El privilegio de declarar por escrito ante el juez gusta a todos los partidos
La presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre, no se arriesgará a cometer un error que la pudiera incriminar en el caso Gürtel. Citada como testigo, Aguirre tiene la obligación de decir la verdad ante el juez Pablo Ruz, como recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esa misma Ley, en su artículo 412.4, concede a las más altas autoridades del Estado el derecho a declarar por escrito cuando sean citados en un juzgado como testigos. Miembros de los Gobiernos del PSOE y PP han hecho uso de ese privilegio durante o después de su mandato.
El actual ministro de Economía, Luis de Guindos, contestó por escrito a las preguntas del juez y las partes del caso Bankia. De Guindos dejó, sin embargo, cuestiones sin resolver y las partes ejercieron el derecho a repreguntar, pero De Guindos volvió a contestar por escrito. Los testigos evitan así respuestas en caliente a los interrogatorios de jueces, fiscales y abogados.
Después de que el testigo se acoja a su derecho a declarar por escrito, el juez informa a las partes, que tienen un plazo –tres días en el caso de Aguirre– para formular sus preguntas. El magistrado evita duplicidades, retira las que considera improcedentes y remite al testigo su contenido. En ese mismo escrito, el juez informa del plazo para la respuesta; el testigo puede meditar lo que va a responder y consultarlo con sus abogados.
Recientemente, el presidente del Congreso, Jesús Posada; el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete; y la exministra de Sanidad Celia Villalobos se acogieron al 412.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Los tres fueron llamados a declarar como testigos en el juicio contra el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra. Como en el caso de Aguirre, los hechos por los que se les preguntó tuvieron lugar cuando ellos desempeñaban el cargo que blinda de acudir a un juzgado.
Una comisión de expertos ha elaborado un informe, a petición del Ministerio de Justicia, en el que recomienda la supresión del citado privilegio, así como del de declarar en su despacho para otros cargos públicos, entre ellos, los diputados. El informe es parte del proceso de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que pretende realizar Alberto Ruiz-Gallardón.
Caso Campeón y Yak-42
Otros exministros socialistas también hicieron uso de la prerrogativa. Leire Pajín y Elena Salgado, ambas miembros del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, evitaron acudir al Tribunal Supremo en el marco del caso Campeón, en el que José Blanco estuvo imputado. Anteriormente, el que fue ministro de Defensa, Federico Trillo, tomó la opción de su compañera Aguirre y evitó la imagen entrando a declarar en la Audiencia Nacional. Fue el juez Javier Gómez Bermúdez el que requirió el testimonio de Trillo en el caso del Yak-42, en el que fallecieron 62 militares españoles.
Felipe González era presidente del Gobierno cuando rechazó acudir a un juzgado de Bilbao en relación con las torturas sufridas por Tomás Linaza. González y sus ministros de Justicia e Interior, Fernando Ledesma y José Barrionuevo, respectivamente, declararon por escrito asumiendo la responsabilidad de que unos guardias civiles se negaran a participar en una rueda de reconocimiento.
Otros políticos han optado en unas ocasiones por acudir a los juzgados y en otras declarar por escrito. Es el caso del expresidente balear Jaume Matas. La última vez que estuvo en la Audiencia Nacional fue para declarar como testigo en el caso Bárcenas, pero en otras ocasiones se ha dirigido al juzgado por escrito. Así lo hizo en 2005 en el caso por espionaje electrónico a un diputado de la oposición.
El pasado agosto, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y sus antecesores Javier Arenas y Ángel Acebes, optaron por acudir a la Audiencia Nacional cuando Ruz les llamó por la supuesta financiación irregular de su partido. Obligados a decir la verdad, Arenas respondió en 37 ocasiones con la fórmula “no recuerdo”.
