El Gobierno estudia reducir a 3 meses el plazo de las ayudas a víctimas de violencia de género
El Departamento de Empleo y Políticas Sociales estudia introducir algunas modificaciones en las ayudas directas para mujeres víctimas de violencia de género, entre las que ha avanzado la reducción del plazo de respuesta de la solicitud, pasando de seis a tres meses, la modificación del concepto de mujer víctima de violencia para que se incluya a las mujeres menores de edad emancipadas, el aumento de las partidas para las mujeres migrantes que opten por el reagrupamiento familiar.
El viceconsejero de Políticas Sociales, Iñigo Pombo, ha explicado que la experiencia adquirida en la aplicación de esta normativa, ha puesto de manifiesto la “conveniencia” de introducir algunas modificaciones a través de una nueva orden en la que se encuentra trabajando el departamento. Además de residenciar correctamente las ayudas en Empleo y Políticas Sociales, se pretenden introducir algunas modificaciones para “favorecer una mejor gestión en beneficio de las mujeres”.
Al respecto, ha avanzado que se plantean modificar el concepto de mujer víctima de violencia para que se incluya tanto a la mujer mayor de edad como a la menor de edad emancipada. También se está discutiendo la reducción del plazo de respuesta de la solicitud pasando de 6 a 3 meses “dado que se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica muy importante”, ha señalado.
El tercer aspecto que se pretende modificar es reconocer el derecho a modificar al alza la cuantía de la ayuda, cuando la mujer inmigrante haya obtenido la reagrupación familiar de hijos, dentro de los 300 días siguientes a la solicitud de la ayuda, “ya que hay muchas mujeres inmigrantes sometidas a procesos de violencia de género que recibe esta ayuda y han dejado a sus hijos en su país de origen con la voluntad de traerlo en un futuro”.
Por ultimo, ha reconocido que el departamento de Empleo y Políticas Sociales se encuentra en el “inicio” de la nueva orden, comenzando a trabajar en este asunto, que deberá ser “debidamente contrastada y canalizada”.
Pombo ha recordado que las ayudas económicas están dirigidas a mujeres víctimas de violencia de género que carezcan de recursos económicos y “sobre las que se presuma que, debido a su edad, falta de preparación general o especializada y por otras causas, tendrán especial dificultad para conseguir empleo”. “El objetivo de estas ayudas es facilitar unos recursos mínimos de subsistencia que permitan a las mujeres independizarse de su agresor y facilitar su integración social”, ha subrayado.
La normativa también recoge “otras prestaciones económicas” que puedan establecerse en el marco de las finalidades del marco de Servicios Sociales, ya contempladas en el borrador del Decreto de Cartera de Servicios Sociales del País vasco.
