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Constitución y crisis de los 40

La Constitución de 1978 ha llegado a la “madurez” en un contexto plagado de tensiones políticas

Nunca ha sido tan elevado como ahora el porcentaje de ciudadanos (70%) que se muestran partidarios de reformar el texto constitucional

Pero la reforma constitucional se encuentra eclipsada por el debate sobre el modelo territorial. Y convertida en una suerte de mantra al que, bien para impulsarla o bien para frenarla, las fuerzas políticas invocan año a año

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Roca ve "peligroso" reformar la Constitución sin un consenso con Cataluña

EFE

Es 6 de diciembre y se conmemora el aniversario de la Constitución española. “Han sido años muy positivos en todos los órdenes, aunque existen problemas graves atascados”. Es necesario reformar la Constitución para "desplegarla en todo su alcance" y "adaptarla y ponerla al día".  Estas frases pueden resultarnos, hoy en 2018, familiares. Pero fueron pronunciadas por un entonces candidato socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, en diciembre de 2003, en el marco de un acto celebrado para conmemorar el vigésimo quinto aniversario de la Constitución.

Entonces, Zapatero propuso realizar una reforma constitucional para introducir cuatro cambios concretos: establecer la igualdad de hombres y mujeres para acceder al Trono, reformar el Senado para que fuera verdaderamente una Cámara territorial, incluir la denominación de las Comunidades Autónomas y hacer una mención a la Unión Europea. Hasta el momento, ninguna de estas modificaciones se ha llevado a cabo.

No obstante, en los últimos quince años el debate sobre la reforma constitucional ha sido recurrente, con el paréntesis que supuso, en términos de modificaciones realizadas, la controvertida reforma “exprés” del artículo 135 llevada a cabo en agosto de 2011, por acuerdo entre el PSOE y el PP, para fijar el principio de estabilidad presupuestaria por mandato constitucional. Esta reforma del texto constitucional fue la segunda y última, tras la realizada en 1992 del artículo 13.2 para incluir el derecho al sufragio pasivo de los ciudadanos extranjeros en las elecciones locales.

La crisis de los 40

Ahora, cuando se cumple el aniversario de los 40 años de la Carta Magna, ha vuelto a cobrar intensidad el debate sobre su reforma. Junto a las propuestas ya planteadas hace quince años, se suman otras nuevas como eliminar/limitar los aforamientos de los cargos políticos, clarificar el marco de competencias entre las Comunidades Autónomas y el Estado e, incluso, suprimir la inviolabilidad del Rey. Si bien, el contexto político no parece propicio para que éstas acaben por materializarse. Ni siquiera aquéllas sobre las que, ya desde hace tiempo, existe unanimidad, entre los partidos representados en el Congreso, como acabar con la prevalencia del hombre sobre la mujer en la sucesión de la Corona.  O sobre las que existe un elevado consenso político, como la necesidad de poner coto a los aforamientos.

Y es que la Constitución de 1978 ha llegado a la “madurez” en un marco plagado de tensiones políticas. La gestión del desafío catalán, el generalizado descrédito institucional, el cuestionamiento del poder judicial, el cronificado descontento político, la creciente polarización política e ideológica o el exacerbamiento del conflicto territorial y de los nacionalismos (español versus catalán) son sólo algunos de los retos actuales que se suman a una lista que no parece tener fin.

Unos retos, por otra parte, que, si bien avivan el debate sobre la conveniencia de hacer reformas constitucionales, también las dificultan. A la vez que nos recuerdan el tiempo de excepcionalidad en el que la política española, en la estela de lo que ocurre en otros países europeos, lleva instalada desde hace siete años, con continuos y vertiginosos cambios de guion propios de un auténtico “thriller político”. Para no olvidarlo, nos encontramos que, justo, la semana en la que institucionalmente se pretendía que el foco de atención estuviera puesto en los numerosos actos conmemorativos de los 40 años de la Constitución, la (gran) noticia sea el éxito electoral de Vox, un partido ultranacionalista y xenófobo, como un claro signo de que España (ya) no es inmune a la ola populista de extrema derecha que recorre Europa y el mundo.

Utilizando la metáfora de la edad, podríamos decir que la Constitución ha llegado a los 40 años en crisis. Por un lado, acumula un cierto bagaje de experiencia. Entre otras cosas, ha visto cómo se ha aplicado el artículo 155 en Cataluña, cómo un partido puede llegar al gobierno a través de una moción de censura y como un rey puede abdicar en su hijo. Y, por otro lado, afronta debates que hacen dudar de su consistencia como, por ejemplo, cuando se discute cuáles son los límites al ejercicio de la libertad de expresión o qué elementos deben concurrir para que se produzca un delito de rebelión.

