El Gobierno declara la guerra a los precios y el PP no hace ascos a la homeopatía

La política española tiene momentos indistinguibles de la homeopatía. Remedios milagrosos para solucionar problemas económicos graves. Un poco de IVA diluido hará maravillas en el poder adquisitivo de los ciudadanos. Y desde luego se podrá al mismo tiempo aumentar el gasto militar sin perjudicar en absoluto la inversión en sanidad y educación. En esa fantasía, parece mentira que haya aún crisis económicas con lo fáciles que son de solucionar.

Era lógico que la sesión de control del miércoles se centrara en el impacto económico en toda Europa de la invasión de Ucrania. Quizá fue exagerado el número de preguntas que se plantearon. Hasta diez de las que recibió el Gobierno tenían que ver directa o indirectamente con el aumento de precios desde el combustible hasta los alimentos básicos. Todas eran bastante parecidas. Hay un hecho que no nos deja en muy buen lugar. España debe de ser el único país en que en el Parlamento sólo se habla de cómo esta guerra castigará a nuestros bolsillos, y entre poco o nada sobre el conflicto bélico en sí. El provincianismo de la política española en todo su esplendor.

El debate con sus excesos de costumbre se quedó viejo en un par de horas. El Gobierno no dejó pasar más tiempo porque es consciente del daño real que el aumento de los precios –el anterior a la invasión de Ucrania y el posterior– está haciendo al poder adquisitivo de la gente y las repercusiones que tendrá muy pronto en el empleo. No es que Moncloa haya entrado en estado de pánico, pero sí sabe que el tiempo se acaba para las medidas que demuestren que lleva la iniciativa en este asunto, y por tanto que no se limita a reaccionar en función de los acontecimientos. Además, últimamente son todos malos.

Muchos gobiernos europeos hablan de que la invasión ha iniciado una nueva era en Europa plagada de miedos e incertidumbres. Que los ciudadanos deben ser conscientes de los sacrificios que habrá que hacer. Eso parece ser compatible con explicar que se ocuparán de que ese duro precio sea indoloro.

“El Gobierno va a bajar el precio de la gasolina, va a bajar el precio del gas, va a bajar el precio de la luz”, dijo el ministro Félix Bolaños después de reunirse junto a las tres vicepresidentas con los representantes del PP en el inicio de la ronda de contactos con los grupos parlamentarios. Ese tipo de cosas que la mayoría de los economistas dice que son imposibles de hacer. No es que el control de precios disfrute de un historial de éxitos incontestables en el mundo, pero en caso de emergencia los gobiernos están en condiciones de pasar por encima de la tumba de Adam Smith.

La situación exige medidas drásticas. Los debates sobre la salida de la crisis económica de la pandemia y el aumento anterior de la inflación han quedado enterrados en Europa del Este. Las previsiones presupuestarias han visto reducir su crédito al mínimo. El Gobierno alemán ya ha anunciado que pretende aprobar un nuevo presupuesto. El precio del petróleo ha dado un breve respiro en la última semana con un descenso del 20%, pero podría deberse a los nuevos confinamientos impuestos en China a millones de habitantes de varias ciudades con el consiguiente descenso en el consumo de combustible.

Rusia exporta ocho millones de barriles de petróleo cada día y aún no se sabe cuántos podrá vender en el futuro. La Agencia Internacional de la Energía calcula que Moscú tendrá que cerrar una cuarta parte de su producción por falta de clientes. Por tanto, el mundo deberá buscar un millón y medio de barriles diarios en otros productores para enjugar la diferencia. Y no es tan fácil encontrarlos.

Moncloa confía en que varias de sus medidas cuenten con la cobertura de la reunión del Consejo Europeo de la próxima semana. Intentará de nuevo que Bruselas acepte un sistema de precios que desvincule el gas del precio de la electricidad. El gas está marcando la diferencia en la fijación de los precios, a pesar de que representa menos del 15% de la producción en España. La derecha no tiene mucho interés en implicarse en un debate que podría redundar en un descenso de los inmensos beneficios de las corporaciones eléctricas.

El PP, experto en sus etapas en el Gobierno en sostener que es un error pensar que los problemas económicos se corrigen con la intervención del Estado, dijo que Pedro Sánchez llega tarde, que ya debería haber reaccionado.

Lo que quiere el PP es reducir o casi eliminar los impuestos sobre la energía. Su portavoz, Cuca Gamarra, exigió que el IVA se reduzca del 21% al 4% en la gasolina y el gasoil, y “recortar de forma temporal el impuesto especial de hidrocarburos”. La reducción de la fiscalidad es una opción racional que ya se ha adoptado en algunos países europeos. Pero el PP la quiere llevar tan lejos que España se uniría a lugares como Irán y Venezuela donde se subvenciona el uso masivo de los combustibles. Ya se sabe que si las subvenciones las reciben los pobres, se le llama “paguita”. Si son los dueños de los 4x4, es un ejemplo de justa redistribución de los recursos.

Se produciría también una llamativa paradoja. Productos como los tampones y las compresas seguirían estando gravados con un IVA del 10%, mientras la gasolina bajaría hasta el punto más bajo de lo permitido, donde ya se encuentran los alimentos de primera necesidad, como el pan, la leche, los huevos y las verduras. Lógicamente, subvencionar de esta manera los combustibles fósiles es incompatible con cualquier estrategia de lucha contra el cambio climático.

Un tratamiento homeopático señalado fue la mención de Gamarra a un informe del servicio de estudios de la CEOE, según el cual España vive sobre una ingente bolsa de dinero. No es petróleo ni gas. De hecho, es mucho más difícil de extraer. El organismo afirma que “eliminar el gasto público ineficiente” permitiría ahorrar hasta 60.000 millones de euros. Dice 60.000, como podría haber dicho 200.000. El presidente del departamento es vicepresidente de la patronal y directivo de un banco de inversiones, y fue secretario de Estado en el Gobierno de Rajoy.

La portavoz del PP dijo que se debe “eliminar el gasto electoralista, populista e improductivo que rodea a este Gobierno”. Suena bastante populista la afirmación de que cancelar algunos ministerios y unas cuantas regulaciones hará que llueva un maná de miles de millones sobre los contribuyentes.

El Partido Popular tiene una solución para todos los problemas económicos: reducir la presión fiscal y acusar al Gobierno de atracar a los contribuyentes. “El Gobierno se está forrando con el incremento de la luz y de la gasolina”, dijo Núñez Feijóo esta semana en la gira en la que permite a los traumatizados militantes del partido que vean de cerca la cara de su salvador. En realidad, son las autonomías, como la Xunta que él preside, las que se llevan más de la mitad de los ingresos del impuesto de hidrocarburos y la mitad del IVA. Feijóo es un maestro a la hora de gritar que venga la policía porque se ha producido un atraco mientras se guarda la cartera de la víctima en su chaqueta.

Lo más probable es que, cuando se apliquen algunas medidas para reducir la imposición fiscal en los combustibles, las CCAA que gobierna el PP terminarán pidiendo un aumento de los fondos que reciben del Estado central. Será el momento en que acusen al Gobierno de estrangular a las regiones.

Dicen que esta guerra cambiará por completo el mundo en que vivimos. En la política española, un poco menos.

Corrección: una versión anterior del artículo decía que el IVA aplicado a compresas y tampones es del 21% cuando en realidad es del 10%.