El PP mantiene que una mayoría absoluta vete las comisiones de investigación del Congreso
El temor a que el enrarecido clima político creado por la avalancha de casos de corrupción vuelva a paralizar la reforma del Reglamento del Congreso planea sobre la Cámara. “La disparidad de criterios es grande. Y sospecho que la voluntad que el PP dice tener para que la reforma salga esta vez adelante no es tal. Está basada en que el resto de los grupos asumamos sus planteamientos”. La opinión es de José Luis Centella, portavoz de la Izquierda Plural, pero es un sentir compartido por otros portavoces que trabajan desde hace más de año y medio en la ponencia de Reglamento del Congreso en el enésimo intento por agilizar su funcionamiento, hacerlo más transparente y acercarlo más a los ciudadanos.
Razón sobre la lentitud no les falta porque, desde la primera reunión celebrada en abril de 2013 hasta hoy, los grupos han avanzado muy poco, por no decir nada, en los once bloques en los que dividieron los trabajos. El primero, relativo al procedimiento legislativo, sigue encima de la mesa y sin acuerdo. De todas formas, en el caso de que alguno se cierre, lo aprobado no entraría en vigor hasta la próxima legislatura.
En este primer bloque, además de buscar la manera de simplificar los trámites y duplicidades de los debates de algunas leyes –como la de los Presupuestos–, en lo que no parece haber discrepancias, hay algunos temas sobre los que el PP sí disiente. Uno de ellos es la posibilidad de que el representante de un colectivo ciudadano que haya registrado en la Cámara una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) pueda defenderla en el Pleno.
El PP acepta que la recogida de estas firmas se realice por vía electrónica pero se opone a que la defensa de la ILP se haga desde la tribuna del Congreso. La limita a que sea en una comisión porque, alega, intervenir en el hemiciclo es un “privilegio” reservado únicamente a los diputados o al Defensor del Pueblo. A lo que no se oponen los conservadores es a abrir otras fórmulas de participación ciudadana a través de la web del Congreso, donde podrían aportar sus sugerencias sobre leyes en curso presentando “enmiendas” que serían estudiadas por los grupos.
No al rodillo del grupo mayoritario
No al rodillo del grupo mayoritarioOtros temas muy espinosos para el PP tampoco se han llegado a tratar aún. Como el de ver si se aumenta el control parlamentario al Gobierno y al propio presidente. Al PP no le gusta nada que los grupos de la oposición puedan forzar al jefe del Ejecutivo a someterse al menos una vez al mes a una interpelación, como son sometidos ahora todos los ministros, sin delegar en nadie.
En el partido del Gobierno consideran que es exponerlo demasiado. Pero tanto PSOE como la Izquierda Plural y UPyD quieren que se sienten las bases para que los presidentes acudan a la Cámara cuando así lo pidan todos los demás grupos. Es una situación que el PP está viviendo ahora y que se dio también el año pasado a propósito del caso Bárcenas. Toda la Cámara clama para que Rajoy acuda a dar la cara en un pleno monográfico sobre la corrupción, pero el PP se niega y veta todas las iniciativas gracias a su mayoría absoluta.
Ahora el jefe del Ejecutivo únicamente contesta a las preguntas en las sesiones de control al Gobierno de los miércoles. Sus comparecencias en la Cámara se limitan a los debates de investidura, a los debates sobre el Estado de la Nación –cuya celebración está sujeta a la voluntad del Gobierno y los grupos creen que hay que cambiarlo–, a rendir cuenta de las cumbres Europeas, o a acudir a un pleno a petición propia cuando lo considera conveniente.
Otro de los puntos en el que al menos la Izquierda Plural y varios grupos del Mixto son inflexibles es en que se tiene que modificar también la fórmula para impulsar comisiones de investigación. Se trata de evitar que puedan ser vetadas por la mayoría absoluta, como ocurre ahora. Centella pide que “sean de obligatoria constitución cuando en un periodo de sesiones o en una legislatura la planteen un número determinado de grupos parlamentarios o de diputados”.
