A medida que se acerca una cita electoral, mayor atención se presta a los sondeos, aunque la pauta habitual sea desconfiar de la veracidad e intencionalidad de los datos que éstos arrojan en función del organismo o del medio de comunicación que los publique. Al igual que ocurre con los periódicos, cadenas de televisión y emisoras de radio que escogemos para informarnos, también discriminamos, por afinidad, los sondeos que nos resultan más creíbles o fiables. E inevitablemente, una vez terminada la jornada electoral y concluido el recuento de votos, todas las miradas se centran en comprobar si los sondeos electorales han acertado (con la coletilla añadida de “como casi nunca”) o se han equivocado (“como casi siempre”); y en qué medida los diferentes institutos y empresas demoscópicas se han desviado, en sus estimaciones de voto, del resultado real.
Así, elección tras elección, asistimos al mismo ritual en el que nos dejamos llevar como ciudadanos por la aparente contradicción de “no creer en los sondeos” como punto de partida, para seguirlos con devoción en la antesala de una convocatoria electoral y volver a reafirmamos después en nuestra incredulidad y desconfianza demoscópica (o, más exactamente, en quién encarga los sondeos, los hace o los publica). En este sentido, de poco sirve insistir en que las encuestas no sirven para predecir el voto, sino que captan el estado de opinión en un determinado momento y resultan útiles para seguir las tendencias y variaciones a lo largo del tiempo, así como para analizar las diferencias de opinión entre los distintos grupos sociales (por edad, género, ideología, recuerdo de voto, etcétera).
La (mal) llamada capacidad de predicción que tienen los sondeos está ligada a la estabilidad del clima de opinión. De este modo, y partiendo de sondeos técnicamente bien hechos, éstos “aciertan” cuando el estado de opinión está totalmente asentado y, por el contrario, “fallan” cuando éste no ha cristalizado y es más volátil. Bien es cierto, por otra parte, que tampoco contribuye a aclarar qué se puede esperar de los sondeos y, por ende, a rebajar las expectativas que tenemos sobre ellos, el hecho de que los propios institutos de opinión cuando “aciertan”, reivindiquen la capacidad predictiva de sus estimaciones, mientras que cuando “fallan”, o se desvían mucho del resultado final, se justifiquen alegando que las encuestas no sirven para predecir el voto.
En cualquier caso, los institutos y empresas demoscópicas que realizan sondeos electorales son objeto de escrutinio continuo, cuando no de abierta desconfianza social (que, en no pocas ocasiones, se ve reforzada por la falta o escasa información que se da en las encuestas publicadas sobre la metodología utilizada, la fecha del trabajo de campo, el número de entrevistas realizadas, etcétera). Y el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, lo es si cabe mucho más por tratarse de un organismo público y, sobre todo, por estar adscrito al Ministerio de la Presidencia y ser el gobierno el que designa a la persona que preside este organismo. A lo largo de la democracia, las dudas sobre la falta de neutralidad del CIS han estado siempre latentes y emergen abruptamente cada vez que se produce una polémica con algunas de sus encuestas. En el año 2009, tras la celebración de las elecciones europeas, este organismo recibió un aluvión de críticas por haber publicado, en su encuesta preelectoral, una estimación que daba al PSOE como partido ganador, cuando fue el PP el que finalmente resultó vencedor de esos comicios.
Pero también resulta llamativo comprobar cómo, en el caso de los dos grandes partidos, sus críticas a este organismo han dependido de si estaban en el gobierno o en la oposición. Así, por ejemplo, en 2010 cuando el PP lideraba la oposición, Ana Mato, entonces vicesecretaria de organización de este partido, acusó al CIS de haber esperado al 4 de agosto para publicar el barómetro de julio de ese año con el fin de “evitar que los españoles” se enteraran “del desplome del PSOE”. Sin embargo, encontramos que, bajo el mandato del PP en estos últimos cuatro años, el CIS ha publicado los correspondientes barómetros de julio en los primeros días de agosto. Una rápida consulta al archivo de las notas de prensa de este organismo, revela que en 2012 el CIS puso a disposición de los medios de comunicación y de la ciudadanía el barómetro de julio el 6 de agosto; el de julio de 2013 estuvo accesible el 2 de agosto; el de julio de 2014 lo estuvo el 4 de agosto; y el correspondiente a julio de 2015 se dio a conocer el pasado 5 de agosto. Por su parte, el PSOE cuestionó la “cocina” del CIS cuando en el barómetro de enero de este año, Podemos aparecía en voto estimado por delante del PSOE. Entonces Antonio Hernando, portavoz del grupo parlamentario socialista en el Congreso, acusó al CIS de estar al servicio del PP y de su estrategia electoral.
