Malo, no tiene dudas: “El informe demuestra que la gestión del Gobierno es una chapuza”, asegura. Su partido ha solicitado la comparecencia del vicepresidente Laparra en el Parlamento para que explique qué correcciones piensa introducir en futuras convocatorias de estas ayudas.
Ayudas extraordinarias y ayudas de emergencia social
El informe de Comptos señala que en 2015 el departamento de Derechos Sociales destinó 65,8 millones a ayudar a familias navarras sin medios de subsistencia. La mayor parte de ese importe (64 millones) tuvo como destino la Renta de Inclusión Social y otro tipo de ayudas. El resto se destinó a ayudas extraordinarias para personas sin recursos, con el fin de paliar situaciones de marginación social.
Por otra parte, en octubre de 2015 el mismo departamento publicó una convocatoria de subvenciones para que los 45 servicios sociales de base de Navarra realizaran programas de ayudas de emergencia social. Comptos explica que las ayudas de emergencia social son prestaciones extraordinarias y no periódicas, destinadas a personas en situación económica precaria. Su objetivo es hacer frente a gastos relacionados con alojamiento, nutrición, salud, energía y educación.
El Gobierno de Navarra gastó 1,6 millones en esas ayudas que se destinaron a 3.000 familias compuestas por 9.600 personas, de las que 3.700 eran menores. Cada familia recibió una media de 520 euros. El 45% del gasto se destinó a alojamiento, el 26% a nutrición y salud, el 12% a energía, el 11% a la cobertura de otras necesidades básicas y el 6% a educación e integración socio-laboral.
La Cámara de Comptos ha revisado una muestra de expedientes de los 45 servicios sociales de base. Concluye que, en general, “las situaciones que se tratan de solventar con estas ayudas no responden a una emergencia puntual sino a necesidades continuas de ingresos de los solicitantes”.
Por otra parte, según el órgano fiscalizador, “no siempre consta la justificación del destino de la ayuda recibida, destacando el caso de Pamplona que, aplicando su propia ordenanza, la sustituye por un informe técnico”. En este servicio social de base, “algunas de las ayudas se tramitaron simultáneamente a las extraordinarias, con el compromiso de devolución en el caso de recibir ambas”. El informe señala que “no se ha realizado un seguimiento adecuado de esa obligación de reintegro”.
García Malo ha asegurado que el documento de Comptos revela que “no existía la situación de emergencia social que el cuatripartito quiso hacer creer a la sociedad navarra que existía”. “Había una grave crisis económica” pero “lo que pone de manifiesto este informe es que teníamos los mecanismos para cubrir las necesidades de ingresos por parte de la población afectada por esta crisis”, ha resaltado. García Malo ha asegurado que las ayudas de emergencia del Gobierno de Navarra “lejos de paliar una brecha territorial entre los navarros que viven en los distintos municipios, vulneran el principio de igualdad” en el acceso a las ayudas sociales.
Así, ha asegurado que, según el municipio, “tienen distintos requisitos para acceder a la ayuda” que “en algunos casos son más restrictivos y en otros más generosos”. De la misma manera, “en unos municipios puede solicitar la ayuda cualquiera que cree que reúne los requisitos, y sin embargo en otros son los servicios sociales de base son los que llaman a las personas que consideran que tienen que recibir estas ayudas”. Además “en unos municipios se pedía que se justificase el gasto y en otros no”, ha destacado.
“Dada la premura y la improvisación con la que sacaron estas ayudas de emergencia el Gobierno de Navarra, los servicios sociales de base y sus profesionales hicieron lo que buenamente pudieron, pero la realidad es que se ha tratado de forma injusta y desigual a los navarros según donde viven”, ha censurado la regionalista.
