Ope de Osakidetza: un sistema fraudulento al servicio del capital

Ha pasado casi un año desde que ESK destapara las filtraciones en los exámenes de determinadas categorías médicas en la última OPE de Osakidetza. En este año, hemos asistido a la dimisión de la cúpula gestora de Osakidetza, con su Directora General a la cabeza, seguida de su Director de Recursos Humanos y que finalmente llevó aparejada la dimisión del Consejero de Salud, el señor Darpón.

Las sospechas de fraude en estas categorías eran un clamor popular entre el personal del Servicio Vasco de Salud. Tanto es así, que mucho antes de realizarse los exámenes ESK, a instancia de un grupo de profesionales médicos afiliados/as al sindicato, decide denunciar bajo el formato de “Supongamos” en un escrito dirigido a la plantilla la posibilidad de filtraciones de exámenes. Decide poner el dedo en la llaga y denuncia que en las oposiciones de estos colectivos se están quebrando los criterios de igualdad, capacidad y mérito. Incumpliendo los criterios de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003 y el Estatuto de la Función pública Vasca. Un fraude orquestado por un entramado del que forman parte algunos Jefes de Servicio que, deciden quien obtiene plaza y quién no, y con conocimiento delos responsables de Osakidetza.

Ante la negativa de la Fiscalía y el Ararteko de intervenir de manera previa a la realización de los exámenes por no existir evidencias, en abril de 2018 (faltando un mes para la realización de los exámenes) ESK decide levantar un Acta Notarial, con el nombre de las 7 mejores notas de determinados aspirantes, así como su orden de puntuación, acertamos el pleno.

La respuesta de los gestores de Osakidetza, una vez más, no ha estado a la altura. Ante las primeras denuncias su respuesta fue negar la mayor, cargando la responsabilidad sobre agentes externos (los Tribunales examinadores, el IVAP), o tildando como denuncias obscenas las realizadas por los sindicatos. Eso sí, se ven obligados a iniciar una investigación interna, sin aportar ninguna causa aparente que la justifique, y que más parece encaminada a forzar un cierre de filas que a esclarecer lo ocurrido. Mientras, ESK acude a los Tribunales.

Su objetivo nunca ha sido aclarar las dudas, ni despejar las sospechas, determinando responsabilidades, cuyas consecuencias penales se están dirimiendo vía judicial. El objetivo que se escondía detrás de las decisiones del ya exconsejero era echar balones fuera, buscando minimizar los daños y amedrentar al personal que se ha atrevido a denunciar la corrupción existente en un intento de echar tierra sobre el asunto y evitar olores de corrupción.

Finalmente, como si estuviéramos en un mundo del revés, en comparecencia parlamentaria el Sr Darpón y María Jesús Múgica convierte a los denunciantes en denunciados en un intento de segar cualquier actitud de denuncia o de exigencia de derechos por parte del personal.

El escándalo, lejos de amainar, continúa con una nueva comparecencia parlamentaria, en la que el señor Darpón y la señora Múgica presentan las conclusiones de su investigación interna. Investigación que, como decíamos más arriba, sólo les sirve para cerrar filas y negar los testimonios de miembros de diferentes Tribunales, que reconocen los indicios de filtraciones.

Conclusiones que Osakidetza eleva a la Fiscalía, y que sirven para avalar la denuncia que esta eleva al Juzgado. Donde Darpón y Múgica no ven indicios de delito, la Fiscal imputa a tres Jefes de Servicio por revelación de secretos, y propone llamar a declarar, entre otros, a tres altos cargos de Osakidetza, condicionando su comparecencia (como meros testigos o como imputados) a cómo se desarrollen los interrogatorios al resto de personas llamadas a declarar.

Mientras, a Darpón se le abre un nuevo frente, con la solicitud, por parte de EH Bildu y de Podemos, de creación de una Comisión de Investigación Parlamentaria sobre este escándalo. En un intento de paralización de la misma, la Directora General de Osakidetza, la señora Múgica, presenta su dimisión como peaje político que el PNV paga por la abstención del PP, que junto a los votos en contra del propio PNV y de su socio de Gobierno, PSE, impiden la creación de la misma.

A primeros de enero de 2019, el Director de Recursos Humanos, señor Soto, presenta su renuncia al cargo sin explicitar los motivos. Esta renuncia se produce después de la entrada del nuevo Director General, señor Diego; hombre de confianza del PNV y mano derecha del Lehendakari, señor Urkullu. Y es una muestra más de la nefasta gestión del escándalo; la entrada del señor Diego sólo tiene como objetivo llevar adelante la política de “control de daños”, y presentar la renuncia como un proceso de reorganización del Departamento de Personal, sin aportar medidas concretas.

