Vox usa los mecanismos de control parlamentario para una caza de brujas ideológica a dos meses de las generales
Vox ha pasado de las palabras a los hechos. Tras meses de mítines y mensajes incendiarios contra el feminismo o la inmigración, el partido de Santiago Abascal está dispuesto a utilizar las instituciones donde tiene representación para llevar a cabo sus cruzadas ideológicas.
La formación política que logró dar la sorpresa en las andaluzas e irrumpió con 12 diputados en la Cámara autonómica ha decidido utilizar los mecanismos de control parlamentario para poner en marcha una caza de brujas entre los funcionarios de la Administración. Su primer objetivo son las unidades contra la violencia machista. El presidente del grupo parlamentario, el polémico exjuez Francisco Serrano, ha solicitado a la presidenta de la Cámara andaluza “una relación detallada con los nombres y apellidos” de los empleados públicos de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género del Instituto de Medicina Legal.
El anuncio es mucho más que una declaración de intenciones. Forma parte de la campaña de Santiago Abascal, que a dos meses de las elecciones generales, donde todas las encuestas pronostican una considerable subida, quiere enviar un mensaje a los suyos de hasta dónde está dispuesto a llegar en las instituciones. El partido de extrema derecha ya se había quejado de que la Junta que ahora preside el popular Juan Manuel Moreno Bonilla no enviase a la Policía los datos de los inmigrantes sin papeles que constan en la sanidad andaluza. Y ahora emplea los mecanismos parlamentarios para arremeter contra el personal que trabaja en la atención a víctimas de violencia machista.
El objetivo que persigue Vox es “depurar” esos órganos que sirven para la elaboración de informes sobre los malos tratos para los posibles juicios y también a la hora de conceder ayudas a las víctimas por parte de la Junta. La formación de Abascal pretende distinguir a los profesionales que están “formados y acreditados” para ese trabajo y los que actúan en función de “motivos ideológicos”, según la formación.
Vox pasa así de la retórica a las actuaciones concretas. La formación de extrema derecha tiene en las políticas de igualdad –que sus dirigentes consideran “supremacismo de género”– uno de sus principales caballos de batalla. El jefe de Vox en Andalucía ya había cuestionado a los empleados públicos que desarrollan labores relacionadas con la lucha contra la violencia de género, de quienes llegó a decir que ejercen “sin capacidad profesional y sin estar colegiados” afectando a “la custodia de menores”.
Serrano es un firme defensor de la derogación de la ley de lucha contra la violencia de género y ya como juez utilizó su posición contra lo que ha llegado a tachar de “yihadismo de género”. El Tribunal Supremo inhabilitó a Serrano por prevaricación por ampliar el régimen de visitas del padre de un menor para que pudiera ir a una procesión de Semana Santa, aunque luego fue readmitido en la carrera.
La formación de extrema derecha calienta de esta forma la precampaña de las elecciones generales del 28 de abril en las que ningún sondeo cuestiona ya que entrará en el Congreso con mucha fuerza y que puede ser incluso determinante en la configuración de un Gobierno tras los comicios. Además, ha ido a por uno de los asuntos más sensibles –la lucha contra la violencia machista– y a las puertas del Día de la Mujer Trabajadora el próximo 8 de marzo que también se prevé multitudinario este año.
Pero la maniobra de Vox es la expresión en las instituciones de lo que durante estos meses ha sido una de sus señas de identidad. “Saben que no nos callamos, que somos políticos que decimos lo que pensamos. Da igual si tenemos que enfrentarnos a las feministas supremacistas o a los golpistas catalanes o a los de la desmemoria histórica”, avisó recientemente el secretario general del Vox, Ortega Smith.
Ciudadanos, que tiene en sus manos la cartera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la que dependen los funcionarios que persigue Vox y que reniega del pacto que ha llevado a su líder en Andalucía, Juan Marín, a la vicepresidencia del Gobierno andaluz, ha asegurado que no dará esos datos que solicita la formación de Abascal a través del Parlamento.
“Me ha sonado a purga, a persecución”, ha lamentado la expresidenta, Susana Díaz. Los sindicatos han advertido de que no aceptarán “una caza de brujas”.
