La pelea judicial de Puigdemont contra el juez Llarena busca sembrar dudas sobre la imparcialidad del magistrado
El primer capítulo de la pelea judicial que Carles Puigdemont ha iniciado en Bélgica contra el juez Pablo Llarena ha acabado antes de empezar. El tribunal belga ha fijado para el 25 de septiembre la primera vista formal sobre la demanda contra Llarena, el juez instructor en la causa que persigue al expresident en España por los delitos de malversación, rebelión y sedición. El magistrado español estaba citado en la capital belga este martes por la mañana, aunque su entorno ya había anunciado que no acudiría. Ahora Llarena tiene una nueva cita dentro de tres semanas.
En este proceso abierto por la demanda, que acusa a Llarena de falta de imparcialidad por unas declaraciones hechas a la prensa sobre la causa que instruye tras una conferencia patrocinada por un concesionario de vehículos, hay un tercer protagonista: el Gobierno. Tras negar que fuese a hacerlo, el Ministerio de Justicia se ha encargado de contratar a un prestigioso bufete belga para defender a Llarena y al Gobierno al mismo tiempo. La adjudicación de ese contrato asciende a 544.982 euros, según informó el Ministerio de Justicia, y el montante de la minuta hace pensar que el Gobierno se prepara para algo más que unas vistas de trámite.
La ofensiva jurídica iniciada por el expresident catalán busca complicar el futuro de Llarena al frente de la instrucción. Fuentes de la defensa de Puigdemont aseguran que “con total seguridad” presentarán otro incidente de recusación para pedir al magistrado “que se aparte” del proceso, argumentando que con un conflicto judicial en marcha con la persona a quien está investigando, Llarena no puede garantizar su objetividad.
Para que eso suceda debe aclararse la disposición de la justicia belga a dar trámite a la reclamaciones del expresident catalán. Fuentes de su equipo jurídico dan por seguro que el Gobierno ha asumido que no puede encontrar la manera de frenar el proceso y que “por eso el Ministerio de Justicia aprobó un presupuesto en función del trabajo que prevé para el bufete elegido en Bélgica: 900 horas”.
Sembrar dudas por si llega al TEDH
En el entorno del Gobierno creen que la estrategia del líder independentista tiene otro objetivo a largo plazo: “Poner una bomba de relojería” que siembre dudas sobre la imparcialidad del magistrado en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, en caso de que el proceso acabe en esta instancia. El independentismo lleva meses preparando el terreno para una contienda judicial europea que dirima todas las actuaciones judiciales en torno al 'procés'.
Pablo Llarena ha decidido que no asistirá a la audiencia preliminar que arranca este martes y en la que se establecerá un primer contacto entre las partes con el juez. Nada le obliga a comparecer, puesto que se trata de una demanda civil.
En esta vista, los abogados ofrecerán ante el tribunal un cronograma con los plazos y actuaciones que prevén durante el procedimiento. En el caso de Puigdemont, sus letrados esperan un proceso largo: “Hemos preparado una agenda que termina en abril de 2019”, aseguran.
El independentismo cierra filas
Desde los partidos independentistas, por su parte, no ponen pega alguna a la estrategia procesal de Puigdemont y los exconsellers. Más allá de valorar si la consideran acertada, tanto el PDeCAT como ERC consideran como beneficiosa para el procés cualquier acción que contribuya a poner de manifiesto supuestas contradicciones de la justicia española a ojos de Europa.
Los partidos independentistas tienen la voluntad de utilizar el juicio para impugnar la actuación del Estado, tanto en Catalunya como en el exterior, y confían en que esta demanda puede ser útil para ese propósito.
En ERC no creen tampoco que esta demanda choque con su firme voluntad de negociar con el Gobierno de Pedro Sánchez un abanico de políticas tanto en el Congreso como en el Parlament. De hecho, el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciado que quiere llevar esta negociación a una intervención del Gobierno para rebajar las acusaciones por parte de la Fiscalía a los encausados del procés. Pedro Sánchez la ha descartado y ha defendido que el ministerio público actuará con autonomía.
