El ex número dos de la Policía describe ante el juez la implicación de Asuntos Internos en la brigada política del PP

Con la naturalidad de quien se presenta ajeno a la polémica de su mandato, el ex director operativo de la Policía con el PP, Eugenio Pino, artífice de la brigada política, relató el pasado lunes ante el juez del caso Villarejo las prácticas que implantó en el Cuerpo y sin las que no se puede explicar la “operación parapolicial” de espionaje a Luis Bárcenas por las que él y sus máximos colaboradores están imputados en la Audiencia Nacional. 

Durante la hora y tres cuartos que se prolongó su última declaración en la pieza Kitchen, Pino se refirió en varias ocasiones a la utilización de Asuntos Internos para cualquier cuestión que él considerara de interés, sin que supusiera un problema pervertir la única función asignada legalmente a la unidad: perseguir los delitos que cometen los agentes del Cuerpo. 

El comisario Pino y el resto de imputados mantienen que la denominada Operación Kitchen, sufragada con fondos reservados, solo pretendía contribuir a localizar los testaferros de Bárcenas y a recuperar el dinero que escondía. La investigación, sin embargo, ha acreditado que actuaron en todo momento a espaldas del juez de la caja B y de los policías a cargo de éste, y apunta a que su único interés era recuperar y ocultar pruebas de la posible implicación en la financiación irregular y el cobro de sobresueldos en negro por parte de altos dirigentes del PP. 

En un momento del interrogatorio del fiscal Miguel Serrano, el investigado habla de lo que en términos policiales se llama “manipulación” del confidente, en este caso el chófer de los Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva. Según la reconstrucción que ha realizado elDiario.es con fuentes presentes en la declaración, Pino afirma: “En un principio iba a ser Marcelino (Martín-Blas, jefe de Asuntos Internos en ese momento). Luego, por otras razones, se me obliga a que sea Villarejo porque, según me cuentan, Marcelino era Asuntos Internos y pudiera parecer una brigada más política. Yo evidentemente, porque se me ordena, nombro a Villarejo”.

El grueso de la Operación Kitchen se llevó a cabo, sin embargo, mucho antes de que saltara del seno de la Policía a la opinión pública la utilización partidista que el Gobierno de Mariano Rajoy estaba haciendo de los agentes. Aún no había trascendido que el mismo grupo de mandos que ahora se encuentra imputado en su totalidad por el espionaje a Bárcenas se dedicaba también en esa época a rastrear información comprometedora de políticos independentistas, de forma prospectiva y extrajudicial, en lo que tiempo después se bautizaría como Operación Catalunya. 

La investigación paralela a Bárcenas y los seguimientos a su familia se concentraron entre junio y octubre de 2013. No fue hasta noviembre de 2014 cuando elDiario.es publicó la trama parapolicial contra el proceso soberanista y la implicación de la Unidad de Asuntos Internos como policías desplegados sobre el terreno. De la Operación Kitchen no se supo hasta un años después cuando El Español reveló su existencia. 

“¿Quién le da esa orden?”, preguntó el fiscal Serrano a Pino el pasado 14 de diciembre, en referencia a cambiar a Martín-Blas por Villarejo. “Pues no lo sé”, respondió el comisario con la desmemoria que salpicó toda su declaración y contra la que le advirtieron tanto el fiscal como el juez Manuel García-Castellón. “No sé si es el director (Ignacio Cosidó) o el secretario de Estado (Francisco Martínez) porque tuve relación de este caso con los dos”.

El comisario Pino encontró en el secretismo que envuelve a la Unidad de Asuntos Internos, esencial para poder investigar a policías corruptos, la característica ideal para hacerle encargos políticos y que su ejecución escapara a cualquier fiscalización. elDiario.es ha podido saber que en la actualidad cuenta con 120 agentes aunque en la época de Pino eran probablemente bastantes más. Su sede está en unos pisos del centro de Madrid separados de cualquier otra dependencia policial y el comisario que la manda ahora es un veterano de la lucha contra el narcotráfico, Francisco Miguelañez.