Los aliados de Vox en Andalucía y también sus rivales vivieron en primera persona la demostración de las prioridades parlamentarias con las que ha llegado a las instituciones en la primera sesión del Senado a la que acudió la formación de Abascal. Francisco José Alcaraz se estrenó en el Pleno como oyente: no votó ninguna de las iniciativas que se debatieron.
“Ha decidido no votar en las iniciativas presentadas en el Senado por responsabilidad. Recibió ayer toda la documentación y propuestas y ante la imposibilidad de preparar y proponer enmiendas ha optado por no participar”, fue la justificación que dio el partido.
“Vox está dando la batalla ideológica y lo que nos queda”
Lo que sí decidió hacer Alcaraz fue vetar una declaración institucional apoyada por todos los grupos en contra de la LGTBIfobia en el deporte. El texto impulsado por el PSOE y que contaba con el consenso del resto de grupos, incluido el PP, abogaba por “acabar con cualquier expresión de violencia ya sea física o verbal”, “reconocer y situar la diversidad sexoafectiva, la expresión e identidad de género y la orientación sexual como elementos enriquecedores”, entre otras cuestiones.
El senador de Vox se negó a apoyar ese texto y, por ello, no salió esa declaración simbólica contra la discriminación en el deporte, ya que requiere de la unanimidad parlamentaria. “Lo que se ha firmado en el Senado no es una mera declaración contra la discriminación, es un panfleto ideológico con el que el PSOE y los grupos que lo han suscrito intentan colar la ideología de género por la puerta de atrás”, argumentó la formación.
“Lo que pasó ayer en el Senado gracias a nuestro senador Francisco José Alcaraz. Por fin alguien que planta cara al discurso impuesto sobre LGTBI de la izquierda progre. Vox ya está dando la batalla ideológica en las instituciones y lo que nos queda por ver”, advirtió el portavoz del Comité Ejecutivo del partido, Ignacio Garriga.
Vox dejó clara su posición en el Parlamento y su intención de seguir haciéndolo, pero tampoco en el caso de los derechos LGTBI sorprende el posicionamiento que ha tenido en su arranque parlamentario. La formación de Abascal mantiene, por ejemplo, el rechazo al matrimonio homosexual. El presidente del partido ya advirtió de que intentaría cambiar “el nombre” a las uniones civiles entre personas del mismo sexo o de que su pretensión es acabar con la ley de violencia de género para sustituirla por una sobre violencia intrafamiliar.
Además del recorte de derechos sociales –que pasan por el rechazo total a las personas migrantes a las que amenazan con deportar–, las medidas más desconocidas de Vox apuntalan los privilegios de los ricos y las grandes empresas. El partido de extrema derecha presentó su programa electoral en un multitudinario alto en Vistalegre en pasado mes de octubre.
Antes de conseguir la representación institucional a través de las urnas, Vox había aprovechado la fórmula de la acusación popular en el caso del procés como altavoz contra el independentismo. La acusación popular que ha pilotado Ortega Smith pidió hasta 74 años de prisión para los líderes independentistas. Sin embargo, el arranque del juicio oral le ha dado menos visibilidad de la que esperaba: el juez Manuel Marchena rechazó que realizara el interrogatorio a los acusados ante el anticipo de que no iban a responder más que a su defensa y, en algunos casos, a la Fiscalía. Mariano Rajoy, que acudirá este martes a declarar como testigo, sí tendrá que enfrentarse a los que ahora son los rivales de Pablo Casado.
A las puertas de una campaña electoral, en la que todos los estudios demoscópicos pronostican su irrupción en el Congreso de los Diputados, en buena parte de las cámaras autonómicas y hasta convertirlo en llave del Gobierno de España, Vox manda el mensaje de que con ellos las instituciones estarán al servicio de sus causas, ya sea la persecución del feminismo o de la inmigración. Mientras partidos como Ciudadanos o el PP, que sufren una hemorragia de votantes, coquetean con su discurso, Abascal sube la apuesta: la extrema derecha sin complejos está en las instituciones y eso ha de notarse. La primera parada es el Parlamento andaluz.
