El Parlamento se retira de la batalla judicial contra su exjefe de seguridad y no recurrirá el archivo de la investigación
El Parlamento Vasco, tras una peculiar reunión no presencial de la Mesa, ha acordado no proseguir con las acciones legales contra su exjefe de seguridad tras la decisión de la juez de Vitoria Beatriz Eva Román Gobernado de archivar la investigación por el uso indebido de las tarjetas de crédito adscritas a los vehículos oficiales de la institución y tras no apreciar en la Fiscalía voluntad de mantener la batalla jurídica, si bien este periódico no ha podido confirmar este extremo con el ministerio público. La decisión política ha sido unánime aunque dentro de la Cámara hay voces que reclamaban más exigencia en el control del dinero público e incluso ampliar la investigación a otros ámbitos más allá de la gestión del parque móvil, como los contratos de videovigilancia.
Después de que este lunes se conociera la resolución de la instructora, en la que se considera “creíble” y “razonada” la versión exculpatoria del ertzaina -que tenía rango de asesor- a pesar de los informes presentados por el Parlamento, la Mesa, reunida con carácter extraordinario sólo para abordar este espinoso asunto, ha entendido que no queda recorrido judicial posible para el caso. Se da la circunstancia de que los cinco miembros de la Mesa no han podido reunirse físicamente por estar algunos de ellos o de viaje oficial o de vacaciones todavía, por lo que ha sido un intercambio de impresiones telemático.
Fue el propio Parlamento, a través del trabajo de su vicepresidenta Eva Blanco (de EH Bildu), el que detectó en primera instancia las anomalías económicas en la oficina de seguridad de la Cámara. Concretamente, el detonante fue un accidente de tráfico que obligó a retirar de la circulación el Audi de la presidenta, Bakartxo Tejeria. Durante el mes de reparación del coche oficial, la tarjeta de crédito adscrita a él siguió teniendo gastos, lo que motivó la investigación del uso de esas tarjetas. El exjefe de seguridad tenía un total de cuatro a su disposición y, en el juzgado, arguyó que ninguna estaba adscrita físicamente a un coche concreto -aunque llevan impresa la matrícula de cada uno- y que tenía gasto porque las usaba indistintamente.
Fuentes parlamentarias lamentan que la investigación judicial de Román Gobernado ha sido superficial, sin tomar declaración a las personas que en la Cámara analizaron los números y solicitando el mínimo de información. No es la primera vez que ocurre algo así en ese juzgado. Ni siquiera hay una estimación clara del gasto de las tarjetas durante la primera parte de la legislatura y, sobre todo, después de la salida fulminante del exjefe de seguridad cuando se tuvieron los primeros indicios de irregularidades. El ertzaina ya ocupa otro destino en el cuerpo y no se prevé que pueda solicitar un regreso a su plaza en el Parlamento.