Paradójicamente, una orden dictada durante el mandato de Eugenio Pino, la 28/2013, establece que corresponde a Asuntos Internos “investigar y perseguir las conductas funcionariales constitutivas de infracciones penales y aquellas otras contrarias a la ética profesional de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de los funcionarios destinados en el centro directivo”.

“Le pasaba las notas de Villarejo a Asuntos Internos”

Durante el interrogatorio, el comisario Pino intenta convencer de que el despliegue secreto contra Bárcenas intentaba localizar tres cuentas del ex tesorero del PP ajenas a la que había sido descubierta en Suiza por los auténticos investigadores del caso a través de una comisión rogatoria. Pino asegura que la información venía de Villarejo, entonces una suerte de liberado destinado en la DAO, y que para trasladarlo, como para el resto de asuntos, había escrito una de sus “notas informativas”.

Pino: “Cuando Villarejo traía una nota a mi despacho, yo inmediatamente llamaba a un secretario mío que se llama Bayo, cogía la nota, y si había algo de mucho interés me lo transmitía verbalmente y si no, lo pasaba a Asuntos Internos”.

Fiscal: “¿Por qué no se derivaron a la UDEF (la unidad investigadora del caso de la caja B)?”

Pino: “Pues mire usted, yo era el jefe de 72.000 policías. Si ya se pasa a Asuntos Internos y es un comisario principal (Martín-Blas), y entiende que no lo debe llevar él, debe pasarlo a la unidad investigadora”.

Más adelante, Pino insiste a preguntas del fiscal Serrano en que Villarejo “hacía notas de todo”. “Habría 50 en el GATI (un archivo policial), también sobre Barcelona…”, llega a decir Pino reconociendo con naturalidad la participación del comisario hoy encarcelado en la Operación Catalunya y cómo esas notas pasaban por el jefe de la Unidad de Asuntos Internos.

Imputado el exjefe de la Unidad

Llamado a las más altas responsabilidades cuando gobernara el PP, Martín-Blas se tuvo que conformar con Asuntos Internos y no con una silla en la Junta de Gobierno de la Policía cuando Mariano Rajoy llegó al poder en 2012, por carecer de la titulación requerida. “Hombre de confianza” de Pino, según le describe éste ante el juez, acabó cesado y denostado por su enfrentamiento con Villarejo.

El nombre de Martín-Blas había saltado a los medios por primera vez debido a la queja pública y formal del Consejo Fiscal por el hecho de que, junto al comisario José Luis Olivera, Martín-Blas hubiera visitado a los fiscales del caso Palau a finales de octubre de 2012, y en plena campaña electoral catalana los policías les hubieran intentado convencer de la conveniencia de registrar la sede de Convergencia. Ni Martín-Blas, ni Olivera, estaban relacionados con la investigación. 

Las grabaciones incorporadas a la causa Tándem confirman que Villarejo amenazó al Ministerio del Interior con toda la información que atesoraba de sus irregularidades para elegir entre él o el jefe de Asuntos Internos. Después de haber participado ambos en la Operación Catalunya, el enfrentamiento se desató cuando Asuntos Internos investigó al comisario Salamanca, amigo de Villarejo, en la Operación Emperador contra la mafia china e incluyó en uno de sus informes a uno de sus hijos. Villarejo mantiene que el CNI utilizaba a Martín-Blas y a Asuntos Internos en su guerra contra él. 

Hasta el momento hay dos antiguos miembros de Asuntos Internos imputados por el espionaje a Bárcenas. Además de Martín-Blas está el jefe de la Sección de Vigilancias y Seguimientos entonces, el inspector jefe Jesús Vicente Galán, por la participación de sus subordinados en el marco del operativo parapolicial a la mujer del ex tesorero. Galán fue recompensado después con uno de los codiciados destinos en el exterior, retribuidos con más de 10.000 euros brutos mensuales. Como Martín-Blas fue condecorado con una medalla roja pensionada. 

Contra el legado de aquellos mandos de Asuntos Internos luchan desde hace más de tres años la decena escasa de agentes de la Unidad que actúan como policía judicial en el caso Villarejo, en estrecha colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, y a las órdenes del juez García-Castellón.