Un excomisario denuncia injerencias en la investigación del espionaje político en Madrid
El excomisario Jaime Barrado ha afirmado este miércoles en el juicio por el espionaje político en Madrid que hubo “cortapisas” para llegar “a la verdad” de los hechos y ha subrayado que advirtió “irregularidades” del exfiscal jefe Manuel Moix, indicando que se quejó al comisario general pero todo quedó “en un cajón”.
“El señor Juan Luis (Olivera) intentó guiarme la investigación”, ha aseverado el testigo a preguntas de uno de los abogados. Ayer, el entonces jefe de la Unidad reconoció que los acusados eran “unos mandados”.
La Audiencia Provincial de Madrid continua hoy el juicio con la testifical de los mandos policiales que fueron responsables de la investigación. El interrogatorio se ha centrado en preguntas en relación a una afirmación que tuvo Barrado acerca de que “la Policía sabía que el PP espiaba con sus detectives”, pero su jefe “acusó” a los guardias civiles.
Los datos desvelados han llevado a la presidenta del Tribunal a hacer un receso para valorar si se suspendía el juicio ante la implicación de nuevas personas en el caso. Finalmente, no lo va a paralizar –en el caso de que lo hubiera hecho, se habría disuelto el juzgado y se hubiera remitiría el caso de nuevo a los juzgados–.
Durante la instrucción, Barrado y Olivera fueron citados al despacho de la juez Carmen Valcarce por una comida que tuvo el jefe de Unidad con los investigados. “A partir de ahí, hubo cortapisas hacia la investigación de todo tipo. Se nos cortaban todas las posibilidades. No teníamos acceso a más arriba”, ha recalcado en alusión a que no podían llegar más allá de los guardias civiles que fueron inculpados por los seguimientos.
“No me fiaba ni de Moix ni de Olivera”, ha dicho. A preguntas sobre si denunció estos hechos, ha recalcado que remitió una nota al Comisario General, pero se “quedó en el cajón” porque no hubo consecuencia. “¿Era usted conocedor de que acusaban vilmente a los acusados?”, le ha preguntado el abogado de Sergio Gamón, a lo que el testigo ha replicado con un “no” rotundo.
Además, Barrado ha hablado también de un informe sobre posicionamientos telefónicos, de cuyas conclusiones se ha ratificado. Según su testimonio, había una correlación entre la ubicación de los móviles de tres de los acusados con la presencia de los perseguidos.
Salvador Victoria contradice a dos de los acusados
El exconsejero madrileño Salvador Victoria ha negado haberse reunido con los acusados José Oreja y José Antonio Coronado para plantearles una línea de defensa tras ser implicados en el caso en 2009, algo que sí mantienen los procesados.
El que fue 'mano derecha' de Ignacio González ha relatado al tribunal de la Sección Quinta que no conocía a los acusados y que no despachaba con ellos, negando la existencia de dicho encuentro a preguntados del abogado Ramón González Bosch.
A preguntas de este letrado sobre por qué dictó un Decreto para que la Comunidad se personara en la causa cinco años después, Victoria ha expuesto que la personación se produjo dentro de sus competencias después de que la Audiencia Provincial de Madrid afirmara en un auto que apreciaba indicios de un delito de malversación de caudales públicos.
Victoria ha reseñado que ese extremo perjudicaba directamente al Gobierno regional, lo que obligaba a formar parte de la causa. Para ello, hubo un informe favorable de los servicios jurídicos.
Asimismo, ha recalcado que no recordaba si hubo una investigación interna del PP de Madrid, ya que si se produjo tuvo que realizarse en la Consejería de Interior, de la que dependían los encausados. Esperanza Aguirre también apuntó en su declaración que no recordaba tales pesquisas internas.
“¿Le consta que dos expresidentes y cuatro consejeros no le consten los seguimientos?”, le ha preguntado otro de los letrados, a lo que el expolítico 'popular' ha replicado que le consta lo que ha leído estos días en la prensa.
