La alianza del dinero negro entre el PP y el poder económico acaba con su segunda etapa de gobierno
La financiación irregular del Partido Popular durante al menos 19 años impide hoy al gran partido de la derecha seguir gobernando España. Ha sido la constatación de ese sistema simbiótico entre las grandes empresas del país y la formación política lo que motivó la presentación de una moción de censura por el PSOE y también es el argumento con el que todos los grupos del Congreso, excepto Ciudadanos y Coalición Canaria, la apoyaron.
La constatación figura en una sentencia de la Audiencia Nacional que afirma que el Partido Popular, bajo el mandato de José María Aznar y el de Mariano Rajoy, recibió pagos de las grandes empresas del país, aquellas que en su mayoría siguen repartiéndose hoy la gran obra pública.
La policía judicial culminó en la primavera de 2013 un laborioso informe en el que cruzaba los pagos aparecidos en los ‘papeles de Bárcenas’ con las adjudicaciones que habían recibido esas empresas o sus representantes de administraciones gobernadas por el PP entre los años 2001 y 2012, el periodo al que aún no se podía aplicar la prescripción. El resultado fue que esas sociedades sumaban 12.000 millones de euros en adjudicaciones de gobiernos del PP, a pesar de que este partido solo ostentó el poder central menos de cuatro años.
En aquel informe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se destacaba que la empresa líder en adjudicaciones era la presidida por Juan Miguel Villar Mir, el nombre que suma más fondos en las entregas de dinero negro al PP, 530.000 euros, según anotó el exgerente y antiguo tesorero de la formación, Luis Bárcenas. Su empresa, Obrascon Huarte Laín (OHL) construyó obra pública entre 2002 y 2009, en territorio del PP, por valor de 4.652,66 millones de euros.
Villar Mir compareció el pasado 24 de abril ante la comisión que investigaba la financiación irregular del PP en el Congreso. Allí, como hizo en 2013 ante el juez Ruz, defendió que jamás había entregado dinero bajo cuerda a partido alguno. A pesar de sus imputaciones en los casos Púnica y Lezo se presentó como un empresario ejemplar, y así se lo reconocieron los diputados presentes del PP, los únicos que le rodearon al término de su comparecencia, charlaron animadamente con él y le acompañaron hasta la puerta, advirtiéndole antes de dejar la Sala Cánovas de que los medios le aguardaban a la salida para abordarle.
El tribunal que ha juzgado el caso Gürtel contradice a Villar Mir y al Partido Popular. Considera veraces las anotaciones del antiguo tesorero y explica que las donaciones no eran “altruistas”. “Tenían un marcado carácter finalista, en tanto en cuanto es una manera de pagar favores, o la contrapartida, por adjudicaciones irregulares de contratos”, afirman los magistrados en un pasaje de la sentencia. “Un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica, y local”, dice en otro momento, que servía para pagar sobresueldos y “gastos electorales del PP”.
A las elecciones con trampas
Los papeles de Bárcenas van desde 1990 a 2008. Con el dinero ingresado por los empresarios en la caja B durante ese periodo, José María Aznar ganó dos elecciones generales (1996 y 2000) y acumuló un poder autonómico sin precedentes. Solo en Madrid, el epicentro de la trama Gürtel, los ‘populares’ se impusieron en todas las elecciones autonómicas entre 1995 y 2007, un total de cuatro comicios. En la réplica de la trama, la Comunidad Valenciana, el PP también llegó al poder en 1995 y no lo abandonó hasta 2015.
La sentencia de la primera época de Gürtel aborda la caja B como “contexto”, dicen los jueces, para explicar el sentido de algunos hechos con relevancia penal. También se alude a ella porque se condena a Luis Bárcenas por apropiación indebida, esto es, por haber sustraído una parte de esos fondos en negro que entraban en el partido.
Sin embargo, el hecho de que la financiación irregular no fuera delito en el momento de las anotaciones y que la instrucción de la pieza no pudiera acreditar que las donaciones eran finalistas -una entrega, un contrato- ha impedido por ahora procesar a los empresarios en la pieza separada, aún por juzgar, de la caja B. Por contra, el tribunal de Gürtel habla de donaciones “finalistas” y eso supone “un antes y un después”, según las palabras utilizadas por el portavoz del Grupo Vasco, Aitor Esteban, en el momento cumbre del debate de la moción de censura.
Luis Bárcenas ya le había dicho al juez Ruz que cada delegación territorial del PP contaba con su propia caja B. Lo hizo durante la fase de instrucción de esa pieza separada. En el juicio de Gürtel, el principal condenado, Francisco Correa, aseguró que anidaba en el seno del Consejo de Ministros de Aznar una trama del 2-3% por ciento. Allí se repartía gran obra pública y la mordida a cambio iba a parar a él mismo, otros intermediarios, a Bárcenas y a la caja B del Partido Popular.
La afirmación de Correa en el juicio de Gürtel no incluía muchos detalles, ni prueba documental. Cuando el actual juez de la caja B, José de la Mata, le citó a ratificarla en el marco de la pieza separada, el cabecilla de la red de corrupción se echó atrás. Las acusaciones populares han seguido insistiendo en pedir nuevas declaraciones, la práctica de otras pruebas. Auténtico motor de la causa, sus abogados confiesan hoy que no esperaban que la sentencia de Gürtel hiciera caer al Gobierno, antes incluso de celebrarse el juicio de los papeles de Bárcenas.
La confesión de un constructor
Pero las conclusiones del tribunal de Gürtel estaban apoyadas sobre testimonios y constataciones. En el juicio, uno de los empresarios de los papeles de Bárcenas, Alfonso García-Pozuelo, confirmó que el destino del dinero que entregó fue a parar a “organismos centrales”, fruto de un pacto con la Fiscalía Anticorrupción. Constructora Hispánica de García-Pozuelo recibió 703 millones de euros en contratos públicos adjudicados por administraciones en manos del PP.
Constructora Hispánica fue la encargada de construir la estación del AVE en Zaragoza. La licitación de esa obra data de noviembre de 2000. Según la documentación que refleja la supuesta contabilidad B en el PP, en esas mismas fechas García-Pozuelo entregó a Bárcenas 30.000 euros. En junio de 2000, Hispánica consiguió la adjudicación de la plataforma de un tramo de AVE entre Lleida y Barcelona: 28 millones a repartir con otra empresa, Copisa, también donante en los papeles. Sólo un mes después, según los papeles del extesorero del PP, Alfonso García-Pozuelo entregó 12.000 euros al PP.
Las cantidades que Hispánica entrega presuntamente a Bárcenas parecen ridículas comparadas con la cuantía de los contratos obtenidos, pero son constantes en los alrededores de las fechas de adjudicación. Sin embargo, algo cambia en 2003: las cantidades empiezan a aumentar. Ese año, Hispánica resulta adjudicataria de numerosos contratos públicos en UTE con otra empresa llamada Copisa. Según los 'papeles de Bárcenas', solo entre marzo y mayo de 2003 Copisa habría entregado al PP un total de 200.000 euros.