No es de extrañar así que ante tanto cuestionamiento del propósito con el que el CIS hace las estimaciones -es decir, de cómo “cocina” las respuestas que dan los ciudadanos a la pregunta de qué votarían en unas elecciones-, haya quien dude sobre la conveniencia de que este organismo haga encuestas electorales. Hay que tener en cuenta que el CIS realiza todos los meses del año (salvo en agosto) un barómetro de opinión en el que se incluye un tablero fijo de preguntas sobre la valoración de la situación política y económica y la percepción de los problemas del país y otra parte con preguntas que van cambiando cada mes. Los barómetros de enero, abril, julio y octubre recogen, además, indicadores de valoración política, de liderazgo y de voto (con estimación incluida). A estos cuatro barómetros electorales que se publican al año, habría que añadir las encuestas preelectorales que hace el CIS cada vez que hay elecciones generales, europeas, autonómicas y locales (aunque sólo para algunas ciudades) y cuando se celebran referéndums. Estas encuestas preelectorales se realizan y se publican antes de que comience la campaña electoral. Después de las elecciones, el CIS también realiza encuestas postelectorales.
Recientemente el economista Jesús Fernández-Villaverde ha publicado un artículo con el elocuente título El CIS debería dejar de hacer encuestas electorales , seguido de otro titulado Evaluación de la encuesta del CIS sobre el 27-S, que han venido a reabrir el debate sobre la conveniencia de que este organismo deje de lado las encuestas electorales y se centre en los estudios puramente sociológicos. La propuesta de Fernández-Villaverde parte de la idea de que desde la “sociedad civil” ya se realizan este tipo de sondeos (con indicadores de voto) en los que el CIS no aporta nada diferente sembrando, además, dudas por su vinculación al Ministerio de la Presidencia. Varios miembros de Piedras de Papel (Alberto Penadés en el post Coloreando encuestas y José Fernández-Albertos, Lluís Orriols y Alberto Penadés en el artículo El CIS deber seguir haciendo encuestas electorales) han explicado las razones por las que no sería deseable que este organismo dejara de hacer encuestas electorales (aclarando que éstas no sólo incluyen indicadores de voto, sino otro tipo de preguntas) y que se resumen en que perderíamos el acceso a una valiosa información. No se puede obviar que las encuestas publicadas en los medios de comunicación no incluyen una batería de cuestiones tan amplias como las encuestas electorales del CIS, ni las mantienen en el tiempo y. lo que es más importante, no ponen o no tiene por qué poner a disposición de quien los solicite los cuestionarios ni los datos brutos, que ni muchos menos son los que se publican.
Evidentemente no es lo mismo proponer que el CIS deje de hacer estimaciones electorales, que de hacer encuestas electorales. Propuestas que, de cualquier modo pueden ser objeto de discusión a partir de un análisis de pros y contras y que, como en el caso de Fernández- Villaverde (Sí, el CIS debería de dejar de hacer encuestas electorales), , puede llevar a algunos a reafirmare en la tesis de que lo mejor sería que el CIS no hiciera encuestas electorales y pasara a ser una sección del Instituto Nacional de Estadística (un organismo adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad y que, por su vinculación al gobierno de turno, tampoco se ha librado ni se libra de las críticas de falta de independencia). Pero aun en el supuesto de que el CIS dejara de hacer estimaciones o incluso encuestas electorales, ¿sería suficiente? Siguiendo un razonamiento similar cabría plantearse por qué no tendría que dejar también el CIS de hacer otro tipo de encuestas; ¿o acaso los estudios de opinión para conocer qué piensan los ciudadanos sobre los impuestos o la inmigración no dejan ningún espacio a la politización?; ¿no nos tendríamos que preguntar por qué se incluyen unas preguntas y no otras en los barómetros mensuales que publica el CIS o por qué se formulan de una forma y no de otra?
Al hilo de estas cuestiones, es interesante ampliar el foco planteando otras tres consideraciones. La primera es preguntarnos de que institución debería depender el CIS y quién debería designar a la persona que lo dirija. Parece que hay un gran consenso en que no debería estar adscrito al Ministerio de la Presidencia. Y tampoco parece que las comparecencias parlamentarias (fundamentalmente ante la Comisión de Presupuestos del Congreso) del máximo responsable del CIS sean suficientes. La mejor opción sería que el CIS dependiera del Congreso y el nombramiento de su Presidente fuera por una amplia mayoría cualificada que llevara a los partidos a designar, con un elevado grado de acuerdo, a un profesional de reconocido prestigio. Esta opción no sería novedosa. En 2001 hasta 9 partidos la plantearon, aunque hasta el momento nunca se ha llevado a cabo.
