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2018 cierra como el año con menos indultos concedidos en España en lo que va de siglo

Torre de control de un centro penitenciario.

Gonzalo Cortizo

Hace apenas cinco años, la mejor manera para salir de prisión antes del tiempo estipulado por condena pasaba por tener un buen contacto en una cofradía de Semana Santa. Los indultos eran una costumbre que llegó a marcar cifras récord con los 520 presos excarcelados en 2006, o los 501 de 2012. En aquellos años, las celebraciones religiosas de Pascua suponían una oportunidad para la población reclusa. En aquellos años, al Gobierno le bastaba con una recomendación de un grupo religioso para impulsar una gracia penitenciaria. Todo eso ha terminado.

Según la legislación española, el indulto “es una medida de gracia, de carácter excepcional, consistente en la remisión total o parcial de las penas de los condenados por sentencia firme, que otorga el rey a propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros. En 2018, la aplicación de esa medida de gracia ha marcado un récord a la baja, con solo 17 concesiones. Desde su llegada al poder, Pedro Sánchez apenas ha impulsado la medida de gracia que está en manos del Gobierno, previo informe de los tribunales sentenciadores.

En la época de gracia asidua, los indultados respondían casi siempre a un perfil común: pequeños traficantes, condenados por delitos contra la salud pública. Pero en esas listas también entraron otro tipo de delincuentes, generando grandes polémicas para los diferentes gobiernos.

En 2013, sin embargo, la polémica se cebó en el caso de un conductor kamikaze, que tras recibir una sentencia de 13 años de cárcel había recibido la gracia de libertad impulsada por el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Galardón. La polémica fue de tal calibre que, tras un recurso de las partes personadas en el juicio, el Supremo decidió anular la gracia concedida por el Consejo de Ministros.

Ese mismo año, el Supremo habría de anular otro polémico indulto; el que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero había concedido a Alfredo Sáenz, uno de los principales directivos del Banco de Santander. El hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó a declarar en una entrevista a eldiario.es que el PSOE “se jodió” cuando Zapatero decidió aquella medida de gracia.

La palabra “indulto” ha vuelto a la escena política como posible solución a la situación de los presos acusados por su papel en el procés. El pasado verano, la polémica se centró en unas declaraciones de la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, favorable a la medida como solución al conflicto. Cunillera tuvo que matizar sus palabras, lo que no sirvió para evitar que la oposición se cebase con el Gobierno, acusándolo de ofrecer la libertad a los 'golpistas' antes de llegar a juicio.

A las puertas del inicio de ese juicio, la posibilidad de un indulto parece haberse despejado de la libreta de opciones del Gobierno. El ejecutivo de Sánchez se muestra convencido de que no hará uso de la medida de gracia. Por el momento ha batido el récord a la baja de concesiones de gracia en lo que llevamos de siglo.

Fuentes del ministerio de Justicia aseguran que “solo se conceden los indultos que los propios jueces recomiendan en sus condenas”. El pasado 7 de diciembre fue el último día que el Consejo de Ministros estudió la concesión de una medida de este tipo. En esa reunión el Gobierno se decidió a conceder la libertad a Gloria, una mujer que había sido condenada por el asesinato de su exnovio, a quien la unía una relación de maltrato y “temor insuperable”. Fue la última vez que el Gobierno pulsó el botón verde para abrir la puerta de una prisión antes de tiempo.



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