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El Gobierno rehúsa recuperar un vertedero de una constructora ligada al PNV

Un informe técnico del Ayuntamiento de Zalla concluye que se incumplió la ley y que la zona "afectada debe ser recuperada" y el Departamento de Medio Ambiente, basándose en ese informe, asegura que no es un "vertedero ilegal".

Técnicos de la Dirección de Calidad Ambiental comunicaron al consistorio "oralmente" que había un basurero y que había que sellarlo para la recuperación de la zona.

El consistorio acuerda ejecutar el aval de 200.000 euros de Construcciones Olabarri por no depositar los residuos en un vertedero oficial.

El Departamento de Medio Ambiente rechaza recuperar un vertedero creado en Zalla por una constructora vinculada al PNV, pese a que un informe técnico concluye que la zona “afectada debe ser recuperada” y que los residuos contravinieron la ley. “Constituye un vertedero a los efectos legales, técnicos y administrativos”, señala el informe de la empresa de geología Terranova encargado por el Ayuntamiento de Zalla. En cambio, Medio Ambiente dice, basándose en el mismo informe, que “no cabe considerar como un vertedero ilegal la actuación realizada”.

La polémica procede de las obras realizadas en el nuevo frontón municipal de Zalla, que fueron adjudicadas a Construcciones Olabarri, una empresa cuyos dueños están vinculados al PNV. En la adjudicación, como en todos estos proyectos, se incluía el coste de los vertidos de los escombros y tierras, que debe ser trasladados a un vertedero autorizado. Un informe municipal, que los califica en el título de “vertidos clandestinos”, señala que se generaron más de 22.400 metros cúbicos, que, según el canon de vertido existente, tenían un coste de más de 107.000 euros. Pero, según el informe del arquitecto asesor fechado el pasado 15 de abril, “existe constancia de que dicho volumen de tierras ha sido depositado en una parcela situada en el barrio de Ijalde”, para lo que aporta documentación gráfica. El Departamento de Medio Ambiente, en un escrito del 30 de mayo, admite que “no consta dato alguno” sobre los residuos “y su vía de gestión”.

El Ayuntamiento de Zalla, ahora dirigido por un grupo independiente al sustituir al PNV (que ostentó la alcaldía cuando se adjudicaron las obras), encargó un informe a la empresa de geología Terranova que detecta en su estudio, fechado en mayo de 2012, que en el barrio de Ijalde “se detectó la presencia de residuos de diversa naturaleza”, que fundamentalmente eran de construcción y demolición “y rocas y tierras provenientes de excavaciones”. Concluye que la zona “debe ser recuperada” y que los vertidos se hicieron sin “disponer las autorizaciones necesarias, en particular las medioambientales, contraviniendo las disposiciones legales y administrativas sobre la materia”. Incluso señala que en alguna zona del vertedero hay sustancias como sulfatos y cromo. “El acumulo de residuos constituye un vertedero a los efectos legales, técnicos y administrativos y como tal debe ser investigado y recuperado”.

El Ayuntamiento de Zalla pidió, tras este informe, la intervención del Departamento de Medio Ambiente en junio de 2012. El informe del arquitecto asesor municipal ya señala, en abril pasado, que  la Dirección de Calidad Ambiental admite la existencia del vertedero y la necesidad de su recuperación  al informar “oralmente que la alternativa más viable y con menor impacto ambiental” para recuperar el vertedero “sería proceder al sellado superficial in situ”. El coste estimado de dicho sellado sería de 100.000 euros, dice el informe.

Pero la directora de Administración Ambiental del Gobierno vasco, Alejandra Iturrioz, afirma, en un escrito remitido el pasado 30 de mayo al Ayuntamiento de Zalla, que “conforme al contenido” del informe de Terranova se depositaron tierras, rocas y residuos de construcción y demolición pero que la afección al medio ambiente es “probablemente mínima o casi inexistente”. Considera que “no cabe considerar como un vertedero ilegal la actuación realizada, aun cuando sí puede tipificarse como la utilización de un producto granular inadecuado”. Pese a los requerimientos de este diario, un portavoz del Departamento de Medio Ambiente consultado no aclaró esta diferencia de calificación respecto al informe técnico del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Zalla, en un pleno celebrado en julio, acordó por unanimidad, con los votos de los independientes, el PNV y el PSE, ejecutar una aval de la constructora por casi 200.000 euros por no depositar los residuos en un vertedero oficial. Construcciones Olabarri ha llevado a los tribunales la ejecución del aval.

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