Nadie se hace responsable del 'salvar las navidades' ahora que repunta la tercera ola

Los expertos alertaron a finales de octubre de que situar la Navidad como el horizonte en el que tener controlada la pandemia implicaría repetir el error de la desescalada exprés del verano de 2020. Un mes después, en noviembre, un informe del Centro Europeo de Control de Enfermedades ratificaba que relajar las medidas para las fiestas implicaría un repunte de los contagios en enero. Ese momento ya ha llegado. La incidencia del SARS-CoV-2 alcanza en España niveles máximos: este martes se registraron 25.438 casos y 408 fallecidos, con una incidencia acumulada de 454 casos por cada 100.000 habitantes.

Por territorios, la incidencia media en 14 días ha alcanzado en Extremadura el punto más alto con 1.076, seguido por Madrid y Baleares, con 621 y 600, respectivamente, y Castilla La Mancha con 595. Aunque la incidencia es el baremo principal para medir el estado epidemiológico, hay otros como la ocupación hospitalaria, la de las camas UCI o la positividad de las pruebas que también están en alza. Respecto a esta última, que según los criterios de Salud Pública no debería superar el 5%, la Comunitat Valenciana registra un 29%, Castilla La-Mancha un 27%, Murcia un 22% y Madrid un 19%.

“Eran las medias adecuadas con la información que teníamos”, aseguraba ese martes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, preguntado sobre el balance que hace el Gobierno de las normas establecidas para las fiestas. “Lo hemos pasado quizá demasiado bien estas Navidades”, apuntaba un día antes el principal responsable técnico del Ejecutivo, Fernando Simón.

Pero hace apenas dos meses el mensaje eran otro. Líderes autonómicos y dirigentes de diferentes partidos criticaron el estado de alarma que el Gobierno propuso para su aprobación por el Congreso y que debería extenderse hasta mayo. Los partidos de la oposición, salvo Ciudadanos, votaron en contra. El líder del PP, Pablo Casado, reclamó que solo durara ocho semanas y dejar así fuera precisamente las Navidades. Algunos de los aliados parlamentarios, como ERC o Compromís, estuvieron a punto de votar también no. Vox anunció un recurso ante el Tribunal Constitucional.

El decreto ofrecía a las comunidades autónomas la posibilidad de modular las medidas de restricción de movimientos y de reuniones para hacerlas más restrictivas. Aun así, recibió las críticas por ejemplo del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quien consideró “demoledor” el estado de alarma ya que, dijo, se cargaría “el consumo en Navidad”. “Hablar de un estado de alarma y un toque de queda es demoledor para la economía de España. Hemos puesto en cuestión la Navidad y la Semana Santa”, dijo el presidente gallego entonces.

Ese mismo discurso se extendió desde otros gobiernos autonómicos. Pocos días después de Feijóo, era el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, quien apelaba directamente a ese objetivo, cuando ya los expertos vaticinaban que no se iba a poder hacer: “Si hay que cerrar, que se cierre cuanto antes para salvar la Navidad”. El vicepresidente de Madrid, Ignacio Aguado, planteaba también en octubre, cuando la región había sido en las semanas anteriores una de las de mayor incidencia del coronavirus en toda Europa, “tener una mesa de Navidad como Dios manda”.

Aguado apelaba a dictar medidas duras en esas semanas para bajar la incidencia de cara al final del año. En el debate parlamentario de convalidación del decreto, la líder de su partido, Inés Arrimadas, anunció el voto favorable. El mismo mensaje de Aguado era también promocionado por el Gobierno central. “La Navidad tiene dos meses por delante, deberíamos aprovechar estas semanas”, aseguraban desde el Ejecutivo tras aprobar el estado de alarma.

El paso de las semanas y el aumento de la incidencia moduló sin embargo algunos discursos. Feijóo, quien tan duro se había mostrado con el plan del Gobierno, criticó en diciembre justo lo contrario: la supuesta laxitud de las medidas acordadas en el Consejo Interterritorial de Salud. Pese a votar a favor del plan, el presidente gallego lo calificó de “alto riesgo” y pidió medidas “mas rigurosas”, a la vez que excluía a los menores del conteo del número máximo de personas permitidas en cada hogar. Días después modificó su propia decisión.

Quien no se bajó nunca de su mensaje fue la presidenta de la Comunidad de Madrid. En pleno mes de diciembre, con los datos creciendo, Isabel Díaz Ayuso defendía públicamente unas tesis que ya casi nadie se atrevía a verbalizar: salvar la economía navideña. En una comparecencia en la Asamblea de Madrid, la dirigente del PP aseguró: “No nos planteamos arruinar los comercios, cerrar la hostelería ni afectar a la economía. No seremos nosotros los que vamos a impedir que los ciudadanos entren o salgan de la Comunidad de Madrid para visitar a sus familiares”.

Pasadas las fiestas, con los datos de contagios disparados y una muy desigual campaña de vacunación, los políticos vuelven a modificar su discurso. El consejero gallego de Sanidad, Julio García Comesaña, aseguraba a elDiario.es: “Asumimos nuestra responsabilidad de no haber sido más estrictos en la medidas de Navidad”. Su jefe, sin embargo, arremetía contre el Gobierno central y contra los propios ciudadanos. Contra el Ejecutivo de Sánchez por haber abierto mano hasta permitir diez personas en las mesas de las fiestas. El presidente gallego obvia que esa cifra era el máximo fijado por el Ministerio de Sanidad y que las comunidades tenían margen para rebajarlo, tal y como hicieron otros líderes autonómicos.

Feijóo ahora ha pedido el “autoconfinamiento” de los gallegos. Algo que ya reclamó en octubre el presidente de Castilla y León, su compañero de partido Alfonso Fernández Mañueco. Precisamente Mañueco ha ordenado el cierre perimetral de toda la comunidad mientras dure el estado de alarma.