Magistrados y juristas vascos analizan en Bilbao la prisión permanente revisable, ante el cambio de Gobierno

La sección territorial de Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD) en Euskadi, en colaboración con Colegio de la Abogacía de Bizkaia y el Grupo de Estudios de Política Criminal, ha organizado la mesa redonda “con el fin de abordar la naturaleza” de esta pena, así como la “justificación, eficacia y afectación de los derechos humanos”.

Bajo el título “Cadena perpetua y derechos humanos”, los organizadores han mostrado su convicción de que “el debate jurídico-político que ha supuesto la implantación de esta pena” en el ordenamiento jurídico “sigue vivo, y se ha reactivado con el cambio de Gobierno y la eventualidad de nuevos debates parlamentarios sobre la conveniencia de su mantenimiento o supresión”.

Por ello, han desarrollado una mesa con el objetivo de “aunar la visión científica, práctica y de política criminal” de la “polémica pena”, en la que han participado el juez de Instrucción de Bilbao Urko Giménez Ortiz de Zárate, el magistrado de la Audiencia Provincial de Bizkaia Juan Ayala, el catedrático de Derecho Penal de la EHU-UPV Norberto de la Mata y la abogada Ana Palacio.

Durante su intervención, Urko Giménez, también representante de JJPD, ha aludido al debate desarrollado en 2015 en torno a la prisión permanente revisable y ha confiado en que “hoy, tras el cambio de Gobierno, podría derogarse”. Por su parte, el magistrado Juan Mateo Ayala ha coincidido con su colega al defender que una pena “debe respetar la dignidad de las personas”.

El catedrático de Derecho Penal de la EHU-UPV Norberto de la Mata ha recordado que la prisión permanente revisable desapareció en 1928, en época de la dictadura de Primo de Rivera “para acercar la regulación a las más modernas”.

Según ha apuntado, la Constitución española afirma, en su artículo 25, que “la finalidad de la pena es la resocialización”, algo que esta figura “no cumple”. “No se necesitaba esta pena en nuestro código penal. No hay ningún estudio criminológico o judicial que indique que esta pena impedirá nuevos delitos”, ha advertido.

La abogada Ana Palacio ha asegurado que “no pueden reformarse las leyes para conseguir el beneplácito social” porque, de esa forma, se incurre en “populismo punitivo”. No obstante, ha asegurado que la prisión permanente revisables es “una pena admisible”, como así lo ha destacado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.