El Gobierno de coalición da por superadas sus primeras tensiones por la ley de libertades sexuales y la inmigración

Pedro Sánchez, Carmen Calvo y Pablo Iglesias durante la sesión de control al Gobierno.

Pedro Sánchez se ha enfrentado a las primeras tensiones en el seno del Gobierno de coalición. Las divergencias en dos temas sensibles para la izquierda -la igualdad y la inmigración- han provocado los primeros conflictos dentro del gabinete. El Ejecutivo da por zanjadas las polémicas que han surgido especialmente en las últimas 48 horas, aunque se han arrastrado un par de semanas.

La reforma penal en la ley de libertad sexual abre un conflicto en el Gobierno de coalición

La reforma penal en la ley de libertad sexual abre un conflicto en el Gobierno de coalición

La unidad y la buena sintonía entre PSOE y Unidas Podemos ha sido la tónica en el poco más de un mes que ha pasado desde que se constituyó el Gobierno en el que ha habido cesiones por las dos partes -por ejemplo, Moncloa salió en defensa de Pablo Iglesias por las declaraciones que incendiaron al Poder Judicial y el vicepresidente segundo aceptó nombramientos como el de Dolores Delgado o José Félix Tezanos, a quienes había cuestionado en la oposición-. Sin embargo, en la fijación de las prioridades del Ejecutivo en algunas materias han surgido los primeros roces que ambas partes reconocen que se producirán en más ocasiones.

Desde el inicio, el Ministerio de Igualdad que pilota Irene Montero dejó claro que su prioridad era la aprobación de una ley integral de libertades sexuales en las que incluir, entre otras medidas, la tipificación del consentimiento en las relaciones -el denominado “solo sí es sí”-. Para ello se requiere una modificación del Código Penal que la parte de Unidas Podemos en el Gobierno quería acometer en el marco de ese proyecto antes del 8 de marzo. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias acordaron que esa nueva ley saliera del Consejo de Ministros anterior al Día de la Mujer y así se convino en la reunión informal del gabinete en Quintos de Mora hace quince días.

Cesión en la posición inicial del PSOE

Sin embargo, la vicepresidencia primera de Carmen Calvo era partidaria de incluir los cambios relativos al consentimiento y los delitos sexuales en una reforma integral del Código Penal en el que el Ejecutivo quiere, entre otras cosas, suavizar las penas por sedición -una cuestión que ya ha comenzado a abordarse con ERC-. Ahí surgió el primer choque y en Igualdad cundió la preocupación por una posible demora en el proyecto dado que no recibía una respuesta del Ministerio de Justicia que lo tiene “desde hace semanas”.

El malestar del sector de Unidas Podemos en el Gobierno estalló poco antes de que se reuniera por primera vez la mesa permanente de seguimiento del pacto de la coalición -en la que están integrados miembros de presidencia y las vicepresidencias de Calvo e Iglesias-. Fue en ese encuentro en el que se resolvió el problema que en Moncloa y en la parte del Gobierno representada por Unidas Podemos ya dan por zanjado a falta de que se cierren las cuestiones meramente técnicas entre los departamentos implicados. El primer encuentro para ello se ha producido este mismo jueves.

“La ley de Libertad Sexual tiene un consenso total en el gobierno de coalición. Es un proyecto legislativo ilusionante, que estará listo en los plazos previsto y enviará un mensaje claro de compromiso del gobierno con la igualdad de cara al 8 de marzo”, expresó la Secretaría de Estado de Comunicación en una nota consensuada por su responsable, Miguel Ángel Oliver, y el director de Estrategia y Comunicación de la Vicepresidencia Segunda, Juanma del Olmo.

“Las dos fuerzas políticas coincidimos en que tenemos que hay que hacer una modificación del Código Penal para garantizar una mayor seguridad en las agresiones que sufren un porcentaje no menor de las mujeres en España -ha declarado Sánchez un par de horas después desde Bruselas-. Esperamos llegar a tiempo, llegaremos a tiempo; pero más allá de la fecha, que llegaremos a ella, es que vamos a situar la legislación española en la vanguardia de la defensa de las mujeres”.

En Unidas Podemos entienden que el PSOE ha cedido en este asunto y esperan que Justicia pise el acelerador para perfilar las cuestiones técnicas del proyecto que le afectan. Aunque aún miran con cautela la resolución final del problema, dan por bueno el compromiso de los socialistas de que el anteproyecto verá la luz en el Consejo de Ministros el próximo día 3 de marzo con la inclusión de la modificación del Código Penal del “solo sí es sí”.

Fuentes cercanas a la ministra Irene Montero aluden a que la situación “se ha desbloqueado” y concluyen que la ley “será integral, como estaba previsto desde la propuesta inicial”. El acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos de cara al Gobierno de coalición incluye la reforma de los delitos sexuales que ha desatado las discrepancias bajo el epígrafe “blindar el solo sí es sí”. En él, se explicita que la modificación para que el eje de los delitos sea el consentimiento se hará “en el marco de esta ley”, es decir, en la Ley de protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales. A día de hoy, así figura en el borrador elaborado por Igualdad, al que ha tenido acceso eldiario.es.

