Urkullu aspira a completar la legislatura aunque reconoce “incidencias” que podían llevar al “bloqueo” en Euskadi y a elecciones anticipadas
El lehendakari, Iñigo Urkullu, sigue convencido de sus posibilidades de agotar la legislatura vasca, que expira en el verano del año que viene. De hecho, ha recordado que otros rumores de adelanto electoral a lo largo de este año se han quedado en eso, en simples rumores. No obstante, el presidente vasco es muy consciente de las “incidencias” que rodean a la situación política general y que podrían obligar a convocar autonómicas algo antes de lo previsto. Los factores encima de la mesa son dos, posibles elecciones generales en noviembre y la negociación de los presupuestos vascos, y además están interrelacionados; el “bloqueo” político que conllevaría a todos los niveles una nueva confrontación en las urnas podría acentuar aún más la minoría en el Parlamento de la coalición de PNV y PSE-EE e imposibilitarle terminar la legislatura con presupuestos y otras grandes leyes aprobados.
Urkullu, por vez primera desde marzo, ha realizado una comparecencia institucional con posibilidad de preguntas de los periodistas después de la primera reunión del Consejo de Gobierno tras el parón vacacional, una cita que como cada año se traslada desde la capital, Vitoria, hasta el palacio Miramar, de San Sebastián. El lehendakari ha hecho balance de los “1.000 días” de su segunda legislatura -ahora en un Ejecutivo compartido con los socialistas- y ha destacado el alto grado de cumplimiento del programa de Gobierno, incluyendo una tasa de paro “por debajo del 10%”, el incremento de turistas, las 17.000 oportunidades de empleo ofrecidas a jóvenes o que el 70% del gasto total sea social (62% en 2012). En su dación de cuentas, sin embargo, ha orillado otros asuntos más espinosos como la salida hace unos meses del consejero de Salud, Jon Darpón, y de otros cargos de su equipo por la crisis de las oposiciones de Osakidetza o que en apenas un mes se espera la sentencia del mayor caso de corrupción investigado en Euskadi, el 'caso De Miguel', que afecta a dirigentes del PNV de Álava cuando Urkullu lo era del Euzkadi Buru Batzar.
En el plano económico, a la vista de la situación internacional, Urkullu sí ha reconocido que “los nubarrones son evidentes”, en referencia a la crisis entre China y Estados Unidos, al Brexit o al frenazo de la locomotora alemana. No obstante, Euskadi mantiene una previsión de crecimiento del 2,3% para el 2019 y del 2,0% para 2020, con 28.000 puestos de trabajo creados en los dos ejercicios.
En este contexto expansivo, el lehendakari ha reconocido que no aprobar por segundo año consecutivo los presupuestos no sería “un drama”. Ha recordado que no tiene nada que ver con lo ocurrido en 2013, en un contexto de recortes, un momento que estuvo a punto de hacer caer a su Gobierno apenas un año después de tomar posesión. Sin embargo, ha añadido que “la opción primordial es contar con presupuestos 'ad hoc' para 2020”.
Pero el Gobierno de PNV y PSE-EE tiene 37 de los 75 escaños de la Cámara autonómica y necesita un tercer socio. Lo fue el PP en 2017 y 2018, pero la moción de censura que derrocó a Mariano Rajoy lo cambió todo y en 2019 el Ejecutivo tuvo que retirar su proyecto de cuentas ya que la alternativa de negociación con EH Bildu saltó por los aires. Urkullu, de cara a las negociaciones de 2020, se ha mostrado “en disposición a hablar con todos” y ha afirmado que los primeros sondeos previos a la presentación del borrador han sido satisfactorios.
Ha matizado, eso sí, que las conversaciones tendrán que ser “exclusivamente del contenido del proyecto y no de cuestiones extrapresupuestarias y que no corresponden al Gobierno vasco”. Era una referencia velada al PP de Alfonso Alonso, que ha planteado como condición para retornar a la vía del acuerdo rebajar el IRPF. El lehendakari ha recordado que en el sistema fiscal vasco ésa es una competencia de las Juntas Generales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y no del Parlamento autonómico y que la anterior reforma fiscal, pactada precisamente con el PP, se estableció esperar a 2020 para evaluar los cambios tributarios y valorar posibles ajustes.
Sin calendario de transferencias
Urkullu también ha sido muy crítico con la situación de “interinidad” que vive España y que él sitúa en el tiempo desde 2015. Euskadi, aunque no tiene urgencias económicas como otras comunidades autónomas sin sistema propio de financiación, tiene temas pendientes de resolver con el Estado, principalmente el calendario de transferencias del Estatuto de 1979 que se había iniciado este año con la cesión de las autopistas AP-1 y AP-68 y varias líneas de ferrocarril. Están empatanadas otras negociaciones como la de Prisiones.
A juicio del lehendakari, España requiere de “un Gobierno que se ponga en marcha cuanto antes para acabar con esta interinidad” y ha constatado que “la celebración de unas nuevas elecciones nos llevaría al impedimento de una relación efectiva del Gobierno vasco con el Gobierno español”. Según Urkullu, es improbable que los resultados vayan a cambiar los equilibrios y ha pedido responsabilidad a las partes para procurar “estabilidad” al Estado.
