Luxemburgo juzga la devolución de las vacaciones fiscales vascas
La Comisión Europea se sigue sin fiar sobre la recuperación de las llamadas vacaciones fiscales en Euskadi, los incentivos que beneficiaron entre 1995 y 2000 a cerca de 300 empresas. Por eso, hoy el Tribunal de Luxemburgo -la instancia judicial europea que dirime los litigios que afectan a los países miembros- vuelve a juzgar este caso. Pero no la cuestión de fondo: su ilegalidad por tratarse de ayudas de Estado ya fue confirmada el alto Tribunal europeo en 2006 y no tiene vuelta atrás. Ahora se van a dirimir las cantidades devueltas y los criterios utilizados.
Las tres diputaciones forales (las instituciones vascas que dieron las ayudas que alcanzaban deducciones de hasta el 45% de inversiones que superasen los 15 millones de euros) realizaron una primera devolución de las ayudas en 2007 tras el fallo judicial de 2006. Pero entonces las autoridades de Bruselas se consideraron engañados, al cuantificar que sólo se había devuelto menos del 15% y calculaban que aún se debían unos 750 millones. Ante ello, la CE presentó en 2011 una demanda ante el Tribunal de Luxemburgo que exigía además una multa económica. Esta sanción asciende ya a 63 millones de euros y si el Tribunal Europeo le da razón a Bruselas será aún mayor: más de siete millones de euros al mes una vez que se emita la sentencia hasta el día en que se recupere todo lo exigido.
El pasado año, tras una ardua negociación, las diputaciones volvieron a recaudar más dinero de las empresas, una cantidad que no ha trascendido, con lo que el asunto parecía zanjado. Pero las devoluciones han sido consideradas insuficientes para la Comisión Europa, que ha mantenido la demanda planteada en 2011. Esto es lo que se dirimirá hoy en el Tribunal de Luxemburgo.
Y es que en esta segunda devolución, parte de la recaudación se ha realizado en especies, mediante propiedades y activos de las empresas que se beneficiaron de las vacaciones fiscales, algo que no es aceptado por la Comisión Europea. Y tampoco están de acuerdo en el importe devuelto, que debería ser mayor según el criterio de las autoridades comunitarias.
Ni las diputaciones ni las empresas afectadas podrán defenderse en la vista de hoy, ya que la multa que se enjuicia tiene como responsable al Reino de España y será un abogado del Estado quien defienda a las administraciones y compañías vascas. El diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, se mostró ayer “tranquilo” ante la vista, ya que “hemos cumplido íntegra y estrictamente los mandatos de la Comisión y de la propia Corte para la recuperación de esas ayudas fiscales”. La Comisión Europea, vistos los antecedentes (aparte de las devoluciones de 2006 las autoridades vascas también fueron sancionadas por las ayudas concedidas a las empresas Ramondín y Daewoo), mantiene el escepticismo sobre la actuación en Euskadi.
