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Interior implica a la Policía en la lucha de Trabajo contra las "empresas buzón" y otros nuevos fraudes

La titular de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hablan en el Senado

La colaboración que vienen practicando la Inspección de Trabajo y las Fuerzas de Seguridad del Estado para atajar los fraudes a la Seguridad Social se va a reforzar con un nuevo acuerdo de los ministerios de Trabajo e Interior que incorpora a los policías a la investigación de nuevas modalidades de fraude cometidos por empresarios. Las “empresas buzón”, que figuran en un país pero tienen actividad en otro, y las estructuras opacas para eludir pagos a la Seguridad Social pasan a ser materia compartida en los equipos conjuntos que forman policías e inspectores de Trabajo, según el borrador del convenio al que ha tenido acceso elDiario.es.

Un acuerdo previo de 2013 establecía los “equipos conjuntos” para atajar distintos tipos de fraude a la Seguridad Social. Entonces se estableció que las policías participasen en las inspecciones de trabajo para detectar empresas ficticias que simulaban tener actividad para recibir prestaciones u otras que tenían una actividad real pero fingían contratos para obtener beneficios o conseguir autorizaciones de residencia a ciudadanos extranjeros.

Policía y Guardia Civil también vienen colaborando en la detección del tráfico de personas en el ámbito laboral y la explotación de ciudadanos extranjeros, según aquel convenio, pero ahora se impone “ampliar” la colaboración en el plan operativo y “avanzar en el intercambio de información”, incluyendo la transmisión telemática, según recoge en el borrador. En la ampliación del acuerdo ha pesado la Ley de la Inspección de Trabajo del pasado 2015 y la necesidad de incorporar las novedades que recoge. 

El convenio que ultiman ambos Ministerios detalla que los agentes y los miembros de la Inspección de Trabajo se fijarán conjuntamente en actividades como la constitución de las citadas “empresas buzón”. El propio texto las describe: “Empresas sin actividad económica real en el país en el que tienen su sede, pero con actividad en otros Estados miembros de la UE, de manera que su funcionamiento es meramente formal en el país en el que tienen su se, utilizando la figura de los falsos desplazamientos para eludir las normas nacionales en materia de seguridad social y condiciones laborales. Todo ello con el único objetivo de abaratar costes”.

La nueva modalidad de fraude que incorpora el proyecto es la “creación de estructuras opacas de sociedades”. Su fin, precisa, es “eludir el pago de cuotas a la Seguridad Social y ocultar al verdadero responsable del pago mediante mecanismos de sucesión de empresas, subcontratación o procedimientos concursales fraudulentos”. 

Trabajo detecta la necesidad de que sus inspectores vayan acompañados de policías o guardias civiles en sus inspecciones nocturnas, en festivos o fines de semana. “Durante estas actuaciones se ha comprobado el empleo de instrumentos de defraudación cada vez más complejos”, dice el borrador sobre los “equipos operativos conjuntos”.

Además, añade el texto, que en esas inspecciones no solo se detectan infracciones sino también indicios de delito que necesitan de la actuación de los agentes en funciones de policía judicial, tales como defraudaciones en los ingresos o prestaciones de la Seguridad Social o los delitos contra los derechos de los trabajadores. 

Otra de las novedades del acuerdo es el establecimiento de una comisión de Seguimiento y Evaluación, con tres miembros de Trabajo y otros tantos de Interior, que tendrá su réplica a nivel provincial. El acuerdo prevé que tanto policías como inspectores de trabajo reciban formación continua sobre la materia que comparten. 

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Publicado el
13 de junio de 2021 - 23:14 h

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