Casas para vivir, no para invertir

El año comenzaba en Canadá con una prohibición que sorprendió dentro y fuera del país: los extranjeros no podrán comprar bienes inmuebles en el país durante los próximos dos años. El veto, que no afecta a los residentes permanentes y contempla otras excepciones para refugiados y solicitantes de asilo, titulares de permiso laboral o estudiantes extranjeros, pretende poner freno a la especulación inmobiliaria. Los precios de las casas en Canadá han aumentado un 44% en dos años y una de cada cinco ha sido adquiridas por inversores que no tienen la intención de vivir en ellas. Esta situación, amparada por las golden visa (programas de residencia por inversión) que pretenden atraer capital extranjero, se repite en otros países, incluido España, donde el salario de muchos ciudadanos no les permite acceder a una vivienda en propiedad o en alquiler.

En España no se van a tomar medidas de este tipo pero enero será también un mes clave en la regulación del mercado inmobiliario. Todo apunta a que se aprobará la Ley de la Vivienda, una de las normas clave de esta legislatura. Y una de las más necesarias, aunque corra el riesgo de ser insuficiente para solucionar los grandes problemas de la vivienda en España, que se ha convertido en uno de los principales focos de desigualdad. La falta de inversión en vivienda pública, una oferta distorsionada por la especulación y los pisos turísticos y una regulación del alquiler sin perspectiva social y que no mira hacia el ciudadano medio han dado lugar a una grave crisis residencial. Muchos españoles no pueden permitirse pagar un alquiler o una hipoteca aunque tengan trabajo. La situación de las familias vulnerables es dramática y se puede ver en el aumento de los desahucios: cada trimestre se producen más de 10.000, casi todos por impago del alquiler. La OMS advierte de que ser inquilino es un nuevo factor de vulnerabilidad que, además, está estrechamente relacionado con la salud física y mental. La situación es muy preocupante y, como sucedió con la reforma laboral, no cabe atenerse a las viejas recetas conservadoras en un mercado incapaz de encontrar un equilibrio natural que no machaque a los más vulnerables.

Regular los precios del alquiler es una de las claves de la ley que está a punto de aprobarse. El principal escollo está siendo la limitación de los precios en los nuevos contratos que se firmen, y si esta limitación afectará solo a grandes tenedores de vivienda y en mercados tensionados. Estos son los dos conceptos clave para entender la nueva ley: los grandes tenedores son las personas físicas o jurídicas que poseen más de diez inmuebles urbanos de uso residencial. Los mercados tensionados son aquellas áreas declaradas como de difícil acceso a la vivienda, declaración que deberán solicitar las comunidades autónomas.

La negociación se encuentra más avanzada en otros muchos puntos (hay más de 800 enmiendas a la ley, y hay acuerdos para transaccionar más de 400) y prácticamente cerrada en prohibir cualquier desahucio sin alternativa habitacional que afecte a una familia en situación de vulnerabilidad. En ese caso las administraciones estarán obligadas a ofrecer una vivienda alternativa a los afectados por el alzamiento.

A la espera estamos todos los ciudadanos, especialmente los que vivimos de alquiler. El precio ha subido más de un 10% en el último año, y en algunas ciudades españoles, un 30%. Cuatro de cada diez españoles, según Eurostat, dedican más del 40% de sus ingresos a la vivienda. Un ejemplo: el Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona según el cual entre 2000 y 2020 el precio del alquiler subió un 101,6% mientras que los ingresos de las familias crecieron solo un 33,6%. Y otro dato significativo: los grandes tenedores poseen el 36% de los pisos de alquiler en Barcelona. 

Lo que no parece tener una solución a medio plazo es el fomento de la vivienda pública. Entre 2000 y 2020, España le dedicó solo un 0,06% del PIB, cuando la media de la UE fue del 0,5% y no parece que la situación vaya a cambiar de forma notoria. Estamos, pues, muy lejos de garantizar una vivienda digna para todos, Y la dignidad de la vivienda, del lugar en el que hacemos la vida solos o con nuestras familias, está estrechamente relacionado con nuestra dignidad y nuestro bienestar personales. Y proteger la dignidad y el bienestar de los ciudadanos es también tarea de los gobiernos.