WOLA ve un abuso de autoridad en la decisión de expulsar al jefe de la CICIG

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, también conocida como WOLA, dijo hoy a Efe que el documento en el que el presidente Jimmy Morales declara “non grato” al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, es ilegítimo.

Adriana Beltrán, una experta de la entidad, explicó que la carta en la que se hace esta declaración y se ordena la expulsión del país del abogado colombiano -filtrada al rotativo local Prensa Libre- es un “abuso de autoridad” de Morales, pues la decisión fue firmada por su persona “unánimemente”.

Esto, continuó, contraviene el artículo 182 de la Constitución guatemalteca, donde se reitera que el presidente “siempre tiene que actuar con alguno de los ministros o el Consejo al completo”.

En este documento donde se declara la expulsión de Velásquez, suspendida provisionalmente por la Corte de Constitucionalidad, se aprecian dos fechas distintas, al principio de la misiva se dice que es 26 de agosto y al final de la misma 27.

Además, el mensaje en el que el presidente comunicó su decisión se difundió a las 06.00 hora local (12.00 GMT) del domingo 27 y en él instruía al ministro encargado del despacho de Relaciones Exteriores, en ese momento Carlos Raúl Morales, cumplir con lo ordenado, pero en la carta se dirige a la “ministra”.

Nada más conocerse la decisión del mandatario se anunció la destitución del cargo del canciller y del vicecanciller, quienes debían acatar la orden y que, según fuentes que pidieron reserva de su identidad confirmaron a Efe, se negaron a ello.

En su lugar, Morales nombró a Sandra Jovel, quien en el primer día como ministra, el lunes, acudió a una vista por un caso en su contra de adopción irregular en el que el juez decretó el sobreseimiento provisional de la causa, pero la Fiscalía ya apeló esta decisión.

La decisión de Morales de declarar “non grato” al titular de la CICIG ha provocado protestas en las calles, además la renuncia de la ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mack, y de varios de sus viceministros, así como del comisionado para la Competitividad, Enrique Godoy, y de la vicecanciller encargada de asuntos migratorios Ana María Diéguez.

Beltrán recordó que la expulsión del país del comisionado de la CICIG es un retroceso que pone en riesgo la asistencia económica de EE.UU. hacia Guatemala y agregó que el presidente protege “sus intereses personales y no los intereses y el bienestar de la población”.

Varios congresistas estadounidenses afirmaron que dicha decisión les haría pensar que el Gobierno de Guatemala no está comprometido en la lucha contra la corrupción, lo cual es una de las condiciones para la asistencia económica de Estados Unidos hacia el país centroamericano.

La coordinadora principal del Programa de Seguridad Ciudadana de WOLA, una organización líder en temas de derechos humanos, alabó asimismo el trabajo “impecable” realizado por Velásquez y añadió que la insistencia de Morales de expulsarlo es “una agresión flagrante contra el Estado de derecho en Guatemala y un grave retroceso en el fortalecimiento de las instituciones de justicia y seguridad”.

Morales declaró “non grato” a Velásquez luego de que este y el Ministerio Público pidieron levantar la inmunidad al gobernante para ser investigado por un delito de financiamiento ilegal para la campaña electoral de 2015 que lo llevó al poder.