“Son las mayorías las que deciden”
Pero los conservadores no dan su brazo a torcer en ninguno de los dos cambios. “En todo eso vamos a seguir como estamos ahora y como estábamos cuando gobernaba el PSOE. Un grupo o varios pueden pedir lo que quieran, pero son las mayorías las que deciden porque así lo han querido los ciudadanos ”, afirma a eldiario.es Arenales Serrano, la portavoz del PP en la ponencia para reformar el texto.
El PSOE, por su parte, quiere reforzar las incompatibilidades de los diputados para que sus señorías tengan dedicación exclusiva, tal y como ha exigido Pedro Sánchez a los diputados de su grupo. La medida no gusta ni al PP ni a CiU porque dicen que va a “empobrecer” el nivel del Parlamento. Incluso ha recibido críticas internas de diputados socialistas que lo ven exagerado.
UPyD ha presentado su paquete de medidas, entre las que destacan un control de asistencia de los diputados, con sanciones para los que no cumplan con sus obligaciones; que las preguntas a los ministros en las sesiones de control puedan ser “espontáneas”, sin comunicarlas con antelación; la obligación de publicar las nóminas de todos los parlamentarios y no sólo con lo que reciben de la Cámara; o dar publicidad a las agendas de sus señorías y a los acuerdos de la Mesa del Congreso.
Regular los lobbies
Regular los lobbieslobbiesAunque no se ha aprobado nada de lo anterior, los grupos han considerado prioritario empezar a negociar un segundo bloque relativo a los lobbies o grupos de presión, figura que sólo en España, Grecia y Portugal está sin regular. En este punto todos están de acuerdo en que lo primero que hay que hacer es determinar qué se considera lobby y hasta qué punto deben poder influir en la modificaciones de ciertas leyes.
Lo segundo sería crear un registro para que estas empresas o personas físicas se inscriban en él. Y, en tercer lugar, aprobar un código de conducta y un régimen sancionador para estos lobbies. “Todo esto es muy importante y hay que hacerlo bien para que sea muy transparente y sepa la gente con quién nos reunimos los diputados”, afirma Arenales Serrano, sin poder concretar cómo van a encauzar el asunto.
La ponencia se ha quedado ahí hasta la próxima cita, que será el 24 de noviembre, lo que da ya una idea de que no se van a poder cerrar muchos acuerdos antes de que acabe esta legislatura. El portavoz del PSOE, Pablo Martín, lamentaba el pasado miércoles, a la salida de la última reunión, el “paso de tortuga” al que va la reforma. Martín lo achacaba en parte a que hay algunos “grupos minoritarios” que llegan a las reuniones sin “los deberes hechos”.
“La sensación que hay es que no les interesa demasiado sacar adelante la reforma”, opinan en el PSOE, en donde cuentan con la experiencia de lo que ocurrió durante la legislatura presidida por Manuel Marín. Entonces fue imposible aprobar los cambios por la exigencia de CiU y PNV de poder usar las lenguas cooficiales en el Parlamento, algo que también ahora se estudiará –y se rechazará– pero que ya no será motivo de veto para que otros aspectos del reglamento puedan aprobarse.
Mientras tanto, el PP ha decidido dar un golpe de efecto y poner a prueba al PSOE después de ver cómo los de Pedro Sánchez daban “un portazo” y rompían las negociaciones que mantenían con ellos para sellar un pacto contra la corrupción. Amparándose en la urgencia que hay para que los ciudadanos vean que están dispuestos a combatir esta lacra, han propuesto un cambio “puntual” pero inmediato del reglamento para que a aquellos diputados a los que se les abra juicio oral por corrupción se les suspendan sus derechos como parlamentarios y ocupe el escaño el siguiente de la lista.
El PP traerá a la Cámara la iniciativa antes de que acabe este mes de noviembre a través de una proposición de ley de Reforma del Reglamento, que irá en consonancia con lo que recoge el proyecto de Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. El PSOE, que consensuó hace meses dicha propuesta con el PP pensando en la próxima legislatura, no va a tener más remedio que sumarse a ella aunque insiste en que “es suya”.
La norma podría acabar afectando al expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y al exconsejero de Empleo de esa comunidad José Antonio Viera si al final el Tribunal Supremo decidiera imputarles y abrirles juicio oral por el caso de los ERES.