Aviso de Podemos por la política migratoria

A pesar de que el conflicto llevaba gestándose varias semanas, ha estallado apenas doce horas después de que la coalición lograra aplacar la otra tensión que ha tenido en los últimos días: la posición del Gobierno sobre la política migratoria. La conflictividad surgió a partir de la sentencia del 13 de febrero del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que avalaba las devoluciones en caliente. Tanto PSOE como Unidas Podemos tenían el firme compromiso de acabar con esa práctica, aunque el Gobierno de Sánchez la mantuvo durante su mandato.

El fallo de Estrasburgo fue analizado 24 horas después al máximo nivel en una reunión en la que, entre otros, participaron Sánchez e Iglesias. El primer argumentario del Ejecutivo, difundido entre diferentes sectores del Gobierno desde la mañana del pasado viernes 14 de febrero, interpretaba la resolución europea como un respaldo al “gran trabajo de la Guardia Civil en la frontera”. Esta respuesta oficial, cercana al enfoque duro sobre inmigración de Interior, comenzó a despertar las suspicacias entre distintos miembros del gobierno del lado de Unidas Podemos, según fuentes de la formación morada.

La respuesta del Gobierno tras el encuentro enmarcado en la Comisión Delegada para Asuntos Migratorios se moduló ligeramente en lo que fue una reacción compartida dentro de la coalición. Desde el Ejecutivo se lanzó el pasado lunes una posición oficial más suavizada, más abstracta, sin felicitaciones hacia la labor de los agentes fronterizos y enfocada a la apertura de canales legales para pedir protección internacional. No obstante, dentro del grupo confederal no convencía esa lectura. El diputado Rafael Mayoral calificaba el mismo lunes la decisión de Estrasburgo de “impresentable”. La política migratoria es uno de los temas sensibles para ambas formaciones.

Con esa brecha sin cerrar llegó el siguiente choque el pasado miércoles con la publicación en El País de un borrador de la normativa de asilo. Interior aseguró que no se trataba de un texto oficial y se desvinculó de él: apostaba por aplicar medidas más restrictivas. El departamento de Fernando Grande-Marlaska salió al paso asegurando que se esperaría a legislar sobre ese asunto a que exista una directriz en el marco de la UE. Pero el grupo parlamentario de Unidas Podemos dejó claro su rechazo y lanzó una advertencia a Interior al instar a Marlaska a aclarar el asunto al considerar que las propuestas reflejadas en ese borrador contravenían el acuerdo sellado por Sánchez e Iglesias.

La advertencia de Unidas Podemos llegaba también en el contexto de dos intervenciones de Grande-Marlaska que no gustaron en el grupo confederal: en el marco de su proyecto para retirar las cuchillas de las fronteras, el ministro del Interior anunció en el Congreso el aumento de la altura de las vallas "en un 30%", además de afirmar sobre el fallo de las devoluciones en caliente: "La violencia de los migrantes es un límite a sus derechos fundamentales".

La tensión llegó de nuevo a los despachos de la Moncloa y finalmente el Gobierno emitió un comunicado a última hora del miércoles consensuado con la parte de Unidas Podemos del gabinete en el que repetía los términos de la semana anterior. “El Gobierno considera que la política migratoria es una cuestión de Estado, basada en el respeto y acatamiento de las decisiones judiciales y en los derechos humanos”, rezaba la nota difundida por la Secretaría de Estado de Comunicación en la que establecía como ejes de esa política la cooperación, la lucha contra la criminalidad y la trata, la apertura de vías legales y seguras en los países de destino así como el establecimiento de cauces para la “correcta identificación entre peticiones de asilo y migraciones económicas”.

¿De quién es la ley de protección de la infancia?

Aunque no son los términos exactos en los que se pronuncia el documento del acuerdo sellado por PSOE y Unidas Podemos -que habla de “una política europea de inmigración justa y solidaria a través de la articulación de vías legales y seguras, que respete los derechos humanos y garantice las libertades y principios de la UE para todas las personas” así como del compromiso “con la atención de aquellos migrantes que llegan a nuestro país en situaciones de alta vulnerabilidad”- los de Iglesias asumieron la posición difundida por Moncloa como suya.

Otro de los asuntos que varios departamentos del Gobierno hacen suyos es la ley contra la violencia en la infancia y la adolescencia. Iglesias aseguró que esa sería la primera normativa que saldría de su vicepresidencia y le puso el nombre de “ley Rodhes” en referencia al famoso músico que ha peleado por una normativa contra los abusos de menores. Sin embargo, en su comparecencia en el Congreso, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, aseguró que es su departamento junto con el de Sanidad el que está trabajando en esa ley que ya dejó lista la exministra María Luisa Carcedo.

Preguntada por esa dualidad, la portavoz, María Jesús Montero, reconoció que el asunto era similar al del “solo sí es sí”, pero dejó claro que será el vicepresidente Iglesias el que lleve al Consejo de Ministros de forma “inminente” esa “ley global de protección de la infancia y la juventud”. “En el Gobierno podrán imaginar que trabajamos de forma absolutamente coordinada”, explicó Montero, que aseguró que es “rara una ley” que no tenga contribuciones de distintos departamentos gubernamentales y que en el caso de la ley estrella de Iglesias Justicia será quien haga aportaciones. “Somos muy operativos”, sentenció.

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