Impuestos más bajos: ¿esa será la cuestión para el elector?

¿Recuerdan cuando Zapatero, antes de ganar las elecciones generales de 2004, pronunció aquella famosa frase de “bajar los impuestos es de izquierdas”? ¿O cuando Rajoy, como líder de la oposición, afirmaba categóricamente que subir los impuestos significaba más paro y más recesión o que la subida del IVA era “un sablazo de mal gobernante”? Entre una y otra aseveración distaron siete años y un intenso debate sobre la política fiscal en el que las declaraciones de intenciones quedaron después desmentidas o superadas por la fuerza de los hechos.

La aparente solvencia de las cuentas públicas -materializada en forma de superávit presupuestario en 2005, 2006 y 2007 que permitió a Zapatero enmarcar las rebajas fiscales que aplicó en su primer mandato como medidas progresistas-, quedó pulverizada por el rápido deterioro de las finanzas que se produjo con el inicio de la crisis económica. Posteriormente, con el comienzo de las políticas de austeridad en mayo de 2010, llegarían las medidas de reducción del gasto público combinadas con un aumento de la presión fiscal. Con Zapatero en el gobierno se produjo una primera subida del IVA (del 16 al 18% del tipo general). Entonces el PP convirtió el incremento de la carga fiscal en su principal bandera de oposición contra el gobierno socialista y la reducción de los impuestos en una de sus principales promesas electorales. Pero tan sólo un mes después de ganar las elecciones generales de 2011 su gran compromiso electoral quedó reducido a papel mojado al decretar el recién estrenado gobierno de Rajoy una subida de impuestos que, entre otras cosas, incluía un notable incremento del IRPF. Una decisión que los populares justificaron por haberse encontrado con una situación financiera que era peor de lo que habían previsto. En todo caso, el ejecutivo de Rajoy continuó profundizando después en el incremento fiscal, en el que también se incluía una nueva subida del IVA (pasando el tipo general del 18 al 21%). Todo ello complementado con una amnistía fiscal (aunque en la terminología gubernamental fuese llamada “un proceso de regularización de activos ocultos”) para los defraudadores cuyo objetivo era el afloramiento de 25.000 millones de euros.

Necesidad y temporalidad han sido dos de los términos que más hemos escuchado en los últimos años de los dirigentes políticos cuando han aplicado subidas de impuestos. No en vano, ya en 2014, con la aprobación de la reforma fiscal, el Partido Popular empezó a insistir en que el gobierno bajaría los impuestos (con una primera reducción del IRPF aplicable con efectos a 1 de enero de 2015 y otra segunda en enero de 2016).

Desde el planteamiento de que la pérdida del apoyo que han sufrido los populares en las últimas citas electorales se debe, en buena medida, al malestar de una parte de sus votantes por el aumento de la presión fiscal aplicada por el gobierno de Rajoy, quieren hacer de la bajada de impuestos su “tabla de recuperación” electoral. Pero los populares también son conscientes de que en términos de promesas fiscales, los electores se muestran hoy más incrédulos. Por ello no es de extrañar que Rajoy anunciara ayer el adelanto con efecto a 1 de julio de la segunda rebaja del IRPF que se preveía aplicar en 2016. Con este adelanto fiscal, el PP se colocaría en una mejor posición para llevar a cabo una campaña electoral basada en el compromiso de bajar los impuestos una vez logrado el objetivo de enderezar el rumbo de la economía española y sanear las cuentas públicas

A su favor, los populares contarían con la buena receptividad con la que tradicionalmente la ciudadanía recibe las propuestas de rebajas fiscales. Pero, por otra parte, los estragos de la crisis y la percepción de un reparto injusto de los costes de la misma, han podido alterar sustancialmente las prioridades de la ciudadanía en lo que a los impuestos se refiere.

Para determinar cómo valoran hoy los ciudadanos el sistema tributario contamos con la serie de datos del CIS sobre “opinión pública y política fiscal” (cuyo último estudio fue realizado en julio de 2014). El primer mito que hay que desterrar es que a ojos de la ciudadanía haya existido un tiempo dorado desde el punto de vista fiscal. De acuerdo con los datos sobre percepción de la equidad en el cobro de impuestos, siempre ha sido mayoritaria la opinión de que en España no paga más el que más tiene. En la misma línea, nos encontramos que desde 1994 (primer año en el que el CIS incluye la pregunta sobre las contraprestaciones recibidas por el pago de impuestos) ha sido ampliamente compartida la opinión de que a título individual o familiar se recibe menos lo que se paga en impuestos. Al igual que siempre ha sido mayoritaria la opinión de que en este país existe un elevado fraude fiscal.

Nota: No están incluidas en el gráfico las respuestas de no sabe y no contesta.

Por tanto, no es que en los últimos años se haya pasado de una percepción positiva a otra negativa sobre el sistema tributario, sino que se ha producido un acusado deterioro de la misma. Un deterioro que se agravó a partir de julio de 2012. Nunca había sido tan elevado como ahora el porcentaje de ciudadanos (casi el 89%) que consideran que los impuestos no se recaudan con justicia en España (ver gráfico 1). También nos encontramos con una cifra récord de ciudadanos (38%) que consideran que los impuestos “son algo que el Estado nos obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué” (ver gráfico 2).

Nota: No están incluidas en el gráfico las respuestas de no sabe y no contesta

Se podría argumentar que la peor valoración que tienen hoy los ciudadanos del sistema fiscal está ligada al malestar causado por la propia subida de los impuestos, o con la percepción que tienen estos ciudadanos sobre el reparto, en un momento en el que se aumentaba el IVA y el IRPF y mientras se ofrecía una regularización fiscal a antiguos defraudadores. Una parte de la explicación tiene que ver con este razonamiento, pero otra parte podría estar relacionada con el importante deterioro que se ha producido en la valoración que tienen los ciudadanos del funcionamiento de los servicios públicos. Desde 2012 la opinión social mayoritaria es que el conjunto de servicios públicos ofrecidos por todas las Administraciones Públicas (central, autonómica y local) funcionan de forma poco o nada satisfactoria (ver gráfico 3).

Nota: No están incluidas en el gráfico las respuestas de no sabe y no contesta

Vinculado al deterioro en la imagen que tienen los ciudadanos del funcionamiento de los servicios públicos y de las contraprestaciones que se reciben por el pago de los impuestos, se observa una disminución en la predisposición a pagar más impuestos para tener mejores servicios públicos (con una media de 3,82 en 2008, frente a un 4,52 en 2014 en un escala donde 0 es mejorar los servicios públicos aunque haya que pagar más impuestos y 10 pagar menos impuestos aunque haya que reducir servicios públicos). Una evolución que contrasta con la percepción mayoritaria de que se dedican pocos recursos para financiar servicios públicos y prestaciones como las ayudas a las personas dependientes, la educación, la sanidad o la investigación en ciencia y en tecnología.

De este modo, la ciudadanía muestra un cierto grado de ambivalencia en el ámbito fiscal. Por un lado, se demanda una mejor financiación de los servicios públicos, pero, por otro, ha aumentado la preferencia de pagar menos impuestos, lo que podría poner en riesgo esos mismos servicios públicos.

Dependiendo de cómo se plantee el debate político en este terreno, los ciudadanos podrían dar ahora un mayor peso al cómo, quién y para qué se pagan impuestos, que al cuánto. Y, por ende, de cara a las elecciones generales, los votantes pueden ser más sensibles a las propuestas “cualitativas” de emprender reformas fiscales integrales, que a las ofertas “cuantitativas” de aplicar rebajas tributarias concretas.