Universidad, democracia y autonomía: una historia de 40 años

A lo largo de 2025, y especialmente en el último mes, se ha dedicado una amplia atención mediática e institucional al 50 aniversario de la muerte de Franco y al proceso político que permitió construir los cimientos de la democracia actual. La mayoría de especialistas, sobre todo historiadores e historiadoras, coinciden en que, aunque el dictador murió en la cama, la democracia la impulsó la ciudadanía. No fue, por tanto, el resultado exclusivo de un acuerdo entre élites políticas: la movilización social a favor de la apertura democrática desempeñó un papel decisivo en la consolidación de los valores que hoy (al menos una parte de la sociedad) considera irrenunciables.

En ese contexto, los movimientos sociales y las universidades españolas fueron actores fundamentales. Durante la dictadura, los campus se fueron convirtiendo de manera progresiva en la vanguardia de la contestación política contra el autoritarismo, una tensión constante que el historiador Alberto Carrillo ha definido como una pugna “entre puños y cerebros”. Mientras el régimen permanecía aferrado a un orden autoritario, miles de universitarios y universitarias (muchos vinculados al antifranquismo) reclamaban democracia, libertades y autonomía universitaria. Durante la transición, los campus universitarios continuaron siendo lugares de socialización y reivindicación política. Las movilizaciones masivas de 1975 y 1976 pidiendo amnistía y pluralismo político, así como las huelgas de 1977 y 1978 en defensa de una universidad pública y autónoma, ilustran la relevancia del movimiento estudiantil en la configuración de la España democrática.

Pero la transición y la lucha antifranquista no se vivió solo en las grandes ciudades. Como han señalado especialistas como Encarna Nicolás o Manuel Ortiz, la democratización también se construyó en los pueblos y en las capitales de provincia. Y en ese escenario, la universidad tuvo protagonismo incluso allí donde todavía no existía. Durante la segunda mitad de los años sesenta, en las provincias que hoy forman Castilla-La Mancha comenzaron a surgir iniciativas que reivindicaban la creación de una institución universitaria propia. Buscaban suplir la escasez de oferta de educación superior y superar la dependencia de los centros adscritos a grandes universidades como las de Madrid o Murcia. El medio rural de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo no solo apoyó la apertura democrática del país; también mostró su voluntad de incorporarse a las sociedades del conocimiento y de la educación superior, negándose a quedar atrapado en una España en blanco y negro. En esos primeros momentos, cuando todavía no existía un proyecto territorial definido para Castilla-La Mancha, las propuestas se articulaban desde una lógica esencialmente provincial.

Con la definición del marco autonómico a partir de 1982, estas iniciativas convergieron en la necesidad de crear una universidad regional, que inició su actividad en el curso 1985-1986 como Universidad de Castilla-La Mancha. En aquellos años, mientras España se integraba en la Comunidad Económica Europea (lo que, en palabras del ministro Fernando Morán, suponía “situar a España en su sitio”) Castilla-La Mancha encontraba también su lugar en el sistema universitario español. La trascendencia de la nueva institución desbordó pronto su función estrictamente formativa. Desde su origen, la Universidad de Castilla-La Mancha se convirtió en uno de los pilares de la democracia en la región: contribuyó de manera decisiva a la cohesión territorial y a dotar de contenido a un proyecto autonómico sin una justificación histórica clara, que necesitó construir una narrativa común. Al mismo tiempo, abrió espacios de conocimiento, investigación y pensamiento libre más allá de las grandes ciudades, ampliando los horizontes culturales y críticos del territorio. Cuarenta años después, el proyecto sigue dando sus frutos y, además de formar a especialistas en todos los cambios de conocimiento, asienta población en las provincias rurales y genera ciencia, cultura y conocimiento crítico.

En un momento de creciente crispación política y social, y de cuestionamiento del conocimiento científico, la conmemoración de los cuarenta años de la UCLM ofrece una gran oportunidad para reivindicar el papel de todas las instituciones dedicadas a promover la reflexión crítica y los valores democráticos. Como ha recordado Daniel Innerarity en múltiples ocasiones, una democracia de calidad necesita conversaciones y debates de calidad. Para lograrlos, la universidad es esencial y por ello es necesario reivindicar su papel en perspectiva histórica. Sin universidad no hay conocimiento. Y sin conocimiento no hay democracia.