La investigación de la Fiscalía da sus frutos, y en febrero eleva sus conclusiones al Juzgado. Esta situación eleva la presión sobre el todavía Consejero, señor Darpón; no sólo se reactiva la solicitud de creación de una Comisión de Investigación, sino que también se solicita su reprobación Parlamentaria.

Finalmente, y antes de que se produzca el pertinente debate parlamentario, el señor Darpón dimite el 14 de marzo, dejando desolado al Lehendakari Urkullu y al Presidente del EBB, señor Ortuzar; ¡¡Nunca han tenido mejor consejero!!.

Evidentemente, la vía judicial sigue su curso, es ahí donde se dirimirán las responsabilidades penales. Pero para ESK esto no es suficiente. Nos encontramos ante un sistema clientelar en la adjudicación de determinadas plazas de especialidades médicas. Un sistema fuertemente arraigado en Osakidetza, normalizado y de sobra conocido por los diferentes gestores de nuestra Sanidad Pública.

Para ESK, es imprescindible una profunda renovación en la política de Selección y Provisión de Personal, y esta no va a venir de la mano del PNV; y estamos seguras de que eso no va a ser así porque el PNV es el adalid de las políticas neoliberales instauradas en “el oasis vasco”. Recordemos:

La Ley 15/97, que se aprobó con los votos favorables de PP, PSOE, PNV, CIU y Coalición Canaria; sobre nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud y, que , en su artículo único, dice, textualmente: “La prestación de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas”, supuso que en Osakidetza proliferasen las concesiones a empresas privadas para la realización de determinados servicios, entre ellos, la limpieza de nuestro Hospitales y Centros de Salud, o lavandería y cocina; ESK no hemos dejado de denunciar lo que esta privatización supone para las arcas públicas y la atención a la ciudadanía, hasta el extremo que el propio Tribunal Supremo nos ha dado la razón, al declarar nulo de pleno derecho el intento de privatización en estos servicios, dentro del nuevo Hospital de Urduliz.

Pero no sólo se despilfarra dinero público a través de las subcontratación; ejemplo claro es le existencia de la autoconcertación. Iniciada en 1992, Osakidetza contrata a profesionales de plantilla, fundamentalmente personal médico, para trabajar fuera de su horario habitual y cobrar por “ acto médico” (se calcula que unos 300€ por cada uno), con la paradoja de realizar más actos fuera de su jornada y en menos tiempo; y es en este marco, donde a las Jefaturas de los Servicios les interesa tener a gente de su misma concepción ideológica, y así seguir manteniendo este sistema de sobresueldos.

A esto hay que añadir la aprobación, el 23 de mayo de 2012, por el Consejo de Administración de Osakidetza, de la regulación en nuestro ámbito de las Unidades de Gestión Clínicas, que definió como: “estructuras organizativas en las que se agrupa un conjunto determinado de recursos humanos y materiales con objeto de prestar atención sanitaria”. Y todo ello dentro del denominado sistema de gestión clínica, que consiste, según esta normativa, en “transferir poder y responsabilidad a los profesionales facultativos y de enfermería, que son los profesionales que toman la mayor parte de las decisiones sobre la utilización y consumo de recursos”; nos encontramos con profesionales de la medicina y Jefaturas de Servicio con más poder aún.

En dichos acuerdos se contempla la manera de asignar incentivos en base a las mejoras y los ahorros potenciales y el porcentaje de reversión a la Unidad en función del grado de cumplimiento de los objetivos marcados por esta. Si a esto juntamos los pagos que se deriven de la autoconcertación, nos encontramos con unos sobresueldos y un poder desmedido para los Jefes de Servicio.

Además, se le otorga un gran poder a la Dirección de la Unidad, que tiene capacidad de decisión sobre todo lo que afecta al personal de la unidad e incluso sobre quien ocupará las vacantes.

Implantar y mantener este Modelo de Gestión entre los Profesionales de los Servicios es incompatible con un acceso al empleo público, transparente y basado en mérito, igualdad, capacidad y publicidad que ha de darse en todo proceso selectivo; y esto la sabe tanto Osakidetza como el propio Departamento de Sanidad. Es por ello que las filtraciones en los exámenes de Especialistas Médicos son el pan nuestro de cada día; sólo Servicios férreamente controlados por las Jefaturas podrán asegurar y garantizar a Osakidetza y sus Gestores la implantación de este Modelo Privatizador.