Niños y niñas asesinadas es terrorífico, no “lamentable” como dijo el ministro
Aun sin contar los asesinatos que ocurrieron en el mes de agosto, al 31 de julio las estadísticas de las niñas y niños asesinadas a manos de sus padres agresores durante el régimen de visitas o custodia pasaron de 24 a 26. Estos asesinatos no son lamentables como los calificó el ministro de Justicia, estos asesinatos son responsabilidad del Estado porque el poder judicial y quienes intervienen en estos procesos siempre deben velar por que el interés superior de las niñas y los niños sea lo principal, así como su protección. Es evidente que con estas cifras, que son más que eso, el Estado español está fallando.
En Women᾿s Link Worldwide tenemos el privilegio y orgullo de ser representantes de Ángela González Carreño, cuyo exmarido asesinó a la hija de ambos en un régimen de visitas sin supervisión. Ángela lleva más de 12 años luchando por que las vulneraciones a sus derechos humanos y los de su hija fallecida, Andrea, no se repitan de nuevo. Al no encontrar respuesta ante las instancias españolas, Ángela llevó su caso junto con Women᾿s Link ante el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer de Naciones Unidas (en adelante Comité CEDAW). Diecinueve expertas determinaron de manera unánime que Ángela tenía razón y el Comité CEDAW emitió un dictamen en donde por primera vez se encuentra responsabilidad del Estado español en un caso de violencia de género en instancias internacionales.
El dictamen del Comité CEDAW reconoce la calidad de víctima de una violación a los derechos humanos de Ángela y determina una serie de medidas que el Estado debe tomar, unas en cuanto a Ángela, y otras de carácter general. El dictamen nos dice que si bien es positivo contar con leyes (fruto de la lucha de organizaciones feministas y de mujeres), es muy importante que éstas se implementen de manera efectiva, libre de prejuicios y estereotipos de género que normalizan, minimizan y perpetúan la violencia de género. Las medidas determinadas por el Comité CEDAW en su Dictamen son tan importantes que tienen el potencial de salvar la vida de mujeres, niñas y niños, cuyos asesinatos son evitables.
De manera lamentable y mostrando su falta de voluntad política y compromiso real por luchar en contra de la violencia de género, después de un notable silencio ante el dictamen y la ausencia de diálogo con la sociedad civil y las organizaciones comprometidas con la erradicación de la violencia de género, el Estado español ha afirmado que los dictámenes de los Comités de Naciones Unidas no son vinculantes. Es decir, el propio Estado que de manera voluntaria firmó y ratificó la CEDAW y el Protocolo de dicha Convención manifiesta que no cumplirá con las obligaciones y compromisos que libremente ha adquirido en materia de derechos humanos y de igualdad de género.
Cumplir con las obligaciones internacionales en derechos humanos no consiste en simular y en ir buscando una buena imagen en el exterior con grandes delegaciones españolas y representantes del Estado que afirman en foros internacionales que España es un país ejemplar y líder mundial en la lucha contra la violencia de género. Cumplir con las obligaciones internacionales no radica en alardear de que se firman y ratifican instrumentos internacionales (que luego no se cumplen). Cumplir con las obligaciones internacionales, y por lo tanto sí representar a la sociedad y ciudanía, consiste en ir más allá del discurso, las fotos y las cámaras.
Si el Estado español realmente tiene un compromiso con los derechos humanos y la igualdad de género, este es el momento de demostrarlo. Es el momento de mostrar que atendiendo a un Estado democrático, de derecho y realmente comprometido con los derechos humanos, España reconoce y repara a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Ya que si España quiere estar legitimado para presidir el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, debe comenzar con el principio básico de reconocer la validez de Naciones Unidas y, por lo tanto, cumplir con sus dictámenes.
Desde una perspectiva comparada, la experiencia de otros Estados nos muestra que los dictámenes de los Comités de Naciones Unidas sí son vinculantes. En particular, en cuanto al Comité CEDAW, tenemos el ejemplo de Estados como el brasileño que en el Caso Alyne da Silva Pimentel Teixeira c. Brasil creó un grupo interministerial para implementar las recomendaciones del Comité y realizó una ceremonia oficial en la cual se otorgó una indemnización a la madre de Alyne. También tenemos otros ejemplos de cumplimiento como los del Estado peruano en el Caso L.C. c. Perú, el austriaco en el Caso Şahide Goekce c. Austria; el búlgaro en el Caso de V.K. c. Bulgaria, por nombrar algunos.
Por lo tanto, si existe un verdadero compromiso por luchar en contra de la violencia de género, la forma extrema de discriminación contra las mujeres, se debe cumplir con el dictamen del caso de Ángela. Este dictamen no es un ataque contra el Estado español, al contrario, el reconocimiento de violaciones a los derechos humanos por parte de un Estado es un paso imprescindible para fortalecer el Estado de Derecho y las instituciones democráticas. Y nosotras decimos: Si el Estado le falla a Ángela, nos falla a tod@s #SísonVinculantes
