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Un alto cargo de la Diputación vizcaína, imputado por un plan urbanístico

El actual director de Igualdad, Xabier Legarreta (PNV), declara mañana ante un juzgado acusado de dos delitos de prevaricación y societario por causar un quebranto económico de 3,4 millones cuando era alcalde de Bermeo.

Se le acusa, junto a otro ex edil peneuvista y el gerente de una sociedad municipal, de aumentar de forma irregular dos plantas en un bloque de viviendas.

Las obras están paralizadas judicialmente desde hace más de dos años por las irregularidades detectadas.

Un alto cargo de la Diputación, el actual director de Igualdad Xabier Legarreta (PNV), declarará mañana en un juzgado como imputado en dos delitos de prevaricación  y societario por una operación urbanística cuando era alcalde de Bermeo en representación de los peneuvistas. Un informe técnico del juzgado considera que cometió un quebranto económico para las arcas públicas de 3,4 millones de euros. En la denuncia, también está imputado el entonces teniente de alcalde Iñigo Imatz, igualmente del PNV, y el gerente de la sociedad municipal, Beruala, Josu Azaola. La demanda fue admitida a trámite el pasado 1 de agosto por el juzgado de instrucción número 1 de Gernika al ver indicios de estos delitos y hoy, un mes después, comienza la toma de declaraciones de testigos.

Los hechos, según consta en la denuncia presentada en julio pasado por el actual ayuntamiento (ahora en manos de Bildu), se remontan a 2008. Entonces la sociedad Beruala, de propiedad municipal y creada para la reconstrucción del Casco Viejo de Bermeo, promueve una operación urbanística de viviendas a precio tasado (más caras que las de protección oficial pero con precio inferior al mercado libre) en una zona en las afueras de la localidad. Las licencias para la construcción se concedieron en junio de 2009 pero en los trabajos se afectó a otro bloque de viviendas de una promotora privada, que lo denunció. Tras un pacto judicial sobre cómo ejecutar las viviendas, el asunto se resuelve pero la realidad es que la sociedad municipal no cumple lo pactado y construye dos plantas más.

La promotora privada, señala la denuncia, vuelve a demandar a la sociedad municipal y el juzgado paraliza las obras en julio de 2011. Encarga entonces un informe técnico que concluye que el Ayuntamiento debe abonar una fianza de 3,4 millones para el derribo de la dos plantas construidas de manera irregular. Este asunto ha llevado a la sociedad Beruala a acumular una deuda de 4,1 millones de euros, lo que le sitúa en una situación de quiebra técnica, y a dejar paralizada la construcción de las viviendas.

El actual consistorio acusa, en su denuncia presentada a finales de julio, al alto cargo foral Xabier Legarreta (quien continúa como edil por el PNV en Bermeo) y al ex concejal del PNV Iñigo Imatz de los delitos de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas) y societario, por un daño importante en su gestión a la sociedad Beruala, de la que eran, respectivamente, el presidente y el presidente ejecutivo. Al gerente se le imputa el delito societario. La demanda ha sido admitida a trámite al ver indicios de estos delitos por el juzgado de instrucción número 1 de Gernika.

Las declaraciones de este caso comienzan hoy con la toma de testimonio, en calidad de testigo, del actual presidente de la sociedad Beruala y edil de Urbanismo, Juan Karlos Goienetxea. Mañana acudirán al juzgado de Gernika los tres imputados.



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