Muros

La vida de Angélica se detuvo en seco en 2017, cuando fue atropellada por un coche tras caer de su bicicleta de carretera. Desde entonces convive con una lesión axonal difusa, un daño cerebral que le provoca mareo crónico, fatiga, dolor corporal diario y limitaciones motoras finas, además de ansiedad, falta de olfato (anosmia), problemas de atención y memoria. Su forma de estar en el mundo cambió para siempre. Desde entonces resiste, intenta reconstruirse. Y, sin embargo, se topa con muros una y otra vez.

Angélica ha solicitado en tres ocasiones la valoración de su discapacidad. En 2019 le asignaron un 22%. En 2021, un 27%. Y en 2025, pese a aportar más documentación médica y diagnóstica, ha vuelto a recibir exactamente el mismo porcentaje. Como si nada hubiera cambiado. Como si su daño crónico no existiera.

La Administración Pública existe para servir a la ciudadanía. Esa es su razón de ser: proteger derechos, garantizar la dignidad, acompañar a quien lo necesita. No para poner en duda sistemáticamente a quien solicita ayuda ni para convertir los procedimientos en una carrera de desgaste. La ciudadanía cumple su parte —paga impuestos, sostiene el sistema— y espera, a cambio, respuestas justas y ajustadas a la realidad.

Sin embargo, en demasiadas ocasiones lo que recibe es una maraña de informes, baremos y resoluciones que no reconocen lo evidente. El daño crónico no siempre se ve, pero existe: persiste en los cuerpos, en la vida cotidiana, en el esfuerzo constante por sostener lo invisible. Angélica lo sabe porque es quien habita su cuerpo, quien siente su mareo día tras día, desde que se despierta hasta que se acuesta. El daño está reconocido médicamente; lo que la Diputación Foral de Bizkaia no reconoce es su alcance real y sus efectos acumulativos.

Resulta paradójico que, en este contexto, la inteligencia artificial —una herramienta sin emociones— parezca comprender mejor el sentido de la justicia que muchas estructuras administrativas. La IA puede leer en segundos la Constitución Española, el Real Decreto 888/2022 sobre valoración de la discapacidad y cualquier otra norma aplicable; puede detectar incoherencias, comparar datos, analizar si una resolución cumple o no la legalidad vigente. No tiene prejuicios, no se cansa, no actúa por inercia ni por conveniencia.

Tal vez por eso incomoda. Porque su lógica desnuda lo que el lenguaje burocrático a menudo disfraza. Porque podría poner en evidencia que muchas decisiones no responden a criterios técnicos imparciales, sino a un punto de partida previo: el no. Un no que no se justifica, que se repite, que se convierte en norma. La administración es una máquina imperfecta; es una máquina que, con demasiada frecuencia, se equivoca y hace daño. Quien tiene fuerza, recursos o capacidad para insistir resiste. Quien no los tiene, se rinde. Así, lo que debería ser un servicio público acaba convirtiéndose en un muro.

Cuando una administración obliga a una persona con daño crónico a demostrar una y otra vez lo evidente, no está evaluando su situación: está negándola. Y la negación sistemática de derechos, aunque se vista de informe técnico, no es neutralidad. Es una forma de violencia institucional.