Todo ello cuando resulta cada vez más visible la brecha entre los que, en lo que al modelo territorial se refiere, se muestran partidarios de un mayor centralismo y los que apuestan por un mayor autonomismo/federalismo. Algo que no hace sino reforzar la percepción de que, si en estos últimos quince años, y con la excepción de la (forzosa) reforma de 2011, los partidos no se han puesto de acuerdo ni siquiera para cambiar aquello en lo que están de acuerdo, en este momento -con más actores políticos en juego, con posiciones más polarizadas y en un ambiente de elevada crispación política-, es mucho menos probable que lo hagan.

Lo que opinan los ciudadanos

En parte por el hecho de haber estado tan presente este debate en los últimos años y en parte por la percepción de crisis política, hoy hay una amplia mayoría social a favor de reformar la Constitución. Debemos tener en cuenta que la población, que por edad pudo ratificar el texto constitucional en el referéndum celebrado el 6 de diciembre de 1978, representa algo hoy menos del 38% del electorado. Por tanto, un 62% de los actuales electores no han votado la Constitución.

De acuerdo con los últimos datos publicados en septiembre por el CIS sobre este tema, casi un 70% de los ciudadanos considera que es necesario reformar o modificar la Constitución, frente a un 15% partidario de dejarla como está y otro 15% que tiene dudas o no contesta. Por edad, los más reticentes a hacer cambios son los mayores (65 y más años). Pero incluso en este segmento, son mayoría (55,8%) los que creen que hay que hacer cambios. Al igual que por votantes, son los del PP los que menor entusiasmo muestran por la reforma constitucional, pero también, entre éstos, son mayoría los partidarios de modificarla (53,3%).

En los últimos años, ha crecido la proporción de ciudadanos que abogan por una reforma constitucional, mientras han disminuido los partidarios del statu quo. Es más, según los registros del CIS, nunca había sido tan elevado como ahora el porcentaje de ciudadanos que son favorables a la reforma constitucional (ver gráfico).

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Ahora bien, ¿en qué tipo de cambios están pensando los ciudadanos que quieren que se actualice la Constitución?  Un 49,3% está a favor de hacer una reforma importante, un 14% se inclina por reformarla casi en su totalidad y un 33% vería con buenos ojos realizar una pequeña reforma. Por votantes, los (reformistas) del PP abogan de forma mayoritaria (52%) por una modificación pequeña, mientras los electores de Podemos (59,4%) y del PSOE (50%) apuestan por una reforma profunda. Son los votantes de Ciudadanos los que más polarizados se muestran al respecto: un 47,1% es partidario de una reforma constitucional pequeña y otro 44,2% de una reforma de calado.

Entre los partidarios, bien de hacer una reforma importante o bien pequeña, las preferencias se centran en: mejorar la coordinación de competencias en educación y sanidad (32,4%), incrementar la transparencia y el control de la actividad política (28,9%), mejorar la protección de los derechos sociales (22,7%), regular las competencias de las CC.AA. (19,3%), garantizar una mayor igualdad de las mujeres (19,3%) y proteger en mayor grado los derechos y libertades de los ciudadanos (17,2%). Por electorados, se observa que los votantes de Ciudadanos y PP muestran una mayor predilección por hacer reformas relacionadas con el Estado autonómico, mientras los de Podemos y el PSOE lo hacen por aquéllas relacionadas con la protección de los derechos sociales.

Más allá de las demandas de la sociedad, la voluntad política es imprescindible para acometer las propuestas de reforma constitucional que llevan planteándose en España en los últimos quince años. Hace no tanto tiempo, en 2012 y según los datos del CIS, la ciudadanía (41,7%) apuntaba como principal aportación de la Carta Magna que ésta garantizaba la libertad, seguida, de lejos, por el valor que suponía haber sido aprobada por acuerdo de casi todos (18,5%). El qué por encima del cómo. Ahora, en estos tiempos de agitación política, el consenso (el cómo) parece haberse convertido (por su escasez) en el bien más preciado.

¿Y después de los 40?

Veremos cómo “evoluciona” la Constitución en su próxima década de vida y en qué estado llega a los 50. Por el momento, se encuentra atrapada entre la pulsión reformista de algunos partidos y la inmovilista de otros. Entre la pulsión de los que, desde una especie de “constitucionalismo mágico”, creen que la reforma constitucional es el remedio a todos los males y los que, por el contrario, se presentan como los guardianes de sus esencias, elevando el texto constitucional de 1978 a la categoría de “texto sagrado”. ¿Será posible escapar a esta dinámica?  Mientras no lo sea, el debate sobre la reforma constitucional seguirá siendo una suerte de mantra, “de todos los años”, que las fuerzas políticas seguirán invocando cada vez que se aproxime el 6 de diciembre. ¡Y no sin generar, con ello, más desafección social y descrédito de la política!

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