PP, Vox y Ciudadanos exigen a Sánchez que cese a Marlaska por la destitución “arbitraria” de Pérez de los Cobos

Las tres derechas, Partido Popular, Vox y Ciudadanos, han exigido este lunes formalmente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que destituya al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por el cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos anunciado este mismo lunes. “Ante la falta deliberada de explicaciones del ministro del Interior tras la celebración del Consejo de Ministros, el Partido Popular exige al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la destitución inmediata de Fernando Grande-Marlaska”, apunta el partido de Pablo Casado en un comunicado.

Para la dirección de los populares, “el arbitrario cese” de Pérez de los Cobos, “por mantener la independencia y la integridad de la Guardia Civil en una investigación judicial que afecta directamente al Gobierno de la Nación, supone el ataque más grave a la independencia del poder judicial ocurrido en España en los últimos años”.

Además, el PP señala que “este cese ha abierto una crisis sin precedentes en el seno de la institución armada que ha provocado la dimisión del Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil, el general Laurentino Ceña, que descabeza a esta institución en un momento crítico para España”.

Para la formación conservadora “es un insulto que Sánchez quiera tapar la destitución arbitraria del responsable de la investigación judicial sobre su negligencia el 8 de marzo, con la equiparación salarial que aprobó el PP hace dos años y que, hasta hoy, se ha negado a pagar”.

Finalmente, el PP reafirma su “apoyo y consideración a la labor que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en concreto la Guardia Civil, realizan en beneficio de todos los españoles”.

Por parte de Ciudadanos, su portavoz en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha pedido también la dimisión de Marlaska por el “inmenso daño” que, a su juicio, está causando a las instituciones. Así lo ha dicho en un mensaje en su cuenta de Twitter poco después de que el director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, general Laurentino Ceña, presentara su dimisión y de que previamente el el ministro del Interior destituyera a Pérez de los Cobos.

“Todo mi reconocimiento al teniente general Laurentino Ceña. Muchas gracias por su dignidad y su servicio a los españoles. Al ministro Marlaska debería darle vergüenza el inmenso daño que está causando a nuestras instituciones. Quien debe dimitir es él”, ha escrito Bal.

La secretaria general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha elogiado por su parte la decisión adoptada por Ceña, de la que dice sentirse “orgullosa” por “hacer frente a este miserable ministro”. “Es el momento de cerrar filas, que caiga él, no vuestro honor”, ha concluido a través de un mensaje en Twitter.

Gerardo Pisarello denuncia una operación de lawfare

lawfareEl secretario primero de la Mesa del Congreso y portavoz de Unidas Podemos-En Comú Podem, Gerardo Pisarello, ha denunciado que la causa judicial que ha desencadenado esta crisis es una “operación obscena de persecución contra un Gobierno democráticamente elegido”. Y que, para ello, “la derecha” está usando su “brazo judicial y policial”.

“No hablamos del derecho legítimo de crítica o a hacer oposición. Hablamos de la utilización de la mentira, la tergiversación de informes y el uso de bulos para la persecución rivales”, ha dicho en una rueda de prensa en el Congreso. Algo que, según ha señalado Pisarello, no es nuevo en España porque, ha dicho, ya se usó “en Catalunya alrededor del 1 de octubre”. El diputado también ha asegurado que este tipo de operaciones son habituales en Latinoamérica y que son conocidas como lawfare o guerra judicial.

Para Pisarello, la “operación” se debe a la “negativa a aceptar un Gobierno de coalición progresista, por primera vez desde la II República, que ha puesto en marcha políticas sociales que no querrían aplicar. No perdonan que se prohíban los desahucios; los despidos de gente trabajadora; que este viernes se vaya a aprobar un Ingreso Mínimo Vital fundamental para garantizar la dignidad de todos; o que no hayan dejado de denunciar la violencia machista que niegan. Presionan para que todo el escudo social puesto en marcha no sean sufragadas a través de políticas de justicia fiscal para que sean los que más tienen los que más paguen”. Y ha zanjado: “No nos van a amedrentar”.