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Veintinueve

Protesta contra la violencia machista. Del centro de medios del Eje Feminista.

Violeta Assiego

  • Posiblemente, Natalya Balyuk desconocía, cuando fue asesinada, que 26 días antes había sido aprobado y entraba en vigor un Real Decreto que le podía otorgar protección sin necesidad de denunciar

El pasado 29 de agosto moría Natalya Balyuk, una vecina de Huarte (Navarra). Lo hacía en el hospital. Ingresó inconsciente con multitud de golpes en la espalda y en la cabeza. El hombre que llamó al 112, su marido, dijo que se había caído en el baño. Su madre, la de él, limpió el domicilio para eliminar cualquier rastro que incriminara a su hijo. Este, tras los interrogatorios correspondientes, entró en prisión sin fianza. Está acusado de asesinar a su esposa. Natalya tenía 38 años.

Hace tres años, cuando la pareja residía en otra localidad, alguien alertó de que ella podía estar sufriendo malos tratos. Se abrieron las oportunas diligencias policiales, pero la mujer no quiso ni denunciar ni que la explorara el médico forense. Se archivaron las actuaciones tanto en este como en otro procedimiento similar un año después. Al no denunciar, se archivaron los casos. Posiblemente, Natalya desconocía, cuando fue asesinada, que 26 días antes había sido aprobado y entraba en vigor un Real Decreto que le podía otorgar protección sin necesidad de denunciar. Para acceder a la misma hubiera necesitado el informe del Ministerio Fiscal o de los Servicios Sociales o de otro organismo especializado con reconocimiento oficial. Aunque contaban en el vecindario que se la veía abatida y abandonada y en el año y medio que vivió en Huarte no pisó un centro de salud ni acudió a Servicios Sociales. Es más que probable, imagino, que los dos intentos frustrados de enjuiciar a su marido le dejaran huella…

Hasta que han entrado en vigor esta y otras medidas urgentes, sin denuncia una mujer víctima de la violencia machista no tenía posibilidad (excepto en unas pocas comunidades autónomas y para supuestos muy concretos) de acceder a medidas de protección. Por eso llama la atención que, siendo estas medidas urgentes parte de las 213 propuestas aprobadas por unanimidad en el Congreso de los Diputados, sea ahora, cuando toca pasar de las palabras y las fotos a los hechos concretos, cuando aflore esta crispación hacia el hecho de que una mujer tenga derecho a una asistencia social e integral sin necesidad de denunciar. Sería algo así como llegar a defender la “omisión de socorro” a una persona porque no ha acudido antes a la policía.

Sus más feroces detractores lo llaman “decretazo inconstitucional”. Entre estos se encuentran algunas organizaciones de jueces y varias de hombres por la custodia compartida. Los primeros tachan la norma de intromisión, negando con ello que organismos públicos como el Ministerio Fiscal, los servicios sociales o servicios especializados puedan emitir informes válidos que acrediten que la mujer necesita apoyo y ayuda ante la situación que está viviendo. Y los segundos piden directamente al Defensor del Pueblo que recurra el Real Decreto por entender que es inconstitucional. Algo que también han llegado a sugerir Ciudadanos y PP.

Lo más sorprendente es que uno de los aspectos que se ponen en duda es que esta sea la fórmula legal para dar luz verde a una serie de medidas que llevan demasiado tiempo enterradas en un cajón. Al cuestionar que se haya usado la forma de urgencia, Ciudadanos y PP, se olvidan del tono de gravedad que usan en sus propias declaraciones institucionales cada vez que una mujer es asesinada y pasan por alto que si estas medidas urgentes se hubieran puesto en marcha hace ya un año, probablemente, se podrían haber salvado varias vidas. Si las víctimas fueran otras, me surgen dudas de si PP y Ciudadanos harían este tipo de oposición en la que, ante la violencia machista, no es lo mismo la urgencia que la necesidad.

Natalya Balyuk fue (en el momento de escribir esta columna) la víctima número 29 del 2018 y la 953 desde el 2003. Basta con pararse a pensarlo para corroborar que, ante la violencia machista que asesina, no hay mucho que explicar sobre la motivación y la urgencia de una serie de medidas que nadie se ha sacado de la manga. Ya estaban acordadas. Tildarlas ahora de “decretazo” es un desprecio absoluto hacia las mujeres que sufren la violencia machista en sus vidas y a aquellas a las que les han quitado la vida. Es mandarles el mensaje de que su protección no es urgente, es dejarlas solas con su maltratador, abandonarlas.

Efectivamente, al Gobierno de Sánchez le gustan los fuegos artificiales y a Carmen Calvo llevar la voz de mando de un feminismo que no siempre comparto, pero no creo que sea precisamente con la violencia machista (si realmente se lo creen Ciudadanos y PP) el tema con que se tenga que avivar ese clima de crispación al que nos quieren llevar. Más bien debería tratarse como una de esas cuestiones cuyas diferencias y controversias se manejan, discuten y resuelven entre bambalinas con la delicadeza y discreción que merecen los asuntos de Estado. Máxime cuando hay un Pacto. Así que no perdamos las formas.

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