La catástrofe ya es inevitable
Si el electorado catalán no modifica sustancialmente sus actuales tendencias de voto, a partir del 27 de septiembre podría empezar a producirse una crisis de Estado cuya gravedad sólo sería comparable al golpe de Tejero de 1981. La amenaza no es de hoy, sino que ha venido gestándose a la luz del día, paso a paso, desde hace cuatro años e incluso desde hace una década. Pero los dos mayores partidos españoles, las instituciones por ellos controladas, los grandes medios españoles y buena parte de los intelectuales que opinan sobre estos asuntos han decidido ignorarla año tras año, autosatisfaciéndose con la denuncia de los males del independentismo catalán y elevando a categoría de bien absoluto la aplicación de las leyes cuando ello fuera preciso. Y hoy ya es tarde para reaccionar. El choque de trenes es inevitable.
Si la lista unitaria independentista gana las elecciones –y eso parece lo más probable, aunque algunos sondeos lo desmienten– en 6 meses a partir del 27 de septiembre el nuevo parlamento aprobará una “ley de transitoriedad” que será, de hecho, una declaración provisional de independencia, a la espera de que sea aprobado el texto definitivo sobre la misma, lo cual debería ocurrir un año después. El programa electoral de “Junts pel sí” establece claramente, sin ambages, esos pasos y nada indica que los grupos que componen esa plataforma no estén dispuestos a darlos sin salirse un ápice del guion. Ese es su compromiso con los electores. Les van a votar para que lo lleven a la práctica.
Las declaraciones supuestamente grandilocuentes de Rajoy –“no habrá independencia”, “se aplicará la ley”– la patética insistencia del PSOE en su propuesta federalista –por la que, además, no han trabajado lo mínimo desde hace diez años– no van a alterar la determinación de los independentistas que desde 2011 no han hecho sino demostrar cada vez más masivamente la fortaleza de sus convicciones y su rechazo a todo lo que les llegaba de Madrid. Frente a ello no caben maniobras de última hora.
Un cambio de actitud por parte del gobierno central es impensable. La gran prioridad Mariano Rajoy es ganar las elecciones generales y cualquier gesto de mínimo acercamiento al independentismo sería interpretado por el sector más tradicional de su electorado, el que se sigue creyendo lo de la España “una”, como una concesión intolerable que seguramente le llevaría a no votar al PP. En perfecta sintonía con sus orígenes ideológicos franquistas, la derecha ha construido su discurso sobre la base de un antagonismo irreconciliable con los nacionalismos periféricos y cualquier vuelta atrás en esos principios sería, además de imposible, traumática.
Convencidos de que esa era su misión –es seguramente en este punto en donde la propuesta política del PP es más firme e ideológicamente inamovible–, el Gobierno y el partido de Rajoy han hecho todo lo que estaba en sus manos para llevar las cosas al disparadero. Antes, en 2006, oponiéndose a la iniciativa reformadora que Zapatero había acordado con Maragall y obligando al presidente socialista a desdecirse de su compromiso de defender, sin modificarlo un ápice, el nuevo Estatuto catalán que había aprobado el gobierno catalán. Aquella debilidad de Zapatero rompió al partido socialista catalán y abrió su crisis. Que se ha saldado con la irrelevancia del PSC y la desaparición de una fuerza equilibradora que, de haber subsistido, podría haber cambiado mucho la dinámica que se ha verificado en los últimos años.
Rajoy valoró el desastre del PSC como un gran activo para sus intereses. Y desde entonces no ha parado de apretar las tuercas al nacionalismo catalán. Con su recurso de inconstitucionalidad al Estatuto descafeinado que aprobaron las Cortes en 2006. Con su aplicación a rajatabla de la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 que santificaba el recurso del PP. Con sus intentos, siempre frustrados, de frenar la creciente movilización independentista mediante la utilización abusiva de las leyes y de la fiscalía. Y recortando las atribuciones legales de la Generalitat.
Convencido de que el soberanismo catalán iba a terminar como el de Juan José Ibarretxe cuando tuviera que enfrentarse a la prueba de las Cortes, fue incapaz de ver que así como el lehendakari había perdido el apoyo de buena parte del nacionalismo vasco, del radical y también del de el PNV, Artur Mas, en una fuga hacía adelante, había decidido aliarse con todo el espectro soberanista. Rajoy jugó a romper CiU. Lo ha conseguido, pero ahora Durán i Lleida no es un aliado suyo, ni es casi nada.
¿Qué hará el presidente del gobierno si los independentistas ganan el 27S y empiezan a aplicar su programa? No le queda más que asumir su compromiso y dar todos los palos que pueda al nuevo gobierno catalán. Suspendiendo la autonomía catalana o la aplicando sin miramientos la nueva Ley de Seguridad Ciudadana que se acaba de aprobar con el concurso del PSOE que prevé que en una situación de “interés nacional” las autoridades catalanas quedarían sometidas a las del gobierno central y el presidente del gobierno español podría asumir funciones de policía autonómica sin autorización del parlamento.
Ambas vías valdrían para lo mismo. Es decir, para quitar, de hecho, el poder a un gobierno catalán elegido algunas semanas antes. Si el desarrollo del programa independentista sería un trauma en Cataluña, porque se haría en contra de los muchísimos catalanes que están en contra del mismo, la suspensión de la autonomía y/o la aplicación de la Ley de Seguridad lo serían mucho más. Cualquier escenario catastrofista que se pueda imaginar es perfectamente posible, antes o más tarde. La dureza contra el independentismo podría dar a Rajoy la victoria en las generales, pero las reacciones que ésta provocaría podría hacer inviable su gobierno. Ese riesgo ya está llevando a algunos a reverdecer a la idea de una coalición PP-PSOE para gobernar ese marasmo. Por no hablar de las lecturas que de la nueva situación provocaría en el extranjero y en el mundo económico y financiero.
Si la derecha española no fuera lo que es y que no pocos olvidan, y si el PSOE no se viera limitado a ser una comparsa a la hora de las grandes cuestiones de Estado, algo parecido a una vía como la que Londres abrió a Escocia se podría haber intentado en España. Pero esa hipótesis aquí fue denostada y depreciada. Y lo del derecho a decidir considerado un anatema. Una clase política incapaz de estar a la altura de las circunstancias nos ha llevado a donde estamos. La crisis catalana es un motivo más para alejar a esa clase el poder. Y para eso nunca es tarde, aunque las cosas se pongan muy mal.
