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Diez meses de batalla judicial de los Franco para tratar de impedir la exhumación del dictador

La ofensiva de recursos judiciales ha retrasado el traslado desde el Valle de los Caídos, que cuenta con el aval del Congreso desde hace más de un año 

El Supremo no apreció arbitrariedad ni desproporción en la decisión del Ejecutivo de sacar los restos y remarcó que la exhumación no lesiona el derecho de los familiares

Un juez de Madrid crítico con la ley de memoria histórica mantuvo suspendida desde febrero y hasta hace una semana la licencia de obras por riesgo para los operarios 

La Fundación Franco: Sin el permiso de la familia una exhumación es una profanación

La Fundación Franco: Sin el permiso de la familia una exhumación es una profanación EFE

Cuarenta y cuatro años después de que Francisco Franco fuera enterrado con honores militares en la Basílica del Valle de los Caídos, los restos del dictador serán trasladados este jueves al cementerio de Mingorrubio, en el barrio madrileño de El Pardo. La exhumación supone un primer paso convertir ese espacio en un lugar de "conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas" de la Guerra Civil, tal y como prevé la ley de memoria histórica desde su última reforma.

Pero el camino para llegar hasta aquí no ha sido fácil. Los descendientes del dictador y su entorno, el prior del Valle de los Caídos y la Fundación Francisco Franco han librado una batalla legal durante diez meses para evitar a toda costa o al menos dilatar una decisión que cuenta desde septiembre de 2018 con el aval del Congreso de los Diputados. Lo intentaron en primer lugar en el Tribunal Supremo, que descartó en diciembre de 2018 paralizar los primeros trámites acordados por el Consejo de Ministros.

El primer juez en atender a las peticiones de los Franco fue el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid, José Yusty Bastarreche. Ese magistrado, al que la Abogacía del Estado intentó sin éxito recusar por atacar la ley de memoria histórica, aceptó a finales de febrero la solicitud de Leonardo Falcó, una persona del entorno de la familia, que reclam ó que se paralizara la licencia de obras. El juez accedió al entender que las obras, que incluyen el levantamiento de una losa de granito de 2.000 kilos, podían poner en peligro a los operarios.

Después llegó la ofensiva de recursos de los nietos del dictador, el prior Santiago Cantera, la Fundación Francisco Franco y la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos contra los dos acuerdos del Consejo de Ministros -el último de ellos del 15 de marzo- que autorizaban el traslado al cementerio de Mingorrubio para el 10 de junio. En base a estos recursos, el Tribunal Supremo acordó el 4 de junio suspender de forma cautelar el procedimiento hasta que se pronunciara sobre el fondo del asunto.

Ese pronunciamiento llegó el 30 de septiembre, cuando la Sección Cuarta de la Sala Tercera del Alto Tribunal dio el visto bueno a los planes del Gobierno al rechazar por unanimidad el recurso de los descendientes del dictador, que fue analizado en primer lugar por ser el más complejo y porque su fallo debía incluir a dónde era trasladado el cadáver. El fallo había sido adelantando el 24 de septiembre. Pero el levantamiento de la suspensión cautelar no llegó hasta el 10 de octubre, cuando los jueces desestimaron los recursos pendientes que todavía pesaban sobre los citados acuerdos.

En su sentencia, el Supremo determinó que las trabas urbanísticas no serían un escollo para sacar los restos del dictador. Los jueces no apreciaron arbitrariedad ni desproporción en la decisión del Ejecutivo de sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos y remarcaron que la exhumación no lesiona el derecho de los familiares a elegir el destino de los restos, pues este es un derecho que no es absoluto y que "puede ser limitado por razones de interés público".

Además, los jueces del Tribunal Supremo reiteraron que el Gobierno puede exhumar los restos aunque no cuente con el visto bueno del prior Santiago Cantera , que amenazó con desacatar la sentencia del Alto Tribunal. Y le advirtieron, en una providencia posterior, que el artículo 118 de la Constitución Española "obliga a todos a cumplir las sentencias firmes". Esa misma resolución también detallaba que sólo la Sala de lo Contencioso del Supremo es competente para decidir sobre las decisiones del Consejo de Ministros y la ejecución de la sentencia que avalaba la exhumación.

Nuevos recursos

A pesar del tajante fallo del Supremo, los familiares del dictador intentaron dilatar más el procedimiento al presentar una aclaración de sentencia que el Alto Tribunal estimó "no necesaria". Y, posteriormente, otro recurso de reposición que fue rechazado este mismo martes. Los descendientes fueron incluso obligados a pagar las costas. El juez Yusty también fue de los últimos en rendirse, pues archivó la causa casi tres semanas después del pronunciamiento del Supremo.

De hecho, este magistrado procedió al archivo coincidiendo con los pronunciamientos que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hicieron el pasado jueves en favor de la exhumación de Franco. El Constitucional inadmitió un recurso de los nietos del dictador en contra de la exhumación "por manifiesta inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales alegados" por la familia Franco y aseguró que la exhumación acordada por el Consejo de Ministros "responde a motivaciones como son los principios democráticos y el fomento de los valores".

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también rechazó el intento de la Fundación Francisco Franco al notificarle que no atendería el recurso de amparo con el que buscaba impedir la exhumación. La batalla legal que la familia del dictador y su entorno ha librado durante diez meses en todas las instancias judiciales, desde un juzgado de Madrid hasta Estrasburgo, ha dilatado el proceso pero no ha conseguido paralizarlo. Los restos de Franco serán finalmente trasladados este jueves al panteón familiar del cementerio de Mingorrubio.

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