Vox Cantabria ve “gravísimo” y “dictamen político” que TC mantenga suspendida la ley que derogó la de Memoria Histórica

SANTANDER, 12 (EUROPA PRESS)

El Grupo Parlamentario Vox ve “gravísimo” que el Tribunal Constitucional (TC) mantenga la suspensión cautelar de la ley cántabra que derogó la de Memoria Histórica y ha que esta decisión se corresponde con “dictámenes políticos”.

Así lo ha manifestado este jueves en rueda de prensa su portavoz, Leticia Díaz, después de que este miércoles se conociera el mantenimiento de la suspensión con siete votos de la mayoría progresista y cinco en contra del bloque conservador de la norma aprobada -con los votos a favor de PP y Vox- por la Cámara autonómica.

Díaz, que ha denunciado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE) -que presentó el recurso contra la ley cántabra- ha “mancillado” el TC para convertirlo en “lamentablemente” en un órgano político, ha destacado que la suspensión se mantiene “sin argumentos” y ha acusado a su presidente, Cándido Conde-Pumpido, “el fiel lacayo de Sánchez”, de hacer “tambalear” los cimientos del Estado de Derecho.

Al respecto, ha tildado de “especialmente grave” la suspensión, ya que el TC está “impidiendo” que se aplique la ley aprobada en el seno de un legislativo, como es el Parlamento de Cantabria.

De este modo, la portavoz parlamentaria ha señalado que si “una vez analizada y estudiada” la norma se considera que vulnera un derecho fundamental, la ley “dejaría de estar en vigor”. Sin embargo, tal y como lo “reflexionan” en su voto particular los magistrados Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, “estamos hablando de vulnerar la capacidad de un legislativo para poner en marcha una norma aprobada por mayoría”, lo que “significa acabar con los pocos muros de contención que quedaban ya frente al totalitarismo”.

En este sentido, la diputada cántabra también ha destacado que la ley no entraba “en confusión” con la estatal.

“La democracia está en peligro”, ha sentenciado, para enlazarlo con que, una decisión de “este calado”, viene a coincidir con las protestas que se están llevando a cabo desde el Poder Judicial porque “el sanchismo quiere invadirlo todo, y lo está consiguiendo”, ha opinado.

Díaz ha hecho referencia a algunas frases concretas del voto particular porque “son especialmente ilustrativas”, como que el mantenimiento de esta suspensión “no está justificado atendiendo a la propia doctrina constitucional” que es la que “debe aplicarse cuando se resuelven estas cuestiones”.

“Esto es gravísimo, porque lo único que indica es que son dictados netamente políticos”, ha aseverado.

Asimismo, la diputada cántabra ha señalado del voto particular que el auto “pretende justificar” la suspensión en unos “supuestos” derechos memorialísticos que “no sabemos cuáles son”. “No sé mencionan, no se definen”, ha sentenciado para preguntarse si “solo” una parte de la sociedad tiene memoria. “Memoria tenemos todos”, ha remarcado.

Y ha defendido que la ley que se mantiene suspendida “busca cerrar heridas ya cicatrizadas y reconocer por igual” a todas las víctimas, frente a la cántabra, “la del PSOE”, que lo que hacía era “enfrentar a unos a otros”. “El bando de los buenos, al bando de los malos. Víctimas de primera categoría, víctimas de segunda”, ha apostillado.

Por todo ello, Díaz ha hecho hincapié en que el mantenimiento de la suspensión “es poco comprensible”, y ha advertido que “a partir de ahora va a ser Sánchez el que decida qué normas de las autonomías van a entrar en vigor y cuáles no”. “Esto es gravísimo”, ha insistido.

Además, ha destacado que Arnaldo y Espejel señalan que el mantenimiento de la suspensión “anticipa” el fallo definitivo del recurso, “vulnerando el proceso de deliberación” y que abre “una peligrosa deriva de imprevisibles consecuencias para el futuro”, según los magistrados.

Por último, Díaz ha afirmado que desde su formación van a hablar “alto y claro” y se pronunciarán “cada vez” que fallos “de este tipo sigan produciéndose”.

Además, ha asegurado que apoyarán todas las movilizaciones que desde el Poder Judicial se lleven a cabo para no acabar con “este último cimiento que le queda al Estado de Derecho”.