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El PP pide que el Gobierno compense a los ayuntamientos tras anular el Constitucional un impuesto de Aznar

El vicesecretario de Territorial del PP, Antonio González Terol, en una imagen de archivo.

El Tribunal Constitucional ha adelantado este martes una sentencia en la que considera contrarios a la ley fundamental ciertos artículos de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, un texto refundido que aprobó por real decreto legislativo en 2004 el Gobierno de José María Aznar. El Constitucional ha anulado ciertos artículos que asumen que el suelo urbano siempre se revaloriza, por lo que los contribuyentes siempre deben liquidar el llamado impuesto de plusvalía, pese a que el precio del venta del terreno afectado sea menor que el de compra. Un golpe a los ingresos de los ayuntamientos que el PP ya ha pedido al Gobierno de coalición que compense a cuenta de los Presupuestos, para de paso acusarle de no arreglar en tres años un desaguisado pendiente desde hace 17.

El Constitucional da un nuevo golpe al impuesto de plusvalía y anula artículos que asumen que el suelo urbano siempre se revaloriza

El Constitucional da un nuevo golpe al impuesto de plusvalía y anula artículos que asumen que el suelo urbano siempre se revaloriza

El vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, primero ha reclamado desde su cuenta de Twitter ayuda al Ejecutivo. "Exigimos al Gobierno de España un fondo de compensación por la pérdida de ingresos de los ayuntamientos en 2022, ¿cómo pretenden que paguen el mantenimiento de los servicios públicos?", asegura el diputado. Pero el mensaje continúa, ya en modo ataque: "Han sido incapaces de aprobar una norma que dé seguridad jurídica sobre este asunto en 3 años".

Pero la realidad es que no solo el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido "incapaz". De hecho, la primera sentencia contra esta norma data de 2017, cuando Mariano Rajoy contaba ya su sexto año en el Palacio de la Moncloa. Ese año el Constitucional, declaró inconstitucional someter a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor. En 2019 tumbó otra parte de la ley para "aquellos supuestos en los que la cuota a pagar es superior al incremento patrimonial".

En 2017 los papeles se invirtieron. El por entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, rechazó cualquier tipo de "compensación" del Gobierno a los ayuntamientos, tal y como exigió la oposición, ya que, aseguró, la sentencia no invalidaba "la aplicación del impuesto", sino que era una "precisión y una corrección técnica del impuesto". De hecho, el ministro aseguró que era "lógico, coherente y normal" que el Constitucional fallara lo que falló.

"No estamos ante el impedimento de recaudar, exonerar un impuesto, sino ante el impedimento de que si no existen plusvalías, como es lógico y normal, los ayuntamientos ni ningún otro sujeto pasivo pudiera recabar este impuesto", dijo entonces Montoro en el Senado, en una situación muy similar a la actual.

Montoro debía de saber de lo que hablaba porque fue él quien, como ministro de Hacienda de José María Aznar, firmó el real decreto legislativo que refundió la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Casi tres lustros después, volvía a ocupar el mismo sillón, con Mariano Rajoy en la Moncloa.

El actual Ministerio de Hacienda ha asegurado en una nota de prensa que revisará el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana para garantizar su constitucionalidad y la financiación de los ayuntamientos, aunque para ello tienen primero que esperar a la publicación íntegra de la sentencia.

En aquel 2017 de la primera sentencia del Tribunal Constitucional, el impuesto de plusvalía en general supuso unos ingresos de 2.557 millones de euros, según los datos de la Intervención General del Estado. Desde entonces ha decrecido a alrededor de 2.000 millones. Ni durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero ni en los de Mariano Rajoy, con el propio Montoro como ministro, se puso remedio al texto.

En 2019 el Senado estaba tramitando una reforma de este tributo, pero la convocatoria electoral decidida por Pedro Sánchez hizo que decayera la proposición de ley. Desde 2020, cuando se volvió a constituir un Gobierno, nadie ha promovido nuevos cambios al respecto.

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