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Un alcalde prohíbe reunirse en una lonja a un grupo independiente

El regidor de Muskiz, Borja Liaño (PNV), esgrime una ley de Medio Ambiente que obliga a pedir una licencia de actividad para reunirse en sedes sociales. "No se les impide reunirse. Pero cuando alguien usa un local para lo que sea necesita esa licencia", justifica.

Tras este litigio, ha requerido al batzoki del municipio que también pida permiso. El concejal afectado del grupo Muskiz Bai señala que no es sede ni oficina y que atiende a vecinos como si fuera en su domicilio o en un bar.

El afectado llevará el caso a los tribunales para defender su derecho de reunión.

Borja Liano (PNV), alcalde de Muskiz.

Borja Liano (PNV), alcalde de Muskiz.

El alcalde de Muskiz Borja Liaño (PNV) ha prohibido reunirse en una lonja a un grupo independiente del municipio, Muskiz Bai, que tiene un concejal en el Ayuntamiento. El gobierno local esgrime la ley vasca de Medio Ambiente que obliga, desde abril de 2012 tras un cambio introducido, a pedir un permiso para el uso de una sede social pero los afectados señalan que no es su sede ni oficina y que solo sirve para atender a los vecinos que lo deseen. Tras suscitarse esta polémica, el alcalde solicitó al batzoki que le aclarase si realizaban reuniones y el pasado 24 de febrero el gobierno de Muskiz ha requerido a la sede del PNV que regularice su actividad de celebración de encuentros.

"La Policía municipal actuó tras una denuncia y los técnicos dicen que hace falta licencia de actividad, que no es para el derecho de reunión. Eso nadie lo ha prohibido pero cuando alguien usa un local para lo que sea necesita esa licencia. Ellos se han enrocado. No se les impide reunirse y de hecho siguen haciéndolo. El ayuntamiento se ve obligado a actuar así", explica el alcalde.

Los afectados, que en este caso ven la venganza de un funcionario municipal con el que han tenido diferencias, van a presentar una denuncia en los tribunales para defender su derecho de reunión.

La polémica se remonta a finales del pasado año cuando un funcionario local (con el que el grupo independiente ha tenido disputas por las subidas de sueldos de los empleados) denuncia al Ayuntamiento el uso de una lonja familiar. El local no es ninguna sede ni oficina de Muskiz Bai, que al ser una agrupación electoral carece de estructura orgánica ni tiene afiliados ni cuotas. “No  está abierta al público ni guarda  archivos. Simplemente permite que aproximadamente una vez a la semana  personas interesadas por la actividad política del concejal obtenido por esta Agrupación debatan de forma razonada temas de interés local”, señala el concejal Javier García, quien no ha recibido denuncias por molestias ni ruidos ni “puesta en peligro de la salud o el medio ambiente”.

García afirma que, además de en esa lonja, celebra reuniones con vecinos en el municipio o fuera de él “en mi domicilio, en bares, en cafeterías, en restaurantes, paseando, en persona” o a través de las redes sociales. Por ello, asegura que el uso del local es “a título individual” y que este tipo de reuniones están amparadas por la Constitución sin que se requiera autorización previa ni licencia de actividad. Agrega que la actuación municipal es “discriminatoria respecto a lo que este mismo Ayuntamiento ha establecido para la regularización de la lonjas  juveniles”.

Vigilancia de la Policía Municipal

En la documentación del caso, constan también media docena de partes de la Policía Municipal que ha estado realizando labores de vigilancia del local. En uno de ellos, fechado el 2 de enero, se dice que en el local “clausurado por la falta de los permisos correspondientes se sigue haciendo uso con fines propagandísticos”.

Los denunciantes resaltan el hecho de que el gobierno local del PNV preguntara al batzoki si se utiliza para celebrar reuniones “lo que lo sabe todo el pueblo y se hace en todos los batzokis” y que se haya requerido a finales de mes para que pida la licencia de actividad de reunión.

El Ayuntamiento ha rechazado las alegaciones del edil y, en la reunión de la junta de gobierno del pasado 10 de marzo, argumenta que “si bien el derecho de reunión es libre” para el ejercicio de la actividad “de reunión en un local de un edificio de viviendas situado en suelo urbano residencial, y teniendo en cuenta que la actividad es susceptible de producir ruidos, deberá justificar que lo construido incorpora las medidas correctora necesarias para que la utilización  respete los niveles de contaminación acústica aplicable”.

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