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El Ayuntamiento de Santiago sienta a los Franco en el banquillo para recuperar las esculturas de la catedral expoliadas

Las estatuas de Abraham e Isaac, este mes de septiembre en el Pazo de Meirás

Laura Galaup

El Ayuntamiento de Santiago sienta este viernes en el banquillo a la familia Franco. El Juzgado de Primera Instancia número 41 de Madrid acogerá el proceso iniciado por el Consistorio para reclamar las estatuas de Abraham e Isaac del Pórtico de la Gloria de la Catedral gallega, adquiridas en 1948 por el equipo municipal, y de las que se apropió el matrimonio Franco hace más de seis décadas.

El pasado 20 de noviembre del 2017 el Ayuntamiento decidió denunciar a su hija Carmen Franco y Polo – que falleció un mes después – para recuperar estas dos piezas patrimoniales del Maestro Mateo alegando que no hay documentación que acredite esta adquisición y aportando los informes que avalan la venta al Consistorio. “Es el primer juicio que se celebra contra el expolio patrimonial de la Familia Franco por parte de la institución”, responde el alcalde Martiño Noriega (Compostela Aberta).

En la denuncia los representantes municipales destacan que estas esculturas “son bienes de dominio” y como tal “son inalienables, imprescriptibles e inembargables y están fuera del comercio”. El 21 de septiembre de 2017 el pleno del Consistorio aprobó que se impulsase este procedimiento. El Ayuntamiento insiste en la imprescriptibilidad de esta actuación, alegando que “se trata de bienes de dominio público que no son susceptibles de posesión privada idónea para usucapir por estar fuera del comercio”.

Entre la documentación incorporada en la denuncia, el Ayuntamiento aporta la copia de compraventa de estas figuras en 1948 entre el conde de Ximonde, Santiago Puga, y el Consistorio. Fueron vendidas “para el patrimonio artístico de esta ciudad” y Puga expuso la condición de que la venta estaba condicionada a “que las estatuas que son objeto de la misma permanezcan indefinidamente en el patrimonio” municipal. En caso de que dejen de formar parte del patrimonio municipal, – continúa el escrito judicial – tendrían que indemnizar a Puga o a sus descendientes con 400.000 pesetas.

Según explican en el escrito, el 4 de junio de 1948 estas piezas pasaron al patrimonio municipal “con la naturaleza de bienes de dominio público” y quedaron ubicadas en “una escalinata de acceso a las plantas superiores” de la casa consistorial. Por ellas abonaron 70.000 pesetas de la época.

El Ayuntamiento de Santiago concluye que el dictador y su mujer “primero y después la demandada [su hija], como heredera de los mismos, detentaron y detentan las citadas estatuas de forma ilegítima y sin ningún título para ello, hasta el punto de que la propia entrega de las mismas constituyó, sin lugar a dudas, un delito de malversación”.

De acuerdo al relato del Consistorio, el 25 de julio de 1954, con motivo de la celebración del Año Santo Jacobeo, el dictador y su pareja visitaron Santiago y Polo “centró su atención en las dos estatuas del Maestro Mateo, mostrando un interés muy insistente por ellas”. El alcalde decidió “complacer a la esposa del jefe del Estado” y envió las esculturas al Pazo de Meirás “sin adoptar ningún tipo de acuerdo ni guardar formalidad alguna”.

Durante este proceso judicial la familia Franco reivindicó que este patrimonio fue adquirido por un familiar en un anticuario, según informa Europa Press. El alcalde de Santiago asegura que “no es verdad” y reseña que el valor actual de estas piezas es “incalculable”. Además, considera que si finalmente la magistrada les da la razón, se generaría “un precedente” para el resto de piezas que fueron expoliadas por la familia Franco.

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