La segunda consideración es que deberíamos exigir al CIS que siguiera dando más pasos en transparencia (pues también hay que reconocer que en los últimos siete años se han producido avances importantes como facilitar el acceso, y de forma gratuita, a los ficheros de datos de sus encuestas). Pero, por ejemplo, ¿no debería publicar este organismo un calendario con las fechas en las que se den a conocer los barómetros en un día que sea siempre el mismo, por ejemplo, el primer viernes de cada mes siguiente al que se realice la encuesta? De esa forma se evitaría poner en duda que los barómetros con indicadores electorales se den a conocer en el momento que más le interesa al partido en el gobierno. Asimismo, también se podría exigir que el CIS publicara los criterios que utiliza para hacer sus estimaciones electorales. ¿Y por qué no incluir en la ficha técnica de las encuestas y estudios de opinión el coste de los mismos?
La última consideración tiene que ver con la arbitrariedad o margen de discrecionalidad que tiene el CIS para hacer unos estudios y no otros y plantear unas preguntas y no otras. Es éste un aspecto que, comparado con la estimación de voto, es mucho más grave y requeriría una mayor atención. La verdadera utilidad y valor del CIS reside en el amplio (y accesible) caudal de conocimiento que acumula a través de las series de datos que nos permiten analizar en profundidad cómo es y cómo va cambiando la sociedad española a lo largo del tiempo. El propio CIS se define como “un organismo público que tiene como objetivo principal el estudio de la sociedad española y que lleva a cabo esta tarea fundamentalmente a través de la realización de encuestas que permiten saber qué pensamos, qué queremos o cómo actuamos las personas que vivimos en España”. Y puntualiza que “esa información es fundamental para que los investigadores sociales puedan estudiar nuestra sociedad y su evolución, para diseñar políticas públicas que puedan responder a las necesidades y demandas de la población, y, en general, para conocer mejor cómo somos”.
Pero a pesar de esa importante finalidad, hay series de preguntas que se interrumpen “inexplicablemente” o cuestiones por las que se deja de preguntar y otras que, por el contrario, se incluyen con una intencionalidad más que dudosa. Cada partido en el gobierno tiene sus prioridades políticas y eso se traduce en los temas demoscópicos por los que se interesa más o menos el CIS. Por ejemplo, encontramos que este organismo ha preguntado (a través de tres preguntas diferentes) por la satisfacción con el funcionamiento de la democracia desde 1983 hasta 2012. En 2012 se batió un récord del porcentaje de ciudadanos que estaban poco o nada satisfechos con la forma en que funcionaba la democracia, pero curiosamente, y pese al evidente contexto de descontento político de los últimos años, el CIS no ha vuelto a preguntar por esta cuestión. En la misma línea, hay publicaciones que se interrumpen. Por ejemplo, en 2007 el CIS comenzó a publicar un boletín (en formato electrónico) en el que se incluían las actividades realizadas por este centro con el “objetivo de reforzar la comunicación con el mundo académico, profesionales del estudio de la opinión pública y con el público interesado en general”. El último boletín CIS que encontramos en su página web es el número 11 y corresponde a enero de 2012.
Resulta también llamativo que en la última encuesta de la serie de opinión pública y política fiscal, encontremos la pregunta “¿Diría Ud. que, en líneas generales, los temas fiscales actuales, como por ejemplo: la bajada de impuestos en las nóminas, la reducción de la presión fiscal en nuevas empresas y autónomos, la lucha contra el fraude, etc., le interesan?” Y después la misma pregunta pero planteada para conocer la frecuencia con la que los ciudadanos hablan de este “listado” de temas fiscales de actualidad. Sin embargo, en las encuestas de opinión pública y política fiscal del año 2012, 2013 y 2014 no encontramos una pregunta similar sobre la actualidad fiscal, entonces marcada por las subidas de impuestos.
Está claro que mientras que el nombramiento del máximo responsable del CIS siga dependiendo del partido (o partidos) que gobierne en cada momento, la neutralidad de este organismo (haga encuestas electorales o estudios sociológicos) será puesta en cuestión. No obstante, no cabe esperar que a corto plazo haya un consenso político suficiente para que esto cambie. Ni siquiera esta cuestión es ahora objeto de debate electoral. Pero ello no impide que, como ciudadanos y contribuyentes, nos mostremos más vigilantes y exigentes para que, al menos, las fuerzas políticas que conformen la oposición (pues ya sabemos que los incentivos para hacerlo cuando gobiernan son pocos) sientan la presión social para ejercer una mayor y mejor función de control que vaya (mucho) más lejos de las consabidas críticas de un CIS al servicio del partido que gobierna.
